1. Corte de Apelaciones de Santiago : Recurso de protección. Rechazo solicitud de autorización para mantener mascota en edificio. Antecedentes médicos y prescripción de la mascota de compañía resultan suficiente para permitir excepcionalmente que ésta resida en su domicilio. Derecho de propiedad de los recurrentes sobre su mascota. Ley N° 20.380 le reconoce a los animales la calidad de seres vivientes y sensibles. Derecho de propiedad no puede verse afectado por la aplicación de una reglamentación de inferior jerarquía. Improcedencia de condicionar para que una persona resida en un lugar deba deshacerse de un animal de compañía. Ilegitima coacción al incumplimiento de obligaciones de la tenencia responsable. Dos residentes del edificio están autorizados para la tenencia de su mascota. Vulneración de la igualdad ante la ley. Vulneración del derecho a la integridad psíquica y del derecho de propiedad.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Negativa de comunidad a la tenencia de perro como animal de compañía. I. Reglamento de copropiedad no puede imponer prohibiciones o limitaciones que afecten atributos del derecho de propiedad de los bienes de dominio exclusivo. Ley N° 20.380 reconoce a los animales la calidad de «seres vivientes y sensibles. Improcedencia de exigir a una persona deshacerse de un animal de compañía. Vulneración del derecho de propiedad y de la igualdad ante la ley.
3. Corte de Apelaciones de Puerto Montt : Recurso de protección. Negativa de hotel canino a restituir mascota a su dueña por deuda pendiente. Autotutela. Cobro de deuda debe ser ventilado en la sede jurisdiccional correspondiente a través del ejercicio de las acciones pertinentes. Vulneración del derecho de propiedad. Legislación nacional tiende cada vez más a la protección de los animales. Protección de la salud y el bienestar animal de mascotas y animales de compañía mediante la tenencia responsable. Brindar albergue y buenos tratos al perro Rocco no constituye excusa para no ser retornado a su legítima propietaria.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago 

Recurso de protección. Rechazo solicitud de autorización para mantener mascota en edificio. Antecedentes médicos y prescripción de la mascota de compañía resultan suficiente para permitir excepcionalmente que ésta resida en su domicilio. Derecho de propiedad de los recurrentes sobre su mascota. Ley N° 20.380 le reconoce a los animales la calidad de seres vivientes y sensibles. Derecho de propiedad no puede verse afectado por la aplicación de una reglamentación de inferior jerarquía. Improcedencia de condicionar para que una persona resida en un lugar deba deshacerse de un animal de compañía. Ilegitima coacción al incumplimiento de obligaciones de la tenencia responsable. Dos residentes del edificio están autorizados para la tenencia de su mascota. Vulneración de la igualdad ante la ley. Vulneración del derecho a la integridad psíquica y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 25/03/2022

Cita online: CL/JUR/11261/2022

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Hechos:

Arrendatarios de inmueble interponen recurso de protección en contra de la Comunidad del Edificio, señalan como arbitraria e ilegal la negativa a autorizar la tenencia de mascota que fue prescrita por médicos. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que, por su parte, la recurrente acompañó en autos, como fundamento de sus asertos, certificado médico psiquiatra y psicológico de la actora, emitido por el psiquiatra, coincidiendo ambos facultativos en la prescripción como terapia complementaria para la patología que aqueja, correspondiente a episodios depresivos con sintomatología ansiosa, una mascota de compañía como apoyo emocional, la que ha implicado mejorar su salud y calidad de vida.

Es así como los antecedentes médicos dan cuenta de la situación de salud de la actora y de la prescripción de la mascota de compañía, los que constituyen un fundamento suficiente para permitir excepcionalmente que ésta resida en su domicilio, durante el tiempo que la indicación consecuente prescripción lo disponga, resguardando la misma que el animal no provoque los inconvenientes referidos en el reglamento señalado.

NOVENO: Que, si bien es un hecho no discutido que el reglamento que rige la vida en comunidad del inmueble en el que reside la actora es claro en cuanto impide la tenencia de mascotas, la circunscribe a que las mismas representen una perturbación para los demás residentes, pero dicha hipótesis no se ha acreditado de modo alguno en este proceso.

