1. Corte de Apelaciones de Santiago. Reclamo de ilegalidad municipal. Término anticipado a contrato de obra. Facultad del mandante de licitación a terminar anticipadamente un contrato cuando aparezca un claro incumplimiento del contratista. Reclamante ha incumplido plazo para la ejecución de las obras.

2. Corte de Apelaciones de Chillán. Reclamo de ilegalidad municipal. Termino anticipado a contratos de licitación Pública para transporte escolar. Actuar de la Municipalidad se ajusta a derecho. La administración está facultada para poner término anticipado o modificar las condiciones contractuales en resguardo del interés público.

3. Corte de Apelaciones de Talca. Indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato administrativo. Aplicación del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. En ejecución de trabajos nuevos no resultan aplicables las primitivas Bases Administrativas Especiales de la licitación Pública. Atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito en obras nuevas. Hecho de aceptar nuevas partidas en el contrato de obras públicas no modifica aquel regulado por normas de orden público. Modificación de las condiciones del vínculo contractual debe revestir las mismas formalidades que el contrato primitivo.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Reclamo de ilegalidad municipal. Término anticipado a contrato de obra. Facultad del mandante de licitación a terminar anticipadamente un contrato cuando aparezca un claro incumplimiento del contratista. Reclamante ha incumplido plazo para la ejecución de las obras.

Fecha Sentencia: 29/12/2021

Cita online: CL/JUR/93350/2021

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Hechos:

Empresa deduce reclamo de ilegalidad en contra de municipalidad, por el término anticipado a su contrato para el desarrollo de la obra. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.

Considerandos relevantes.

Décimo: Que, es el artículo 79 del Reglamento de Compras Públicas de la Ley N° 19.886, en relación al artículo 62 del mismo,es legales citadas, faculta al oferente y mandante de una licitación a terminar anticipadamente un contrato cuando aparezca un claro incumplimiento de parte del contratista en algunas de las condiciones establecidas en las bases de licitación o el contrato mismo, siendo que, en la especie, la reclamada, en uso de las atribuciones contempladas en la cláusula segunda del referido contrato, previa certificación de la Unidad Técnica, observó que el reclamante incumplió exponencialmente con el plazo indicado en la cláusula cuarta, que le otorgaba un plazo de 90 días corridos para la ejecución de las obras, el cual comenzó a regir el día 14 de octubre de 2019, cuando se extendió el Acta de Entrega de Terreno, suscrita simultáneamente por personal de la empresa SC Construcciones y de la I. Municipalidad de Maipú para proceder a intervenir los terrenos entregados, por lo que una vez expirado el plazo de 90 días y constatado el incumplimiento grave de las obligaciones de parte del contratista, ajustándose a las bases de licitación y al contrato, resolvió terminar anticipadamente el contrato fundándose para ello, en no haberse ejecutado las obras contratadas dentro del plazo establecido letra d) de la cláusula décimo segunda , procediendo a dictar el Decreto Alcaldicio N° 2047, de fecha 30 de junio de 2020, en el cual fundadamente señaló que el 14 de octubre de 2019 se suscribió el Acta de Entrega de Terreno, para el inicio de la ejecución de las obras, cuyo plazo de ejecución era de 90 días corridos, siendo que con fecha 12 de enero de 2020, se terminó el plazo de ejecución del contrato, y el contratista no realizó la totalidad de las obras contratadas, por lo que con fecha 30 de abril de 2020, se levantó el Acta de Entrega de Término de Contrato, la que fue enviada a la empresa contratista vía correos de chile y recepcionada con fecha 11 de mayo 2020, lo que fue notificado y recibido por la reclamante el 22 de julio de 2020.

Al respecto, el artículo 46 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos para determinar el procedimiento y notificación de un acto administrativo dictada por la Administración señala que: «Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad», estableciéndose como un trámite cuyo impulso y desarrollo corresponde a la Administración, por lo cual el notificado sólo cuenta con los antecedentes que aparecen en el sobre, sin tener la obligación de requerir información adicional para verificar que las fechas estampadas sean efectivamente las correctas, de modo tal que la recepción de la misiva que determina el momento a partir del cual corre el plazo para entender practicada la notificación, sólo se puede referir a la que se verifique en la oficina postal del domicilio del interesado, ello para asegurar los derechos del notificado, como del inciso 1° del mismo artículo 46, que ordena que las notificaciones mediante carta certificada se dirijan «al domicilio que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad», por ello la oficina de Correos correspondiente, a que se refiere el inciso segundo del artículo 46 en examen, no puede ser otra que la del domicilio del notificado, siendo que en el presente caso, la carta despachada al domicilio de la contraria, según consta en el documento que se acompaña, el cual señala la dirección de Avenida Concha y Toro N° 4205, comuna de Puente Alto, misma dirección indicada en el contrato 174/2019, la que fue encargada a la empresa Correos de Chile de la comuna de Maipú, adjuntando el Decreto Alcaldicio N° 2046, de fecha 30 de junio de 2020.

Décimo primero: Que, como es posible advertir, el Decreto Alcaldicio que puso término anticipado al contrato, cumple con las exigencias de legalidad y validez de un acto administrativo terminal, el cual se encuentra expresamente fundamentado y basado en el incumplimiento grave del contratista, quien, ignorando por completo el contenido del contrato y del plazo estipulado para la ejecución de las obras contratadas, no las cumplió, el que aparece respaldado con la presunción de legalidad del artículo 3, inciso final del referido cuerpo legal (Ley 19.880), de que gozan los actos administrativos enmarcados dentro de un procedimiento administrativo expresando que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.


