Con fecha 6 de abril de 2022, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.435, que reforma el Código de Aguas.

Antecedentes

Desde el año 1992, senadores y diputados de diversos sectores políticos y también el ejecutivo durante los gobiernos de Aylwin y Bachelet, presentaron iniciativas legales con el objeto de mejorar el Código de Aguas en lo relativo al dominio del agua, al acceso a este bien, a la protección ambiental y a las atribuciones del Estado para la gestión de las aguas.

Durante el año 2011 se presentó la última moción de reforma al mencionada código, que fue aprobada luego de once años de tramitación en el Congreso Nacional, modificando así el régimen jurídico de las aguas que data del año 1981.

Cabe señalar, que el recién pasado sábado 26 de marzo, el Presidente de la República Gabriel Boric, firmó la promulgación de la nueva ley.

Objetivo

Los propósitos fundamentales que consagró el proyecto de esta ley, son los siguientes:

-Dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.
-Establecer el derecho esencial al agua.
-Enfatizar y complementar el carácter de bien nacional de uso público del agua.
-Consagrar una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción del derecho de aprovechamiento de aguas.
-Fortalecer las atribuciones de la Dirección General de Aguas en materia de fiscalización, gestión y sustentabilidad de los recursos hídricos, incluyendo la facultad para establecer un caudal ecológico mínimo.

Contenido de la Ley

En términos generales, la nueva ley refuerza el carácter de bien público del agua, consagrando una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos.

En este sentido, el nuevo artículo 5° del Código estipula que “Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación.”.

Asimismo, protege y fortalece la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres, y establece que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares.

Principales aspectos

El texto legal en comento, reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, estableciendo que se trata de un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.

En este sentido, consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.

Se entenderá por uso doméstico de subsistencia, el aprovechamiento que una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de bebida, aseo personal, la bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia.

Derechos de aprovechamientos de aguas

La normativa modifica el concepto de derecho de aprovechamiento, debiendo entenderse como aquel derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe el Código de Aguas.

Estos se constituirán en función del interés público, para lo cual habrá que considerar el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos.

Asimismo, regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un período de 30 años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.

Por otra parte, se establece que los derechos caducarán si no se inscriben en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la DGA-MOP.

Asimismo, faculta a la Dirección General de Aguas para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, en forma proporcional, cuando exista riesgo que este uso pueda generar una grave afectación al acuífero (cuando con el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido o abrupto de los niveles freáticos del acuífero), o a la fuente superficial de donde se extrae; e incluso, si el riesgo persiste, podrá suspender temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan el riesgo o afectación.

En otro sentido, la nueva ley regula la extinción total o parcial de los derechos, mediante resolución de la Dirección General, si el titular de no hace uso efectivo del recurso o no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad con los plazos y suspensiones que se establecen; las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro título.

La norma también dispone, que en el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos (que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad), el plazo de extinción será de 5 años; y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos (que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho) será de 10 años; regulándose la forma de contabilización de estos plazos y de la suspensión de los mismos.

Planes Estratégicos de Recursos Hídricos

La nueva normativa dispone que Cada cuenca del país deberá contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, tendiente a propiciar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, el cual será público. Dicho plan será actualizado cada diez años o menos.

Otras materias

Por su parte, el texto legal fortalece la potestad sancionatoria de la DGA-MOP; incorpora disposiciones sobre aguas subterráneas y gestión sustentable; precisa normas sobre la recarga artificial de acuíferos, y mejoras en relación a los deberes de información de la autoridad y en la potestad para exigir información de los titulares de derechos de aprovechamiento.

Modificaciones

La norma en comento modifica los siguientes cuerpos legales:

– Código de Aguas
– Decreto Ley N° 2.603, Establece normas sobre derechos de aprovechamiento de aguas y facultades para el establecimiento del Régimen General de las Aguas