1. Corte de Apelaciones de La Serena : Recurso de protección. No renovación de contrata. Empleo a contrata es esencialmente transitorio y de duración limitada en el tiempo. Formas en que autoridad administrativa puede poner término a la contrata de un funcionario que goce del principio de confianza legítima. Solicitud de reconsideración de término de contrata emitido por jefatura de funcionaria, tiene la entidad suficiente para contradecir el fundamento de que los servicios de la reclamante no son necesarios.  Grave situación económica de la Municipalidad por sí solo no es suficiente para justificar la decisión de no renovar contrata. Vulneración de la igualdad ante la ley.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. No renovación de contrata de recurrente. Recurrente permaneció en el cargo a contrata, en forma continua e ininterrumpida por más de 24 años, generando a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado al cargo. Ausencia de justificación del acto administrativo que dio termino la relación contractual. Vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

3. Corte de Apelaciones de Valparaíso : Recurso de protección. No renovación de contrata complementaria. Hechos denunciados son similares a los conocidos en causa anterior. No renovación de contrata complementaria debe hacerse mediante acto administrativo. Modificaciones que afectan a la actora en cuanto debe volver a sus labores originales, no tienen ningún tipo de sustento o explicación. Principio de confianza legítima. Confianza de la actora en mantener el empleo en las mismas condiciones a cómo lo venía realizando desde hace muchos años. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.


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1. Corte de Apelaciones de La Serena

Recurso de protección. No renovación de contrata. Empleo a contrata es esencialmente transitorio y de duración limitada en el tiempo. Formas en que autoridad administrativa puede poner término a la contrata de un funcionario que goce del principio de confianza legítima.  Solicitud de reconsideración de término de contrata emitido por jefatura de funcionaria, tiene la entidad suficiente para contradecir el fundamento de que los servicios de la reclamante no son necesarios.  Grave situación económica de la Municipalidad por sí solo no es suficiente para justificar la decisión de no renovar contrata. Vulneración de la igualdad ante la ley.

Fecha Sentencia: 11/03/2022

Cita online: CL/JUR/8886/2022

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Hechos:

Ex funcionaria municipal interpone recurso de protección en contra de Municipalidad, señala como arbitraria e ilegal la resolución que dispone la no renovación de su contrata. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

SEXTO: Que, para la adecuada resolución del asunto propuesto, es del caso señalar que el empleo a contrata es esencialmente transitorio y de duración limitada en el tiempo.

En efecto, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, Ley 18.883, en su artículo 1° inciso segundo define el empleo a contrata como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una municipalidad y, el inciso tercero, agrega que «Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos».

De lo que se desprende que esta modalidad de contratación otorga a la autoridad la facultad de revisar el contrato todos los años, pudiendo terminarlo, cuando existan razones suficientes para ello.

OCTAVO: Que, del Instructivo ya citado se desprende que la autoridad administrativa tiene la facultad para poner término a la contrata de un funcionario que goce del principio de confianza legítima y para ello puede hacerlo ya sea a través de una decisión escrita particular en este caso, dicho acto administrativo debe cumplir, entre otros supuestos, con el deber legal de fundamentación señalando el Instructivo los parámetros para entenderlo cumplido como también vía una calificación deficiente en el proceso anual respectivo o por una sanción adoptada en un sumario administrativo legalmente tramitado.

Por lo que habiendo decidido la reclamada disponer la no renovación del vínculo con la reclamante vía la dictación de un acto administrativo corresponde revisar si este cumple con los criterios y requisitos legales y jurisprudenciales sobre la materia, en concreto, con la fundamentación del mismo que es un ítem cuestionado por la recurrente.

