1. Corte de Apelaciones de San Miguel. Acción de reivindicación. Concepto de la acción de reivindicación y requisitos de procedencia. Posesión de bien raíz se adquiere mediante la inscripción del título traslaticio de dominio en el Conservador de Bienes Raíces. Existencia de inscripciones paralelas de dominio. Deber de establecer cuál de los dos presuntos poseedores es el legítimo para otorgarle la protección o amparo que las leyes prescriben. Frente a la doctrina de la «inscripción ficción» se opone la de la «inscripción garantía». Mayor antigüedad posesoria de la actora la deja en un mejor pie frente a la contraria. Aplicación del principio plasmado en el aforismo «prior in tempore potior in iure»

2. Corte Suprema. Acción de reivindicación. Es opinión mayoritaria que la prescripción adquisitiva únicamente puede alegarse como acción y no mediante una excepción. Posesión de los bienes raíces obedece a reglas que le son propias y distintas a las que informan la posesión de los bienes muebles. Teoría de la posesión inscrita. Triple función jurídica de la inscripción conservatoria. Poseedor inscrito conserva su posesión todo el tiempo que dura su inscripción, posesión que solo termina por la cancelación de ésta. Inscripción es necesaria para adquirir cualquiera posesión, sea regular o irregular. Carencia de título inscrito impide adquirir por prescripción, aun extraordinaria

3. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Querella de restitución. Posesión de bienes raíces inscritos. Posesión inscrita otorga a su titular corpus y animus. Inscripción prueba la posesión de la tenencia material arrebatada por el querellado. Querellante debe acreditar posesión tranquila y no interrumpida por más de un año. Insuficiencia probatoria para acreditar perjuicios sufridos por el actor.


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1. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Acción de reivindicación. Concepto de la acción de reivindicación y requisitos de procedencia. Posesión de bien raíz se adquiere mediante la inscripción del título traslaticio de dominio en el Conservador de Bienes Raíces. Existencia de inscripciones paralelas de dominio. Deber de establecer cuál de los dos presuntos poseedores es el legítimo para otorgarle la protección o amparo que las leyes prescriben. Frente a la doctrina de la «inscripción ficción» se opone la de la «inscripción garantía». Mayor antigüedad posesoria de la actora la deja en un mejor pie frente a la contraria. Aplicación del principio plasmado en el aforismo «prior in tempore potior in iure».

Fecha Sentencia: 07/12/2021

Cita online: CL/JUR/93299/2021

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Hechos:

Demandado interpone recurso de casación en la forma y de apelación contra la sentencia que acogió la acción reivindicatoria interpuesta en su contra. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso de casación en la forma y confirma el fallo impugnado.

Considerandos relevantes.

Séptimo: Que la demandante ha ejercido la acción reivindicatoria que contempla el artículo 889 del Código Civil, que es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.

La acción en comento se sustenta en el poder de persecución y la inherencia del derecho a la cosa, propio de todo derecho real y muy en particular del derecho de propiedad. Por esta acción el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda al juez que lo haga constatar o reconocer y, como consecuencia de ello, ordene a quien posee la cosa que se la restituya.

El objeto de la acción consiste en «reclamar la posesión de la cosa, o más propiamente, la cosa misma, ya que con relación a ella ejerce los actos el poseedor. Dijimos que lo normal era que la posesión y el dominio se encontraran reunidos en una sola mano, pero que podía darse el caso de que una persona perdiera la posesión de una cosa, conservando el dominio de ella. Se ha roto en este caso el estado normal y corriente de las cosas, y en estas circunstancias, la ley autoriza al propietario para reclamar la cosa de quien la tenga. Entonces, el objeto de la reivindicación no es, como vulgarmente se cree, el derecho de dominio; no es ese derecho lo que se reclama, porque si fuera el dominio lo que se ha perdido, no podrían ejercitarse estas acciones que competen al dueño de la cosa» (Arturo Alessandri Rodríguez, Derecho Civil, Los Bienes, Primer Año Tomo II, Editorial Lex, páginas 198, 199).

