1. Corte Suprema. Recurso de protección. Falta de respuesta a la solicitud formulada en orden a ampliar período de participación ciudadana. Definición de participación ciudadana. Ley no dispone que los plazos para el proceso de participación ciudadana en los casos modificaciones a un EIA en trámite, sean improrrogables. Procedencia de la ampliación de plazo solicitada antes del vencimiento de este. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

2. Corte Suprema. Recurso de protección. Rechazo solicitud de apertura de período de participación ciudadana. Deber de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Definición de participación ciudadana. Proyecto sometido a DIA generara un beneficio o utilidad social suficiente para cumplir con exigencia del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300. Omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido impide el efectivo ejercicio del principio de participación. Vulneración de la igualdad ante la ley. Procedencia del procedimiento de participación ciudadana.

3. Corte Suprema. Recurso de protección. Rechazo solicitud de abrir proceso de Participación Ciudadana en el marco de la tramitación como DIA del «Proyecto Minero San Cayetano». Definición de daño ambiental. Deber de la autoridad respectiva de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Concepto de participación ciudadana. Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Procedencia de proceso de participación ciudadana respecto de proyecto sometido a DIA y que versa sobre la forma de extracción de un mineral. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Falta de respuesta a la solicitud formulada en orden a ampliar período de participación ciudadana. Definición de participación ciudadana. Ley no dispone que los plazos para el proceso de participación ciudadana en los casos modificaciones a un EIA en trámite, sean improrrogables. Procedencia de la ampliación de plazo solicitada antes del vencimiento de este. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fecha Sentencia: 14/02/2022

Cita online: CL/JUR/6431/2022

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y acoge la acción constitucional deducida, dispone que debe otorgarse a los recurrentes una ampliación de plazo de 15 días para el ejercicio del derecho que confieren los artículos 29 de la Ley N° 19.300 y 92 del Reglamento.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que la participación ciudadana es uno de los principios del Derecho Ambiental Chileno, y fue introducido en la calificación ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental, con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 de 26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Quinto: Que en la dogmática se ha definido la participación ciudadana como el conjunto de directrices, principios y normas dispuestas por la ley y la autoridad competente, que permiten a las personas naturales y jurídicas y a las organizaciones sociales y comunitarias afectadas o interesadas en alguna forma por distintos eventos de relevancia ambiental, ser incorporadas formalmente al proceso de decisiones que lleva a la adopción de políticas y medidas de carácter medioambiental, a la autorización de actividades que769; importan un compromiso ambiental, a la dictación de las regulaciones pertinentes, y a la resolución de los conflictos que se presenten (Moreno, Carlos, Participación Ciudadana en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Santiago, Lexis Nexis 2004, pág. 47).

Octavo: Que, si bien los artículos 29 de la Ley N° 19.300 y 92 del Reglamento establecen un plazo de 30 días para el proceso de participación ciudadana en los casos modificaciones a un Estudio de Impacto Ambiental en trámite, lo cierto es que tales normas no disponen que dichos plazos sean improrrogables, por lo que cabe aplicar supletoriamente el artículo 26 de la Ley N° 19.880.

Noveno: Que, por lo anterior, habiéndose solicitado la ampliación de plazo antes del vencimiento del mismo, y considerando el breve plazo para el proceso de participación ciudadana respecto de modificaciones sustantivas al proyecto o actividad de que se trata, la negativa a concederla por parte de la Secretaría Ejecutiva del SEA se torna en ilegal, la que además resulta arbitraria desde que tal negativa se produjo con posterioridad al vencimiento del plazo original de 30 días, no obstante que, como se dijo, la solicitud de efectuó dentro de plazo.

Décimo: Que la negativa en cuestión perturba o amenaza el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los números 2 y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Rechazo solicitud de apertura de período de participación ciudadana. Deber de la autoridad ambiental de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Definición de participación ciudadana. Proyecto sometido a DIA generara un beneficio o utilidad social suficiente para cumplir con exigencia del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300. Omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido impide el efectivo ejercicio del principio de participación. Vulneración de la igualdad ante la ley. Procedencia del procedimiento de participación ciudadana.

Fecha Sentencia: 31/01/2022

Cita Online: CL/JUR/2571/2022

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y hace lugar a la acción constitucional deducida, deja sin efecto la resolución exenta del Servicio de Evaluación Ambiental y ordena la apertura de un procedimiento de Participación Ciudadana, respecto de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto «Condominio Santa Úrsula».

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, como puede advertirse, la autoridad ambiental tiene una obligación general de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto, impacto que debe ser entendido en los términos descritos por la letra k) del mismo artículo, esto es, como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Octavo: Que la participación ciudadana es uno de los principios del Derecho Ambiental Chileno, y fue introducido en la calificación ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental, recién con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 de 26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Noveno: Que en la dogmática se ha definido la participación ciudadana como el conjunto de directrices, principios y normas dispuestas por la ley y la autoridad competente, que permiten a las personas naturales y jurídicas y a las organizaciones sociales y comunitarias afectadas o interesadas en alguna forma por distintos eventos de relevancia ambiental, ser incorporadas formalmente al proceso de decisiones que lleva a la adopción de políticas y medidas de carácter medioambiental, a la autorización de actividades que importan un compromiso ambiental, a la dictación de las regulaciones pertinentes, y a la resolución de los conflictos que se presenten(Moreno, Carlos, Participación Ciudadana en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Santiago, Lexis Nexis 2004, pág. 47).