DECIMO SEXTO : Que, la parte recurrente acompañó copia de Solicitud de Reconsideración de Termino de Contrata de funcionaria presentada al alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, el 6 de diciembre de 2021, por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Propuestas Públicas que en su basamento 5 dice «Señalar que en el Decreto Exento n° 3040, donde dispone termino de designación a contrata de la Sra. Tapia Espinoza, en su punto n° 9 del considerando, indica que ya no es necesario seguir contando con sus funciones, ya que estas están siendo ejecutadas por otros funcionarios preferentemente de planta. En virtud de lo anteriormente indicado, debo señalar que esa información carece de veracidad, debido a que hoy existe la falta de personal aproximadamente hace 2 años se trasladaron 3 funcionarios y hace 1 año fueron trasladados 2 funcionarios más, provocando una sobrecarga laboral importante, situación que fue expuesta en nota interna n° 227 de fecha 06/09/2021 dirigida por el suscrito al DAF (s), logrando contar solo con el traslado de la funcionaria Srta. Denys Tapia Espinoza, que cumplía con el perfil técnico y calidad contractual, quien ha cumplido un excelente desempeño en los trabajos encomendados».

DECIMO SEPTIMO: Que, el antecedente antes expuesto tiene la entidad suficiente, en opinión de esta Corte, para hacer caer como fundamento del acto impugnado la circunstancia que los servicios de la reclamante no son necesarios pues lo contradice un funcionario que desempeña una jefatura administrativa dentro de la orgánica de la recurrida dando las razones para ello, las que, al igual que el mentado documento, no fueron controvertidas por la reclamada.

Asimismo, tampoco es bastante para justificar este fundamento de la decisión cuestionada que la recurrente no se encuentre desempeñando funciones en la unidad administrativa para la cual había sido designada primitivamente, lo que evidenciaría que sus servicios no son necesarios, pues la Orden de Servicio n°2059 de 04 de octubre de 2021, dictada por el mismo recurrido 58 días antes de dictar el acto reclamado, no expone los motivos de la misma.

DECIMO OCTAVO : Que, el segundo sostén del Decreto Exento atacado, la grave situación económica que afecta a la recurrida, por sí solo no es suficiente para justificar su decisión pues es una explicación genérica la que para ser bastante debe necesariamente señalar la razón de porqué la decisión afecta a dicho funcionario y no a otro, lo que no ocurre en la especie.

Cabe traer a colación lo que sobre el punto dice el Instructivo N° E156769/2021 de Contraloría General de la República, a saber, «A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida en relación con la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a «deficiencias presupuestarias del servicio» no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones».

En este caso, la justificación concreta o individual de la decisión administrativa era necesaria pues la misma recurrida consigna en el Decreto impugnado que las funciones que desempeñaba la reclamante «pueden», «están» o «serán» «preferentemente» ejercidas por personal de planta de tal manera que no excluye que dichas labores las ejerzan funcionarios a contrata.

VIGESIMO: Que, el actuar de la recurrida constituye un proceder arbitrario que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto a través de él se ha dado a la recurrente un tratamiento jurídico distinto al requerido por el ordenamiento jurídico.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. No renovación de contrata de recurrente. Recurrente permaneció en el cargo a contrata, en forma continua e ininterrumpida por más de 24 años, generando a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado al cargo. Ausencia de justificación del acto administrativo que dio termino la relación contractual. Vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Fecha Sentencia: 08/03/2022

Cita Online: CL/JUR/8899/2022

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Hechos:

Se deduce recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República por el acto de falta de fundamentación en la no renovación de contrata de recurrente. Analizados los antecedentes se acoge la acción de protección deducida..

Considerandos relevantes.

Octavo: Por otra parte la circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata, en forma continua e ininterrumpida por más de 24 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado a la Dirección de Presupuestos, de modo tal que su relación estatutaria solo puede terminar por un acto administrativo debidamente fundado, lo que como ya se ha dicho, no ocurrió en el caso;

Tampoco consta que se haya iniciado en contra del recurrente un sumario administrativo derivado de alguna falta que motive su desvinculación o una calificación anual que así lo permita;

Noveno: La arbitrariedad de los actos que se analizan, conculca puntualmente la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que el recurso de protección habrá de ser acogido. En efecto, los actos de la Administración están vinculados a la igualdad como condición general para su validez y es un derecho subjetivo público de toda persona, como atributo inherente a no ser discriminada, es decir, no ser objeto de discriminación, entendida en su acepción de diferencia arbitraria en el tratamiento de las personas por carecer de justificación objetiva o razonable, como asimismo, en el tratamiento igual de sujetos que se encuentran en situaciones en que existen diferencias jurídicas relevantes, que obligarían a un tratamiento diferenciado.