Así, de lo anteriormente reseñado y de lo que al efecto estatuye el artículo 889 del referido código sustantivo, se desprende que los supuestos de la acción en cuestión son: a) que al actor tenga el derecho de propiedad de la cosa que se reivindica; c) que esté privado o destituido de la posesión de ésta; c) que el demandado esté en posesión de la cosa que se reclama, y d) que se trate de una cosa singular y reivindicable.

Octavo: Que, como es sabido, cuando la cosa susceptible de ser reivindicada es un bien raíz, la posesión de éste se adquiere mediante la inscripción del título traslaticio de dominio en el Conservador de Bienes Raíces, constituyendo, esta inscripción requisito, garantía y prueba de la posesión de aquellos inmuebles que ya han entrado al sistema registral.

En efecto, el artículo 724 del Código Civil estatuye que «si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio», lo que refleja que es requisito para su adquisición. Por su parte, los artículos 728, 730, inciso segundo, y 2505, todos del mismo cuerpo legal sustantivo, indican que la inscripción conservatoria es garantía de la posesión, pues «para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial», y «mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente» (artículo 728); además, «si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la competente inscripción» (artículo 730, inciso segundo), lo que, como corolario lógico, lleva a que «contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo» (artículo 2505). En fin, «la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla» (artículo 925 del Código Civil).

Duodécimo: Que, en el caso sub iudice, tanto la actora como la demandada tienen posesiones inscritas sobre el mismo inmueble, de tal manera que una se superpone a la otra, produciéndose lo que se denomina en doctrina «inscripciones paralelas de dominio», situación que se origina cuando aparecen dos (o más) inscripciones con apariencia de estar vigentes (sin nota de cancelación al margen) respecto de un mismo inmueble. «La coexistencia de inscripciones paralelas y simultáneas, referidas a un mismo y determinado predio vulnera el sistema de la posesión inscrita vigente. Arraigada la posesión de un bien raíz en una persona, ella descarta la posibilidad de otra posesión contradictoria, como quiera que, tratándose del mismo bien no puede ser poseída por dos o más personas, en razón de que ello se opone a la naturaleza misma de la posesión que es singular, exclusiva y no puede permanecer con otra posesión». ( RDJ, t.78, sección 2ª, p. 136).

Decimotercero: Que, ante esta situación de doble inscripción de un mismo y determinado inmueble, es indispensable establecer y decidir cuál de los dos presuntos poseedores es el legítimo para otorgarle la protección o amparo que las leyes prescriben.

Sobre el particular, conviene reiterar que los artículos 728, 730, inciso segundo, y 2505, del Código Civil establecen que la inscripción es garantía de la posesión de inmuebles inscritos, y el artículo 924 del mismo cuerpo legal sustantivo consagra que la inscripción es la forma de probar la posesión de tales bienes, amparando los derechos que el pretenso poseedor efectivamente tiene, mas no aquellos de los que carece, «razón por la cual ante la concurrencia de dos inscripciones vigentes y simultáneas respecto de un mismo predio, resulta inevitable entrar al análisis de los derechos de cada uno de ellos, para poder establecer, en definitiva, hasta dónde cada una de dichas inscripciones es significativa de verdadera posesión» (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 66 Sección 1, p. 219).

Decimocuarto: Que, a fin de resolver la controversia que se genera ante la existencia de «inscripciones paralelas de dominio», como acontece en el caso de autos, parte importante de la doctrina y jurisprudencia nacionales suele recurrir a la prueba de la posesión integral del inmueble, esto es, a la posesión material e inscripción registral vigente, por lo que, contando ambas partes con inscripción, debe ser preferido aquel título que representa una realidad posesoria material efectiva, manifestada por actos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio. En otras palabras, estos autores ven en el artículo 700 del Código Civil una definición general de posesión, que el sistema de posesión inscrita no ha derogado, debiendo preferirse, en caso de inscripciones paralelas, aquella que está acompañada de una «realidad posesoria», es decir, de actos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, en los términos que preceptúa el artículo 925 del Código Civil.

