1.Corte de Apelaciones de Santiago. Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Determinación del inicio del cómputo del plazo de prescripción. Situación de fuerza mayor a raíz de la pandemia. Ley N° 21.226 fijó un régimen excepcional en el marco de los procesos y actuaciones judiciales en relación a los plazos, permitiendo ampliarlos. Excepción de prescripción, rechazada. Incumplimiento del deber de contar con un reglamento interno ajustado a la normativa vigente. Protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa resulta insuficiente y no cumple con los estándares exigidos por la normativa educacional. Determinación de la sanción. Multa aplicada se encuentra dentro del rango legal de sanciones aplicables a las infracciones menos graves.

2.Corte de Apelaciones de La Serena. Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Caducidad en el Derecho Administrativo. Caducidad procedimental. Prescripción y caducidad son instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos.  Plazo de caducidad es de dos años y comienza a correr con el inicio de la investigación.  Multa aplicada a establecimiento por discriminación arbitraria. Insuficiencia probatoria para acreditar que se aplicó práctica educativa y modalidad de evaluación diferenciada a alumno con NEE.  Protección de estudiantes con NEE e interés superior del niño.

3.Corte Suprema. Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos. Inicio de la investigación suspende el plazo de prescripción. Desde denuncia al inicio de la investigación no transcurrió el plazo de seis meses previsto en la ley. Improcedencia de incluir en el cómputo del tiempo para establecer la caducidad el periodo que tarda el Superintendente en resolver la reclamación.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Determinación del inicio del cómputo del plazo de prescripción. Situación de fuerza mayor a raíz de la pandemia. Ley N° 21.226 fijó un régimen excepcional en el marco de los procesos y actuaciones judiciales en relación con los plazos, permitiendo ampliarlos. Excepción de prescripción, rechazada. Incumplimiento del deber de contar con un reglamento interno ajustado a la normativa vigente. Protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa resulta insuficiente y no cumple con los estándares exigidos por la normativa educacional. Determinación de la sanción. Multa aplicada se encuentra dentro del rango legal de sanciones aplicables a las infracciones menos graves.

Fecha Sentencia: 29/09/2021

Cita online: CL/JUR/75138/2021

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Hechos:

Sociedad sostenedora de establecimiento educacional interpone recurso de reclamación en contra de resolución de la Superintendencia de Educación, mediante la cual se le aplica multa por infracción a la normativa educacional. La Corte de Apelaciones rechaza el recurso de reclamación deducido.

Considerandos relevantes.

Quinto:  Que, por ello es que, el momento en que se suspende el término de la prescripción también fue interpretado mediante el citado Dictamen N° 1, señalándose que: «El plazo de prescripción de seis meses para perseguir administrativamente las eventuales infracciones establecidas en la ley, se suspende con la notificación del acto administrativo que ordene la instrucción del procedimiento y designa fiscal instructor», de esta manera, el acto que suspende el plazo de la prescripción fue la notificación de la resolución que ordenó la instrucción del procedimiento, por ello es que entre la fecha de la denuncia (14 de septiembre de 2020) y la fecha en que se entendió practicada la notificación por correo electrónico del 02 de noviembre de 2020, de la resolución que ordenó la instrucción del procedimiento y designó fiscal instructor (03 de noviembre de 2020), no transcurrió el plazo de 6 meses, por lo que la prescripción alegada en sede administrativa fue correctamente rechazada.

Octavo:8°. Que, en este caso se da una situación de fuerza mayor, producida por la pandemia. Es esta situación fuera de la normalidad, la que ha llevado a la autoridad administrativa a dictar la Resolución Exenta N° 180 de 26 de marzo de 2020 que con sus prórrogas operó hasta el treinta de agosto del año 2020, y a la autoridad legislativa a dictar la Ley N° 21.226, que fijó un régimen excepcional en el marco de los procesos y actuaciones judiciales en relación a los plazos, permitiendo ampliarlos, frente a las diversas contingencias que se derivan de la excepcionalidad en que la pandemia ha puesto el normal desarrollo de la vida del país. Esta situación excepcionalísima que ha mantenido al país en estado de excepción constitucional desde marzo del año 2020, lo que permite reconocer a la autoridad, la posibilidad de dilación en determinadas actuaciones, dentro de lo razonable atendido el contexto sanitario general; excepcionalidad que deriva, más allá de los márgenes establecidos por las normas dictadas al efecto de ampliación de plazo, lo que genera un retraso y retardo en las actuaciones que debe llevar adelante la administración. Y es en ese marco, en el que esta Corte reconoce que esa situación no permite un cumplimiento exacto e irrestricto en el cómputo de los plazos.