3. Corte de Apelaciones de Valparaíso

Recurso de protección. No renovación de contrata complementaria. Hechos denunciados son similares a los conocidos en causa anterior. No renovación de contrata complementaria debe hacerse mediante acto administrativo. Modificaciones que afectan a la actora en cuanto debe volver a sus labores originales, no tienen ningún tipo de sustento o explicación. Principio de confianza legítima. Confianza de la actora en mantener el empleo en las mismas condiciones a cómo lo venía realizando desde hace muchos años. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 04/03/2022

Cita Online: CL/JUR/7591/2022

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Hechos:

Funcionaria pública interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, señala como arbitraria e ilegal la decisión de no renovar su contrata complementaria. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que en primer lugar se debe considerar que los hechos denunciados en este recurso son similares a los conocidos en causa Rol 11.662.2021, ocasión en la cual la recurrida había informado a la recurrente del cese de su contrato complementario, también por correo electrónico, ocasión en la cual esta Corte, en fallo dictado el 29 de julio de 2021 tuvo ocasión de evaluar el actuar de la administración, a la luz de la normativa que rige a los actos de la administración, y donde se concluyó que era necesaria la dictación de un acto administrativo que justificara la no renovación de la contrata complementaria de la actora, lo que la recurrida no cumplió, reiterando su conducta de informar tal hecho por medio de un correo electrónico, sin ninguna mayor formalidad.

Quinto: Que se aprecia que en esta ocasión, igual que la conocida en la causa ya individualizada, la recurrida es contradictoria en sus argumentaciones, ya que afirma que la actora estaba en condiciones de realizar sus labores establecidas en el contrato complementario, en circunstancias que luego señala que tales funciones cesan a partir del 31 de Diciembre de 2021, volviendo a sus labores de planta. En segundo lugar, y lo más relevante en este caso, las modificaciones que afectan a la actora en cuanto debe volver a sus labores originales, no tienen ningún tipo de sustento o explicación. Los actos administrativos deben tener una cierta racionalidad en cuanto a los objetivos de los servicios públicos y las funciones que cumplen en general, de modo tal que aquellos no sean tildados de arbitrarios cuando son dictados sin justificación alguna. En el presente caso se aduce que la actora vuelve a sus funciones originales o primigenias, pero no se indica el porqué de esa decisión, simplemente estamos ante una actuación administrativa que dispone un cambio determinante en las condiciones de la recurrente y que afecta sus remuneraciones y sus derechos previsionales, sin que ella pueda conocer los fundamentos de tal decisión.

Octavo: Que, doctrinalmente, el principio de protección de la confianza legítima es recogido por el profesor Bermúdez, en los siguientes términos: En este sentido, es razonable «entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes. Como concepto jurídico puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares». Bermúdez Soto, Jorge (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, pág., 110).

Noveno: Que, entonces, de lo que se trata, a diferencia de lo que indica la recurrida, no es que la recurrente pierda su empleo, sino que lo mantiene en condiciones inferiores y lesivas a cómo lo venía realizando ésta desde hace muchos años sin objeción de ninguna clase, y existiendo además un detrimento en las expectativas previsionales, atendida la edad de la recurrente.

Décimo: Que, conforme a lo señalado, queda en evidencia que la actuación de la recurrida afecta sus garantías constituciones establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se ve conculcada su igualdad ante la ley, en el sentido de afectar la posibilidad de afectación a todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones y el derecho de propiedad de la actora sobre las diferencias que ha dejado de percibir con ocasión de la modificación pretendida por la recurrida, lo que es susceptible de enmendarse por esta vía, en la forma que se dirá.