A este respecto, es del caso recordar que, en el año 1934, el profesor Leopoldo Urrutia, en un artículo intitulado «Vulgarización sobre la posesión ante el Código Civil Chileno», criticando el valor desmedido que se pretendía dar a la inscripción conservatoria, desligándola de la posesión material del inmueble, pasó a denominar a aquellas inscripciones a las que les falte la posesión material como «inscripciones de papel», término introducido por dicho autor y ampliamente utilizado hasta el día de hoy, señalando que «[p]ara que valga una inscripción contra otra anterior o contra la posesión natural, es necesario que aquella no sea de papel¿. La inscripción solemniza un hecho verdadero». (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 31, números 1 y 2, p. 11).

Así las cosas, frente a la doctrina de la «inscripción ficción», en que la posesión inscrita está desligada de actos materiales de apoderamiento, se opone la de la «inscripción garantía», sin desconocer esta última, en todo caso, la ficción que la inscripción posesoria conlleva, pero limitando sus alcances.

Decimoséptimo: Que, por consiguiente, se ha constatado en el proceso que, existiendo inscripciones paralelas, la posesión de la actora antecede en antiguedad a la de la demandada, añadiendo a ambas las de sus antecesores, en virtud de lo preceptuado por el artículo 717 del Código Civil, pues se remite hasta la de 1982, a nombre del Fisco, según se consigna en el considerando noveno, mientras que la de la demandada se remonta a la inscripción de 1990 antes referida, y, más específicamente, a la anotación marginal que se hiciera en ésta, en virtud de la sentencia dictada en 1990, en un procedimiento voluntario, ya que el plano archivado bajo el N° 120 del Registro de Propiedad de 1976, vinculado con la inscripción de fojas 736 N° 973, de 1976, no incorporaba el Lote C de la demandada, según concluye el informe pericial de autos, sino que sólo a partir del plano N° 355, de 1991, fue incluido, lo que impide remontar la posesión inscrita de Inmobiliaria Rodeo Cordillera S.A. más allá de 1990.

Decimoctavo: Que, entonces, la mayor antiguedad posesoria de la actora la deja en un mejor pie frente a la contraria, en virtud del principio o criterio registral de prioridad plasmado en el aforismo «prior in tempore potior in iure», según el cual entre varios derechos entre sí incompatibles debe prevalecer la protección al primer adquirente, a condición de que la inscripción cronológicamente anterior no adolezca de vicios y reúna todos los requisitos establecidos por la ley para que el derecho que en ella se registra pueda surtir los efectos jurídicos que le son propios, lo que se verifica respecto de la actora más no así en relación con la demandada.

Decimonoveno: Que, como se viene razonando, forzoso resulta concluir que se verifican en la demandante los supuestos de la acción reivindicatoria intentada, desde que la inscripción posesoria que la ampara prevalece por sobre la de la demandada de autos, siendo la reivindicante dueña del predio cuya restitución se pretende y la demandada poseedora no dueña del mismo.


2. Corte Suprema.

Acción de reivindicación. Es opinión mayoritaria que la prescripción adquisitiva únicamente puede alegarse como acción y no mediante una excepción. Posesión de los bienes raíces obedece a reglas que le son propias y distintas a las que informan la posesión de los bienes muebles. Teoría de la posesión inscrita. Triple función jurídica de la inscripción conservatoria. Poseedor inscrito conserva su posesión todo el tiempo que dura su inscripción, posesión que solo termina por la cancelación de ésta. Inscripción es necesaria para adquirir cualquiera posesión, sea regular o irregular. Carencia de título inscrito impide adquirir por prescripción, aun extraordinaria.

Fecha Sentencia: 18/10/2021

Cita Online: CL/JUR/77885/2021

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Hechos:

Demandado interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que desestimó la excepción de prescripción adquisitiva planteada por la demandada e hizo lugar a la acción reivindicatoria, ordenando la restitución del inmueble en cuestión. La Corte Suprema rechaza ambos recursos de casación deducidos.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que antes de emprender el análisis de las argumentaciones que ofrece la impugnante para explicar el error de derecho cuya infracción atribuye a los sentenciadores, es necesario aclarar que es opinión mayoritaria, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que la prescripción adquisitiva únicamente puede alegarse como acción y no mediante una excepción, como aconteció en la especie.