Décimo tercero: Que, como se advierte, respecto del primer sustento (73.01), aparece del acta de formulación del cargo conforme se dijo precedentemente, fueron señalados taxativamente los contenidos mínimos de los que carecía el «protocolo de actuación frente a cualquier evento violento, intimidación o acoso escolar» del establecimiento (contenido a fs. 154 y 155 del proceso administrativo).

Sobre una eventual conformidad del protocolo, lo cierto es que carece de las regulaciones mínimas exigidas por la Circular del Ramo, y que llevó al personal fiscalizador de ese Servicio a consignarlo en el acta de fiscalización, por lo que gozando de la presunción del artículo 52 inc. 2° de la Ley 20.529, era carga del recurrente desvirtuarla, lo que no aconteció, siendo que revisada la página web habilitada por el Ministerio de Educación y la del establecimiento, se observó que su actual protocolo sigue siendo idéntico al fiscalizado, siendo que los protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa deben ser correctamente reglados y definidos, no siendo atendible que sus regulaciones se tengan en distintas disposiciones de la normativa interna del establecimiento, siendo precisamente exigido que se cuente con un instrumento específicamente regulado para tal efecto, según se desprende de la normativa educacional.

Décimo cuarto: Que, el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación y su normativa complementaria, contemplan el deber de «contar» con un reglamento interno ajustado a la normativa vigente y el de «aplicarlo» correctamente, garantizando en su aplicación un justo procedimiento.

La resolución que aprobó el procedimiento concluyó que el protocolo del establecimiento resultó «incompleto, insuficiente y no cumple con los estándares exigidos por la normativa educacional, corroborándose todos y cada uno de los incumplimientos descritos en el Acta de Fiscalización, lo que precisamente se refiere al mismo razonamiento sobre los contenidos mínimos que tuvo que reglar en conformidad a la circular normativa y que se tuvieron por faltantes, no siendo una nueva imputación distinta al cargo de parte de la Autoridad Regional.

Finalmente, en cuanto que se le habría vedado de subsanar los hechos constatados y configurar la atenuante del artículo 79 letra a) de la Ley 20.529, no resultó efectiva por las razones ya señaladas. A su vez, el reclamante no acompañó antecedentes durante el proceso que diesen cuenta de haber subsanado, en absoluto, los hechos dentro del término indicado por el citado artículo 79 letra a), siendo su inactividad probatoria lo que conllevó la confirmación del cargo, por lo que esta afirmación debía también desecharse.

Décimo noveno: Que, finalmente, en cuanto a la proporcionalidad y la solicitud de rebaja de la sanción, lo cierto es que la sanción de multa de 51 UTM se encuentra comprendida dentro del rango legal de sanciones aplicables a las infracciones menos graves, conforme al artículo 73 letra b) de la Ley 20.529, cuya cuantía varía entre un mínimo de 50 y un máximo de 500 UTM, por lo que su quantum que se encuentra regulado en un rango muy inferior de la sanción pecuniaria aplicable a este tipo infraccional.


2. Corte de Apelaciones de La Serena.

Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación.  Caducidad en el Derecho Administrativo. Caducidad procedimental. Prescripción y caducidad son instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos.  Plazo de caducidad es de dos años y comienza a correr con el inicio de la investigación.  Multa aplicada a establecimiento por discriminación arbitraria. Insuficiencia probatoria para acreditar que se aplicó práctica educativa y modalidad de evaluación diferenciada a alumno con NEE.  Protección de estudiantes con NEE e interés superior del niño.

Fecha Sentencia: 20/09/2021

Cita Online: CL/JUR/74859/2021

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Hechos:

Colegio interpone recurso de reclamación en contra de la resolución del Superintendente de Educación, que rechazó el recurso de reclamación interpuesto por su parte en contra de la resolución de multa. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo deducido

Considerandos relevantes.

CUARTO: Que de la atenta lectura del precepto citado se desprende que consagra dos plazos a los cuales ha de atenderse; el primero, de seis meses, es uno de prescripción, que se cuenta desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho y que se suspende por el inicio de la investigación.

El segundo término previsto en la referida norma, que es de dos años, no es uno de prescripción sino que lo es de caducidad. En esta materia, se debe precisar que la caducidad es un concepto que posee diversos significados jurídicos, reconociéndose cuatro acepciones: «(i) Caducidad de acción o pretensión, que se encuentra asociada al plazo para la presentación de un recurso o acción jurisdiccional; (ii) Caducidad de derechos subjetivos sustantivos vinculados a un plazo máximo para ejercerlos; (iii) Caducidad sanción, como un mecanismo que prevé el ordenamiento jurídico con motivo del incumplimiento de las obligaciones o condiciones esenciales impuestas a sus titulares; (iv) Caducidad para ejercer una potestad administrativa, como un mecanismo de limitación de la actuación pública en el tiempo. (Luis Cordero Vega, en Lecciones de Derecho Administrativo, Thomson Reuters,segunda edición, año 2015, pág. 317).