DÉCIMO: Que no obstante que se reconoce a los recurrentes que poseen un derecho de propiedad sobre su mascota a quien el artículo 567 del Código Civil, le otorga el carácter de cosa mueble semoviente , lo cierto es que la Ley N° 20.380 les reconoce la calidad de seres vivientes y sensibles, explicitándose en su artículo 3 que: «Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia«.

UNDÉCIMO: Que, por otro lado, la justificación de la recurrida se sustenta en lo dispuesto en el Reglamento de Copropiedad, sin expresar los hechos concretos que la fundamentan. En efecto, el derecho de propiedad no puede verse afectado por la aplicación de una reglamentación de inferior jerarquía, en términos tales que le impidan a su titular ejercer sus atribuciones de uso y goce, afectando, además, la integridad síquica de la actora, todo lo cual, impone acoger el recurso en su favor.

DUODECIMO: Que de esta forma, condicionar para que una persona resida en un lugar deba deshacerse de un animal de compañía, implica una ilegitima coacción al incumplimiento de determinadas obligaciones de la tenencia responsable, conforme prevén los artículos 10 inciso quinto de la Ley N° 21.020 y 3 de la Ley N° 20.380 e incluso, una velada imposición a incurrir en maltrato o crueldad animal, en el caso de que carente de otras alternativas, el dueño del animal se vea en necesidad de abandonarlo, figura sancionada en el artículo 291 bis del Código Penal y prevista, también en el artículo 12 de la Ley N° 21.020.

DECIMOTERCERO: Que a mayor abundamiento corresponde anotar que, la recurrida ha reconocido que ha autorizado a dos residentes del edificio la tenencia de su mascota, situación que evidencia que además, se ha vulnerado la garantía prevista en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, la que requiere que ante casos similares o idénticos la interpretación de la norma no sea hecha de manera uniforme, situación que según se ha expresado se desprende de los antecedentes agregados a la causa.

DECIMOCUARTO: Que, en tales condiciones, el recurso de protección será acogido en cuanto se estima que el acto recurrido se estima arbitrario y conculcatorio de la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, en la forma en que se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

De acuerdo a lo establecido precedentemente, queda de manifiesto que el acto recurrido resulta arbitrario, contrariando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dado que se ha procedido a dar un trato desigual y dispensado carente de toda justificación al actor respecto de otros residentes del edificio antes signado, los que se encontraron en una situación equivalente.

DECIMOSEXTO: Que, en consecuencia el acto recurrido, cuya arbitrariedad e ilegalidad ha sido previamente asentada, ha transgredido la integridad psíquica, quien adoptó su animal de compañía, a sugerencia de su psiquiatra y psicóloga tratante, como parte de su tratamiento, por lo que con dicho proceder se vulnera su derecho a la integridad psíquica, además del derecho de propiedad de ambos recurrentes al pretender constreñir el ejercicio de los atributos de uso y goce que les concede el contrato de arriendo en virtud del cual residen en el departamento que habitan; y ha infringido, también, el derecho de igualdad ante la ley, en atención a que respecto de dos residentes del mismo edificio se ha adoptado una decisión en contrario, motivos todos por los que el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Negativa de comunidad a la tenencia de perro como animal de compañía. Reglamento de copropiedad no puede imponer prohibiciones o limitaciones que afecten atributos del derecho de propiedad de los bienes de dominio exclusivo.  Ley N° 20.380 reconoce a los animales la calidad de «seres vivientes y sensibles¿. Improcedencia de exigir a una persona deshacerse de un animal de compañía. Vulneración del derecho de propiedad y de la igualdad ante la ley.

Fecha Sentencia: 09/08/2021

Cita Online: CL/JUR/67471/2021

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Hechos:

Particulares interponen recurso de protección en contra de comunidad de edificio, señalan como arbitraria e ilegal la solicitud de la recurrida a que se deshagan de su perro, dentro del plazo de dos días, so pena de imponerles multas. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que, como se sabe, la copropiedad dice relación, en lo pertinente, con un terreno o construcción en que coexisten bienes de dominio exclusivo de determinadas personas y bienes comunes cuya propiedad se encuentra dividida en cuotas entre todos los propietarios antes aludidos, quienes comparten su uso y goce.