Décimo quinto: Que en este escenario y conforme a lo antes expresado, tratándose de un proyecto sometido a una Declaración de Impacto Ambiental, en este caso, un proyecto inmobiliario que creará viviendas, es una actividad sometida al SEIA que generara, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, al concurrir en la especie las demás exigencias que ha establecido el legislador.

Décimo sexto: Que, respecto de las externalidades negativas del proyecto, sin perjuicio que no fue un tema discutido por la resolución recurrida, aparece que, dada la envergadura y localización del proyecto, generará efectos contaminantes en su construcción, de residuos de material y también acústicos y, luego, en su ejecución, producirá grandes cambios sobre la urbe que lo rodea, en cuanto a densidad de tráfico, de uso de alcantarillado, espacios abiertos, acceso a luz solar y otros.

Es necesario recordar que los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender a la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por ello, debe concluirse que el proyecto de autos no debió quedar excluido del proceso de participación ciudadana contemplado en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, y que el recurso de protección deberá ser acogido, enmendando desde luego, un aspecto que afecta negativamente un procedimiento en desarrollo, el que, de no efectuarse esta corrección, se verá cuestionado en su legalidad posteriormente.

Décimo séptimo: Que la omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido por los actores, deviene entonces, en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental Chileno, que la autoridad debía acatar por imperativo legal, aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, al no aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 19.300, que consagran la participación de la comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Décimo octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto objeto de autos, es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse, además, a los parámetros contemplados en la Ley N° 19.300.


3. Corte Suprema.

Recurso de protección. Rechazo solicitud de abrir proceso de Participación Ciudadana en el marco de la tramitación como DIA del «Proyecto Minero San Cayetano». Definición de daño ambiental. Deber de la autoridad respectiva de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Concepto de participación ciudadana. Proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Procedencia de proceso de participación ciudadana respecto de proyecto sometido a DIA y que versa sobre la forma de extracción de un mineral. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Fecha Sentencia: 03/11/2021

Cita Online: CL/JUR/82792/2021

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Hechos:

La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones y hace lugar a la acción constitucional deducida, se ordena la apertura de un procedimiento de Participación Ciudadana respecto de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Proyecto Minero San Cayetano», retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto, previamente, al procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, como puede advertirse, la autoridad respectiva tiene una obligación general de preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a que se refiere el artículo 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto, impacto que debe ser entendido en los términos descritos por la letra k) del mismo artículo, esto es, como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Octavo: Que la participación ciudadana es uno de los principios del Derecho Ambiental Chileno, y fue introducido en la calificación769; ambiental de las Declaraciones de Impacto Ambiental, recién con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 de 26 de enero de 2010 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación769; Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Noveno: Que, en la dogmática, se ha definido la participación ciudadana como el conjunto de directrices, principios y normas dispuestas por la ley y la autoridad competente, que permiten a las personas naturales y jurídicas y a las organizaciones sociales y comunitarias afectadas o interesadas en alguna forma por distintos eventos de relevancia ambiental, ser incorporadas formalmente al proceso de decisiones que lleva a la adopción de políticas y medidas de carácter medioambiental, a la autorización de actividades que importan un compromiso ambiental, a la dictación de las769; regulaciones pertinentes, y a la resolución de los conflictos que se presenten (Moreno, Carlos, Participación Ciudadana en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Santiago, Lexis Nexis 2004, pág. 47).

Décimo cuarto: Que el artículo 10 letra i) de la Ley N° 19.300 señala, a propósito de los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, los siguientes:

«i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda».

La doctrina ha sostenido que: «Así las cosas, salvo una difícil interpretación restrictiva de los beneficios sociales, tenemos como consecuencia lógica que la inmensa mayoría de los proyectos que se someterán al SEIA tendrán esa características, por cuanto de la revisión de las tipologías contenidas en el artículo 10 no encontramos ningún proyecto que no produzca, aunque sea en menor escala, algún beneficio social» (Ezio, Costa Cordella y otra, La Participación Ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental en Justicia Ambiental, Revista de Derecho Ambiental de la Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, año 2011, pág. 99).

Décimo quinto: Que, en este escenario y conforme a lo antes expresado, tratándose de un proyecto sometido a una Declaración de Impacto Ambiental, que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al SEIA que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, por cuanto concurren en la especie las demás exigencias que ha establecido el legislador.

Décimo séptimo: Que la omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido por los actores deviene, entonces, en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación769; consagrado en el Derecho Ambiental Chileno, que la autoridad debía acatar por imperativo legal, aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, al no aplicarse las disposiciones contenidas en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 19.300, que consagran la participación de la comunidad en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Del mismo modo, existe una afectación a la garantía constitucional consagrada en el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y conforme lo razonado en los basamentos precedentes, tal como se adelantó, se acogerá la presente acción según se señalará en lo resolutivo.

Décimo octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del «Proyecto Minero San Cayetano», es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse, además, a los parámetros contemplados en la Ley N° 19.300.