Asimismo, el Profesor Cristian Román, en sus apuntes de Curso de Derecho Administrativo año 2018, 4ta parte, Universidad de Chile, señala: «Cabe destacar que en el Derecho Administrativo la caducidad también se presenta como: (a). caducidad contractual: causal de extinción de los contratos administrativos, cuando el contratista de la Administración incumple sus deberes contractuales y transcurren determinados plazos; y (b). caducidad procedimental (o perención) que tiene lugar cuando la excesiva duración de un procedimiento sancionador da lugar al bloqueo de la potestad sancionadora de la Administración que impedirá a ésta su ejercicio en el caso concreto».

En la especie, la caducidad consagrada en el mencionado artículo 86, pertenece a la última acepción jurídica, toda vez que, una vez transcurrido el plazo del tiempo previsto en el mencionado artículo 86, la autoridad administrativa, ipso iure, se encuentra imposibilitada de ejercer la facultad sancionatoria.

QUINTO: Que, en consecuencia, las normas previstas en la disposición transcrita permiten concluir que prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos, pero que conllevan a un mismo efecto en lo que concierne a la potestad sancionadora que detenta la Superintendencia de Educación: una vez que se cumple el respectivo plazo que determina su aplicación, tal autoridad administrativa no puede aplicar ningún tipo de sanción.

SEXTO: Que resta precisar, ahora, cuáles son los extremos de este plazo de caducidad de dos años, previsto en el inciso final del citado artículo 86, esto es, desde cuándo y hasta cuándo se ha de contar su duración.

Al respecto y teniendo presente que la propia ley señala que el inicio de la investigación respectiva suspenderá el plazo de prescripción, parece coherente con dicho precepto normativo que el plazo de duración máximo del procedimiento sancionatorio previsto en la citada disposición comience a correr al mismo tiempo que se produce la referida suspensión de la prescripción.

Dicha conclusión se asienta, además, en la consideración que la visita de fiscalización constituye evidentemente un acto de investigación y en el hecho que desde el momento en que se levanta la referida Acta de Fiscalización la reclamante tiene conocimiento de los cuestionamientos que se le formulan y desde entonces está en situación de reunir antecedentes o plantear alegaciones o solicitudes tendientes a justificar su conducta o, en general, de asumir la defensa de sus intereses.

SÉPTIMO: Que resta establecer cuál es la fecha en la que se produce el término del procedimiento administrativo. En esta materia, LA Excma. Corte Suprema ha resuelto que el procedimiento sancionatorio previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529 concluye con la resolución del Director Regional respectivo que decide sobreseer o aplicar sanciones, toda vez que ese es el acto que cierra el procedimiento sancionatorio, dando origen al proceso recursivo contemplado en la ley, que consta de etapas administrativas y judiciales, razón por la que no se debe incluir, en el cómputo del tiempo para establecer la caducidad, el periodo que tarda el Superintendente de Educación en resolver la reclamación prevista en el artículo 84 de la citada ley.

DECIMO SEXTO: Que en cuanto al último fundamento del cargo único, que se apoya en que el Colegio no presenta verificadores que permitan establecer las prácticas educativas y la aplicación de la modalidad de evaluación diferenciada a la estudiante, la resolución reclamada estima que no son suficientes los informes de las asignaturas de artes y tecnología, ciencias naturales, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, para establecer qué prácticas educativas y modalidad de evaluación diferenciada se aplicaron a la estudiante, teniendo en cuenta, que de acuerdo al certificado anual de estudios de 2018, en las asignaturas de ciencias naturales e Historia obtuvo promedio inferior a cuatro. No se observan en el expediente los informes de matemáticas y Lenguaje. Y los informes de la evaluadora académica, y los certificados de atención de la psicopedagoga, que pertenecen al establecimiento educacional, tampoco dan la información que se necesita para adoptar el convencimiento de que a la alumna se le aplicó una práctica educativa y modalidad de evaluación diferenciada, planteamiento con el que coinciden estos sentenciadores, del mismo modo que no puede considerarse fuerza mayor o caso fortuito el presunto incumplimiento en el plazo de parte de la apoderada de la alumna M.I.V.H., como tampoco hay prueba de las inasistencias de la menor a los refozamientos, al respecto cabe tener presente que de acuerdo a su certificado anual de estudios de fojas 159, registra un 93% de asistencia, lo que no se condice con la aseveraciones formuladas en tal sentido.