La Ley 19.537, de Copropiedad Inmobiliaria, tiene por finalidad regular precisamente el uso de estos bienes comunes.

El uso de las unidades de propiedad exclusiva no son el objeto inmediato de esta normativa, salvo, excepcionalmente, en precisas disposiciones que se orientan básicamente a asegurar una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad.

En este sentido, los primeros dos incisos del artículo 32 del citado texto, cuyo tenor replica el artículo 7 del Decreto N° 46, Reglamento de la Ley 19.537, señalan al efecto: «Los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades del condominio, deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del condominio.

Las unidades se usarán en forma ordenada y tranquila y no podrán hacerse servir para otros objetos que los establecidos en el reglamento de copropiedad o, en el silencio de éste, a aquellos que el condominio esté destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales. Tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus unidades, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, ni almacenar en las unidades materias que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes».

Por su parte, el reglamento de copropiedad debe atender en su normativa a los objetivos que comprende el artículo 28 de la Ley 19.537 y, conforme a dicha disposición, puede establecer derechos y obligaciones reciprocas entre los copropietarios y la imposición de limitaciones únicamente referidas a todo lo relacionado con la comunidad existente sobre espacios comunes.

En consecuencia, el reglamento de copropiedad no puede imponer prohibiciones o limitaciones que afecten atributos del derecho de propiedad de los bienes de dominio exclusivo, salvo, como se ha dicho, en tanto alguna conducta restrinja o perturbe el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del condominio o sobrepase los límites dispuestos en el inciso segundo del artículo 32, antes transcrito hipótesis que en el caso en análisis no han sido esgrimidas de modo alguno por la recurrida , puesto que de hacerlo vulnera la esencia de dicho derecho constitucional, que no puede verse afectado por la aplicación de una reglamentación de inferior jerarquía.

NOVENO: Que en otro orden de ideas, aparece relevante también destacar que si bien los recurrentes poseen un derecho de propiedad sobre su perro «Toñito», a quien el artículo 567 del Código Civil, de 1855, otorga el carácter de cosa mueble semoviente, lo cierto es que la actual normativa relativa a mascotas y animales de compañía establece consideraciones relacionadas a sus necesidades y requerimientos de bienestar, específicamente, la Ley 20.380 les reconoce la calidad de «seres vivientes y sensibles», esto es, sintientes, declaración legal que los aparta del régimen ordinario conforme al cual ejerce los atributos del derecho de propiedad el titular del mismo, otorgándoles un estatus distinto al de las cosas, dado que el manejo y la administración del derecho de dominio respecto de ellos, está hoy sujeto a restricciones.

En este sentido, el artículo 3 del citado texto legal explicita que «Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia».

Luego, exigir a una persona deshacerse de un animal de compañía, soslayando que el mismo fue adoptado y ha convivido durante casi un año con seres humanos que le han otorgado todo lo necesario para su adecuada subsistencia y con quienes ha generado apegos recíprocos, conlleva una ilegitima coacción al incumplimiento de determinadas obligaciones de la tenencia responsable, conforme prevén los artículos 10 inciso quinto de la Ley 21.020 y 3 de la Ley 20.380, antes transcrito, e incluso, una velada imposición a incurrir en maltrato o crueldad animal, en el caso de que carente de otras alternativas, el dueño del animal se vea en necesidad de abandonarlo, figura sancionada en el artículo 291 bis del Código Penal y prevista, también en el artículo 12 de la Ley 21.020.

UNDÉCIMO: Que conforme a lo reflexionado, lo cierto es que el acto recurrido, cuya arbitrariedad e ilegalidad ha sido previamente asentada, ha transgredido la integridad psíquica, quien adoptó su animal de compañía a sugerencia de su psicóloga tratante,  durante el acompañamiento terapéutico que la profesional le brindó a raíz de un proceso de fecundación asistida iniciado en junio de 2020 , tras un intento de FIV fallido, precisamente con la finalidad de constituirse dicho ser en un soporte emocional, mismo que se ha visto violentado ante el amago de que tendría que deshacerse de él; ha amenazado el derecho de propiedad de ambos actores al pretender constreñir el ejercicio de los atributos de uso y goce que les concede el contrato de arriendo en virtud del cual residen en el departamento que habitan; y ha infringido, también, el derecho de igualdad ante la ley, al desconocer que la recurrente contaba con antecedentes médicos objetivos que daban cuenta de su situación de salud y de que la adquisición y tenencia de su mascota le fue prescrita a efectos de favorecer su contención emocional, de modo que no pudo su situación ser tratada como el de cualquier otro copropietario, precisamente por no ser semejante, motivos todos por los que el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido.