El profesor don Emilio Rioseco Enríquez, en un artículo titulado «Sobre la Forma Procesal de alegar la Prescripción Adquisitiva de los Derechos Reales», publicado en la Revista de Derecho de la Universidad de Concepción, N° 225 226, Enero Diciembre de 2009, páginas 213 y siguientes, manifiesta que acerca del tema se han planteado dos posiciones: «a) La prescripción adquisitiva de los derechos reales sólo puede alegarse por la vía de la acción, sea mediante una demanda declarativa, sea deduciendo reconvención, y b) esta prescripción puede alegarse tanto accionando como excepcionándose», para luego, más adelante, señalar que reiteradamente se ha adherido en el último tiempo a la primera posición, «lo que ha determinado que pueda afirmarse que el debate ha concluido, tratándose de una doctrina que, entre nosotros, ya no admite discusión».

Sobre el particular, esta Corte Suprema ha resuelto: «La prescripción adquisitiva del dominio u otro derecho real únicamente puede hacerse valer por la vía de la acción, sea entablando la demanda declarativa pertinente, sea deduciendo una demanda reconvencional».(Rol 3257 2004, Fallos del Mes N° 538, página 2718). En otro fallo expuso: «Que tal como ha manifestado reiteradamente esta Corte la prescripción adquisitiva de cualquier derecho real debe ser alegada como acción» (autos rol 5557 2010, sentencia de 19 de agosto de 2010). En el mismo sentido se razona en la sentencia de nulidad de 26 de agosto de 2013, recaída en el rol 9.432 2012 de este tribunal de casación.

Esa interpretación emana de lo previsto en el artículo 2513 del Código Civil, que exige una declaración de prescripción adquisitiva, seguida de la competente inscripción, lo que está en concordancia con la disposición del artículo 728 del mismo cuerpo legal, que hace necesaria la cancelación de la inscripción que figure a nombre de la contraparte, lo que también requiere de una sentencia declarativa que así lo disponga.

NOVENO: Que respecto de la infracción de los artículos 700, 2492, 2498, 2510 y 2511 del Código Civil, es menester recordar que nuestro ordenamiento jurídico la posesión de los bienes raíces obedece a reglas que le son propias y distintas a las que informan la posesión de los bienes muebles, diferenciación que emana de la implantación de la inscripción conservatoria como único medio legal de efectuar la tradición del dominio de esta clase de bienes y de los demás derechos reales enumerados en el artículo 688 del Código Civil.

Es así como a la luz de la denominada teoría de la posesión inscrita desarrollada en el Código Civil, la única manera válida y legal de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces y demás derechos reales constituidos sobre ellos, exceptuadas las servidumbres, es mediante la inscripción del título en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, constituyendo la inscripción conservatoria una triple función jurídica, pues salvo en lo que hace a las servidumbres y al derecho real de herencia, es la única forma legal de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces y de los demás derechos reales constituidos en ellos; permite dar una amplia publicidad a la situación de la propiedad inmobiliaria, con sus gravámenes, cargas y limitaciones; y, finalmente y en lo que interesa al caso que se analiza, es requisito, prueba y garantía de la posesión de los bienes raíces, sin desconocer que también en algunos casos juega el papel de solemnidad de determinados actos jurídicos.

Así como el propio Mensaje del Código Civil señala que «La transferencia y transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas, como se ha dicho, las servidumbres, exige una tradición, y la única forma de tradición que para estos actos corresponde es la inscripción en el Registro Conservatorio. Mientras ésta no se verifique, un contrato puede ser perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna», en cuanto a la posesión indica que «La inscripción es la que le da la posesión real efectiva, y mientras ella no se ha cancelado, el que no ha inscrito su título, no posee, es un mero tenedor. Como el Registro Conservatorio está abierto a todos, no puede haber posesión más pública, más solemne, más indisputada, que la inscripción».