2. Corte de Apelaciones de Chillán.

Reclamo de ilegalidad municipal. Termino anticipado a contratos de licitación Pública para transporte escolar. Actuar de la Municipalidad se ajusta a derecho. La administración está facultada para poner término anticipado o modificar las condiciones contractuales en resguardo del interés público.

Fecha Sentencia: 27/10/2021

Cita Online: CL/JUR/80798/2021

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Hechos:

Se deduce reclamo de ilegalidad en contra de Alcalde, por decreto alcaldicio, que aprobó el termino anticipado a los contratos de transporte escolar correspondiente a la licitación Pública. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de ilegalidad.

Considerandos relevantes.

Décimo segundo: Que en mérito de lo señalado y razonado en las motivaciones precedentes, se puede concluir que el término del contrato se llevó a cabo en conformidad a lo acordado en el contrato y a las bases a las que él propio recurrente se sujetó al concursar, por lo que lo resuelto estuvo acorde con las facultades conferidas a la autoridad, en esta caso Municipalidad y Alcalde, para resolver en el sentido reclamado, razón por la cual no se divisan las infracciones legales ni constitucionales invocadas, ya que el decreto impugnado se encuentra ajustado a derecho, toda vez que la administración puede poner término anticipado a los contratos o modificar las condiciones contractuales de los mismos, potestad que tiene su origen en la ley (artículos 13, letra d) de la ley N 19.886 y 77 N° 4, de su reglamento, Decreto Supremo 250), en resguardo del interés público, cuyo es el caso.

Décimo tercero: Que, en síntesis, el actuar de la Municipalidad se ajusta a derecho y dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera que, no existe ilegalidad porque no hay contravención al ordenamiento jurídico, puesto que el referido Decreto Alcaldicio cuenta con fundamento racional y no se basa en un mero capricho, sino más bien, en hechos concretos y motivados, como lo es el Estado de excepción constitucional por catástrofe, el posterior cierre de los establecimientos educacionales, las satisfacción permanente de necesidades públicas y el resguardo del patrimonio público, existiendo una proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizaron.


3. Corte de Apelaciones de Talca.

Indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato administrativo. Aplicación del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. En ejecución de trabajos nuevos no resultan aplicables las primitivas Bases Administrativas Especiales de la licitación Pública. Atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito en obras nuevas. Hecho de aceptar nuevas partidas en el contrato de obras públicas no modifica aquel regulado por normas de orden público. Modificación de las condiciones del vínculo contractual debe revestir las mismas formalidades que el contrato primitivo.

Fecha Sentencia: 11/08/2020

Cita Online: CL/JUR/164046/2020

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Hechos:

Demandado, Fisco de Chile, deduce recurso de casación en la forma y apelación en contra de la sentencia definitiva, que acogió la demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, por concepto de cumplimiento de contrato administrativo. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza la nulidad y confirma la sentencia apelada.

Considerandos relevantes.

Segundo: Que no se divisa que la sentencia en estudio se haya apartado de la Ley del contrato, como lo sostiene el Fisco de Chile, sino que por el contrario, justamente aquellas obras menores que se cumplieron después de haber vencido el plazo convenido, estaban relacionadas con trabajos que no estaban comprendidos dentro de las primitivas especificaciones acordadas por las partes, de modo que el cumplimiento de las obligaciones, como el incumplimiento de las mismas, debían circunscribirse a dicho escenario jurídico, tal como lo ha dejado sentado el fallo en estudio.

Del mismo modo, si bien la licitación como el contrato celebrado se regían por el Reglamento aprobado por Decreto MOP N° 75 de 2004 y sus modificaciones, no es atendible sostener que en el mismo se encontraban comprendido un sinnúmero de antecedentes documentales que el Fisco de Chile refiere, como lo son el Decreto MOP N° 1.093 de 2003 y sus modificaciones posteriores, el DFL N° 850 de 1997, la Resolución DGOP N° 258 de 09.10.2009; la Resolución D.A VII región N° 989/Ex de 18.06.2013 que aprueba anexo complementario de las Bases Administrativas Especiales de la licitación Pública, pues éstos últimos escapan al consentimiento de las partes, en especial, del demandante que le permite dar vida a la relación jurídica contraída, sino que tales antecedentes constituyen aspectos normativos, mas no sirven de marco para delimitar las especificaciones técnicas que se tuvieron en consideración para la ejecución de la obra pública.

Tercero: Que tampoco se observa caducidad de las acciones de reclamo por parte de la demandante en sede administrativa, como lo hace ver el Fisco de Chile, porque el mero hecho de aceptar nuevas partidas en el contrato de obras públicas no supone modificar un contrato que se encuentra regulado por normas de orden público, donde la modificación de las condiciones del vínculo contractual debe revestir las mismas formalidades que el contrato primitivo.

Además, a la luz de lo reflexionado por la juez de la instancia no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento 75 del Ministerio de Obras Pública, en orden a que si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el contratista deberá presentar a la inspección fiscal su justificación por escrito antes de que transcurran 30 días desde que se hayan producido; pasado este período no se aceptará justificación alguna, habida consideración que se trataba de obras nuevas y no de aquellas que fueron contratadas desde su inicio y que constan en el contrato de construcción de que se trata.