3. Corte de Apelaciones de Puerto Montt

Recurso de protección. Negativa de hotel canino a restituir mascota a su dueña por deuda pendiente. Autotutela. Cobro de deuda debe ser ventilado en la sede jurisdiccional correspondiente a través del ejercicio de las acciones pertinentes. Vulneración del derecho de propiedad.  Legislación nacional tiende cada vez más a la protección de los animales. Protección de la salud y el bienestar animal de mascotas y animales de compañía mediante la tenencia responsable. Brindar albergue y buenos tratos al perro Rocco no constituye excusa para no ser retornado a su legítima propietaria.

Fecha Sentencia: 20/08/2020

Cita Online: CL/JUR/147916/2020

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Hechos:

Particular interpone recurso de protección en contra de hotel canino, señala como arbitraria e ilegal la negativa a restituir su perro, llamado Rocco, por mantener una deuda pendiente con ellos. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida

Considerandos relevantes.

Quinto: Que, la conducta de la recurrida descrita en el motivo precedente, importa una acción de autotutela, dejando en una precaria situación a la recurrente quien se ha visto impedida de ejercer las facultades inherentes al dominio respecto de su perro Rocco, en atención al hecho que según lo expresado por la recurrida, justifica su conducta en la existencia de una deuda por concepto de servicios de hotel canino y otros, conflicto que debe ser ventilado en la sede jurisdiccional correspondiente a través del ejercicio de las acciones pertinentes.

Sexto: Que, de lo expuesto por la actora, que reconoce una deuda a favor de la recurrida, sin perjuicio de discutir su monto, y lo señalado por esta última, que estima que la controversia debe someterse a los tribunales ordinarios de justicia, no se desprende de modo alguno que la última haya iniciado acciones judiciales para obtener el pago de las facturas que pretende cobrar a la recurrente, o que haya obtenido alguna orden judicial que le permita retener el perro Rocco, sino que la negativa proviene únicamente de la recurrida en tanto exige, en forma previa a la entrega, el pago de la deuda que existiría por concepto de hotel y otros servicios prestados en el hotel canino que administra en esta ciudad.

Séptimo: Que, en estas condiciones, es manifiesto que la actuación descrita ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la recurrida al disponer una medida para garantizar un crédito que afirma asistirle, como se ha dicho, ha cautelado sus intereses por una acción de autotutela que, por su naturaleza y contenido, pertenece al ámbito jurisdiccional de los tribunales.

Octavo: Que, por otra parte, debe tenerse en especial consideración que más allá que nuestra legislación civil considere a los animales como objetos de derechos, cuya titularidad recae en el ser humano, por ejemplo del derecho de dominio, no es menos cierto que la legislación nacional tiende cada vez más a la protección de aquellos, del maltrato y abuso, en especial de los animales y mascotas de compañía, como es el caso del perro Rocco.

En este sentido, es relevante destacar que con la dictación de la ley 21.020, se busca entre otros objetivos, proteger la salud y el bienestar animal de mascotas y animales de compañía mediante la tenencia responsable, cuestión que precisamente buscaba cumplir la actora al dejar al cuidado de los recurridos a su mascota Rocco, cuando efectuaba trabajos en su domicilio, y habiendo registrado previamente ante la autoridad competente a Rocco, delegó sus cuidados a la recurrida, obligándose ésta a proporcionarle alimento, albergue y buen trato, y brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar.

Lo antes dicho, esto es, que la recurrida ha cumplido con brindar albergue y buenos tratos a Rocco, no puede ser excusa para no retornarlo a su legítima propietaria, cuando ésta lo ha solicitado, por una deuda pendiente, máxime si es su mascota y animal de compañía.