De este modo, junto con reconocer el Código la función fundamental de la inscripción, desarrolla también la teoría de la posesión inscrita, esto es, el conjunto de principios y preceptos del Código que se refieren a la adquisición, conservación y pérdida de la posesión de los inmuebles, de que tratan los artículos 686, 696, 702, 724, 728, 730, 924, 925, 2505 y 2510.

En lo relativo a la posesión de los inmuebles inscritos la que atañe al recurso que se revisa de acuerdo con el artículo 686 del Código Civil, la tradición del dominio de los bienes raíces y de los demás derechos reales constituidos en ellos se efectúa únicamente por la inscripción del título en el Registro del Conservador y, conforme al artículo 696 del mismo cuerpo legal, no puede adquirirse la posesión efectiva del dominio y de los demás derechos reales cuya tradición se opera por medio de la inscripción en el Registro, mientras dicha inscripción no se efectúe de la manera señalada en la ley. Además, el artículo 724 establece que «si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro del Conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por ese medio», disposición que es corolario de los artículos 686 y 696 antes citados. Por ello es que considerando el legislador que es poseedor de un inmueble quien exhibe un título inscrito respecto de él, el artículo 728 estatuye que «Para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente». En otras palabras, el poseedor inscrito conserva su posesión todo el tiempo que dura su inscripción, posesión que solo termina por la cancelación de ésta.

UNDÉCIMO: Que, en efecto, si se pretende adquirir la posesión regular, se requiere la inscripción en el Registro del Conservador, tal como se colige de lo estatuido en los artículos 724 y 702 N° 2 y 3 en relación con el artículo 686 inciso 1°, todos del código sustantivo. Y si, en cambio, solo se desea adquirir la posesión irregular de un inmueble inscrito, como se pretende por la impugnante en el caso de autos, la doctrina es unánime en sostener que en tal evento la inscripción es necesaria para adquirir cualquiera posesión, sea regular o irregular, fundamentalmente porque al tratar la posesión el artículo 724 no distingue entre regular e irregular; porque el artículo 728, inciso 2°, determina que «mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa o que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente»; porque de acuerdo al artículo 924 la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y porque de no ser así no se explicaría la razón por la cual el artículo 2505 preceptúa que contra título inscrito no hay prescripción, sino en virtud de otro título inscrito.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, a la luz de las reflexiones que anteceden corresponde desde luego desestimar el primer capítulo del libelo anulatorio, puesto que la carencia de título inscrito por parte del demandado le impide adquirir por prescripción, aun extraordinaria, el inmueble de autos. Debe añadirse que la pretendida infracción a las normas reguladoras de la prueba no fue debidamente desarrollada en el recurso y, asimismo, que la falta de un cuestionamiento sustantivo sobre la aplicación a la especie del artículo 889 del Código Civil igualmente conducía a desestimar este capítulo del recurso, por su evidente falta de influencia en la manera de resolver el asunto.


3. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Querella de restitución. Posesión de bienes raíces inscritos. Posesión inscrita otorga a su titular corpus y animus. Inscripción prueba la posesión de la tenencia material arrebatada por el querellado. Querellante debe acreditar posesión tranquila y no interrumpida por más de un año. Insuficiencia probatoria para acreditar perjuicios sufridos por el actor.

Fecha Sentencia: 23/06/2021

Cita Online: CL/JUR/61672/2021

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Hechos:

Demandante recurre de casación en la forma y apelación en contra de la sentencia de primer grado, que rechazo la querella de restitución. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de casación y revoca la sentencia apelada.

Considerandos relevantes.

SEGUNDO: Que los interdictos posesorios requieren, es verdad, la prueba de la posesión tranquila e ininterrumpida durante a lo menos un año, pero desde luego que esa prueba se logra con una inscripción como la que acompañara el querellante, que cede en su favor y que se mantiene desde el año 2003; es decir, mucho más tiempo que el año requerido. No cabe olvidar que la posesión de los bienes raíces inscritos se prueba con la correspondiente inscripción y que no hay razón alguna para pretender que las acciones posesorias no protejan al poseedor inscrito. El corpus material es, para el poseedor inscrito, un aspecto anejo a su inscripción, que no necesita demostrarse con hechos positivos de los que refiere el artículo 925 del Código Civil, porque no es esa la norma aplicable al inmueble inscrito, sino el artículo 924, como se ha fallado por la uniforme jurisprudencia desde siempre.