DECIMO SÉPTIMO: Que habiendo considerado la autoridad reclamada que las infracciones que se dieron por establecidas implicaron una discriminación arbitraria de la alumna, al privársele de su derecho a recibir una atención adecuada y oportuna, al tener necesidades educativas especiales, corresponde hacerse cargo de los reproches que realiza el reclamante en cuanto a que el concepto de discriminación no contendría actitudes omisivas como aquellas que se les endilgan, sino solo conductas activas efectuadas con dolo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de lo que se ha venido exponiendo emana que la no aplicación de los protocolos que el propio Colegio se ha dado, repugna con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, en cuanto a ahí se define que la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado propender a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad y es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño o pupilo, y con lo dispuesto en el artículo 10 letra a) de ese mismo texto legal, que establece que los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales y de este modo, el apartarse de esas directrices, conlleva incurrir en una discriminación arbitraria, al no considerar esas circunstancias educativas especiales en el desempeño en el aula, produciéndose desde esa perspectiva una desigualdad manifiesta con los alumnos que no tienen esas Necesidades Educativas Especiales y el consiguiente perjuicio para el alumno con NEE, como ocurrió en el caso en estudio, en que la falta de aplicación de los protocolos redundó en la repitencia de la alumna. Esto lleva necesariamente a rechazar el reclamo interpuesto.


3. Corte Suprema.

Reclamación en contra de la Superintendencia de Educación. Prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos. Inicio de la investigación suspende el plazo de prescripción. Desde denuncia al inicio de la investigación no transcurrió el plazo de seis meses previsto en la ley. Improcedencia de incluir en el cómputo del tiempo para establecer la caducidad el periodo que tarda el Superintendente en resolver la reclamación.

Fecha Sentencia: 10/05/2021

Cita Online: CL/JUR/52793/2021

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Hechos:

Reclamante se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de reclamación interpuesto en contra de resolución de la Superintendencia de Educación. La Corte Suprema rechaza el recurso deducido y confirma la resolución impugnada.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, en consecuencia, las normas previstas en la disposición transcrita permiten concluir que prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos, pero que conllevan a un mismo efecto en lo que concierne a la potestad sancionadora que detenta la Superintendencia de Educación: una vez que se cumple el respectivo plazo que determina su aplicación, tal autoridad administrativa no puede aplicar ningún tipo de sanción.

Séptimo: Que, para decidir lo relacionado con la alegación de prescripción, se debe tener presente que la ley señala que el inicio de la investigación suspende el plazo de prescripción, cuestión relevante, toda vez que, según se ha señalado por esta Corte, el procedimiento especial regulado en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, se inicia con la emisión del acta de fiscalización, hito desde el cual la reclamante tiene conocimiento de los cuestionamientos que se le formulan, encontrándose en situación de reunir antecedentes o realizar solicitudes tendientes a justificar su conducta, razón por la que la alegación de prescripción debe rechazarse, pues desde que según se expone en el acta de fiscalización de 3 de mayo de 2018, en que se constatan las omisiones constitutivas de las infracciones que se atribuyen a la reclamante, la autoridad recibió una denuncia de los hechos el día 2 del mismo mes y año, razón por la que no transcurrió el plazo de seis meses previsto en el artículo 86 de la ley antes referida.

Es más, aun cuando se estimara que este acto no tiene la virtud de iniciar el procedimiento administrativo, igualmente la alegación debe ser rechazada, toda vez que en el caso concreto el acto de autoridad que de manera expresa ordena instruir el procedimiento administrativo, es la Resolución Exenta N° 2018 /PA/08/0720 de 22 de mayo de 2018.

En consecuencia, establecida la vigencia inicio del procedimiento, sea el 3 o el 22 de mayo de 2018, lo cierto es que en la especie no transcurre de modo alguno el plazo de seis meses, pues desde que se recibe la denuncia de hechos que constituyen una infracción a la normativa educacional, hasta la fecha en que se produce la suspensión del plazo de prescripción, sólo había transcurrido 1 o 20 días, razón por la que esta alegación debe ser rechazada, sin que tenga asidero la alegación de la actora respecto que la suspensión quedaría sin efecto al aprobarse el procedimiento administrativo y seguiría corriendo hasta resolver el recurso de reclamación, pues en la especie el plazo queda suspendido hasta que se resuelve el procedimiento, lo que ocurre con la Resolución Exenta N° 2018/PA/16/0144 de 6 de noviembre de 2018, sin que este comience a computarse nuevamente.

Noveno: Que en esta materia, esta Corte ha resuelto con anterioridad, que el procedimiento sancionatorio previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, concluye con la resolución del Director Regional respectivo, que decide sobreseer o aplicar sanciones, toda vez que ese es el acto administrativo que cierra el procedimiento sancionatorio, dando origen al proceso recursivo contemplado en la ley, que consta de etapas administrativas y judiciales, razón por la que no se debe incluir en el cómputo del tiempo para establecer la caducidad, el periodo que tarda el Superintendente de Educación en resolver la reclamación prevista en el artículo 84 de la citada ley, debido a que dicho recurso, como se dijo, no forma parte del referido procedimiento administrativo.