 

TERCERO: Que, sin embargo, ese corpus material sí puede ser turbado o arrebatado físicamente, y en esos casos basta acreditar la posesión inscrita, para tener el derecho a ser judicialmente amparado. Con tesis que confundan la prueba de la posesión con sus atributos propios, tampoco la acción reivindicatoria acción de dominio a la que la Sra. Juez a quo quiere remitir al actor sería útil para el afectado, porque esa acción la dirige el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, y como la posesión inscrita no se ha perdido, el perjudicado, en suma, carecería de acción. Por supuesto, ello es inaceptable, pues supone que la posesión inscrita de inmuebles, que es la regla ampliamente general y la deseada por el legislador, quedaría desprovista de toda protección contra actos de apoderamiento físicos, fuere porque no se pruebe la tenencia material, o, también, porque no se ha perdido la posesión inscrita, y sostener tal cosa, por demás ilógica, resulta ser, entonces, fruto de una simple confusión. La posesión inscrita otorga a su titular, indefectiblemente, corpus y animus, pero pese a ello el corpus en tanto sola tenencia material puede ser arrebatado, caso en el cual ciertamente con solo esgrimir la inscripción se puede defender la integridad de la posesión que, en cuanto a su aspecto meramente físico, sí ha sido afectada, y en ese caso el poseedor inscrito se puede defender ya sea por la vía de las acciones posesorias, sede en que no se podrá debatir el dominio, o bien por medio de la acción reivindicatoria, procedimiento que sí podrá dar lugar a reclamos de dominio, de la parte contraria.

NOVENO: Que así, probada la posesión tranquila, no interrumpida y por más de un año, con el título pertinente, y delimitado dentro de los linderos de ese título el sitio ocupado de contrario, tanto por los testigos como por el plano, lo que coincide con lo apreciado en la inspección personal del tribunal, y acreditado el acto de ocupación que afectó a una parte determinada del inmueble del querellante, hecho que aconteció menos de un año antes de la interposición y notificación de la querella, no cabe sino acceder al interdicto de que se trata, solo en cuanto a ordenar la restitución pertinente.

DECIMO: Que en cambio, no puede accederse a la petición de declarar que el demandado deba indemnizar perjuicios, porque para pretender tal cosa y reservarse la determinación de especie y monto para la etapa ejecutiva, como lo quiere hacer la querella, es preciso señalar, al menos de manera genérica, que se ha sufrido perjuicios, y acreditar ese hecho, demostrando las bases que deban servir para la posterior determinación y cuantificación del daño, tal como lo ha precisado nuestra Excma. Corte Suprema en su sentencia de 13 de octubre de 2015, recaída en su rol 8804 2015, eso inclusive más allá del debate jurídico respecto de si la institución de la reserva procede o no en sede de responsabilidad extracontractual. En el caso sublite, la querella no indica esa mención de perjuicios sufridos, pero además no se rindió ninguna prueba al respecto. Si pudiéramos extremar las cosas suponiendo que el perjuicio se refiera a la destrucción de una plantación de orégano, que en la querella se dice haber existido en el lugar, nos estrellamos contra el hecho de que esa plantación, a todo evento, sería del arrendatario y no del actor y, además, con que ese mismo arrendatario declara testimonialmente que estaba preparando el terreno para la señalada plantación, cuando parte del predio fue cerrado con una cerca por el querellado, por lo que no pudo continuar con la preparación de la tierra. Como es obvio, de allí también podría derivarse perjuicio, y el testigo sí se refiere a ello, pero aparte de que sus bases serían distintas a las señaladas en el libelo, de nuevo se trata de pérdidas para el arrendatario agricultor, y no para el querellante poseedor del predio, al menos en principio y salvo que medien otros antecedentes que no se esgrimieron, ni se probaron.