Ley N° 21.379, Modifica y complementa la ley Nº 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia

(Publicada en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 2021)

Objetivo de la ley

El nuevo texto legal tiene por objeto hacer frente a los efectos del término del estado de excepción constitucional en los distintos procesos judiciales, prorrogando la normativa vigente que estableció un régimen jurídico de excepción producto de la pandemia.

A través de la presente ley, se da continuidad al sistema de justicia por un plazo razonable y acotado, hasta el 30 de noviembre del año en curso, con el fin de mantener el régimen de excepción para los procesos ante tribunales, las audiencias y actuaciones judiciales, y una serie de acciones que se adoptaron para dar seguridad a la salud de las personas.

De esta forma, se permitirá generar un espacio de tiempo adecuado para que los tribunales de justicia y los demás actores institucionales que intervienen en los sistemas de justicia puedan ir proyectando e implementando las medidas necesarias para darle continuidad a los servicios, una vez que expire la vigencia de la Ley N° 21.226.

Contenido de la ley

En concreto, la norma contempla la derogación de un artículo que se refiere a la suspensión de los términos probatorios en materia civil y se incorpora un artículo que prolonga de manera acotada y breve la vigencia de la ley N° 21.226 hasta el 30 de noviembre de 2021 (10 días hábiles posteriores a esa fecha).

Por otra parte, se introduce una disposición que regula la forma en que se retomarán los términos probatorios, lo que se hará a petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la respectiva solicitud.

Modificaciones legales

La norma en comento modifica la Ley N° 21.226, que Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile.

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Ley N° 21.371, Establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal

(Publicada en el Diario Oficial de 29 de septiembre de 2021)

La nueva normativa, surge en el contexto de los múltiples casos de muertes gestacionales que afectan a tantas familias en nuestro país, como una forma de acompañamiento multidisciplinario.

El texto legal promulgado el día 21 de septiembre 2021, es conocido popularmente como “Ley Dominga”, en virtud del caso de Aracelly Brito, quien sufrió la muerte de su hija Dominga, de 36 semanas de embarazo y denunció un trato deshumanizado en la clínica que la atendió.

Contenido de la ley

En términos generales, la ley promueve que las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, cuenten con un protocolo universal en caso de muerte perinatal, con manejo clínico y acompañamiento psico-emocional acorde, para contener a la madre, al padre y al núcleo más cercano del nonato o mortinato fallecido.

Por su parte, se establece que, en caso de muerte de un hijo, todo trabajador tendrá derecho a diez días corridos de permiso pagado. En caso de la muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tendrá derecho a un permiso similar, por siete días corridos.

Igual permiso se aplicará, por siete días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, y por tres días hábiles, en caso de la muerte del padre o de la madre del trabajador.

Cabe señalar, que la muerte gestacional ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre de su madre. En el caso de alcanzar las 28 semanas o inclusive nacer y superar la primera semana de vida, pero ocurre el deceso, entonces se habla de muerte perinatal.

Modificaciones

La norma en comento modifica los siguientes cuerpo legales:

– Ley N° 20.584, Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud
– Código del Trabajo

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Ley N° 21.373, Suspende la realización de la evaluación docente, por el año 2021, debido a la pandemia mundial de COVID-19

(Publicada en el Diario Oficial de 29 de septiembre de 2021)

En virtud de la Ley N° 21.272, publicada en octubre de 2020, se dispuso la suspensión de la evaluación docente por dicho año, debido a la pandemia mundial de COVID19. Este texto legal facultó a los profesionales de la educación para no rendir, durante el año 2020, los instrumentos de evaluación contemplados en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican, correspondientes al Sistema Nacional de Reconocimiento y Promoción del Desarrollo Profesional Docente; y para no rendir la evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de docencia de aula.

Considerando que habiendo transcurrido un año desde el inicio de la pandemia, y que las condiciones que sirvieron de fundamento para aprobar la suspensión de la evaluación docente se han mantenido en el tiempo e incluso agudizado, se decidió suspender nuevamente la evaluación docente por el año 2021.

Modificaciones legales

La nueva normativa modifica la Ley N° 21.272, que Suspende la realización de la evaluación docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid-19.

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Ley N° 21.374, Modifica la ley Nº 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, en relación con el destino de determinados dineros en beneficio de los Cuerpos de Bomberos de Chile

(Publicada en el Diario Oficial de 28 de septiembre de 2021)

Antecedentes

Nuestro país ha reconocido la importancia de la función de Bomberos de Chile y su fundamental rol en situaciones de catástrofes.

A pesar de ser ampliamente reconocida la importancia de la función de Bomberos de Chile en nuestro país, es importante consignar que los recursos con los que cuenta actualmente son insuficientes para multiplicidad de emergencias que tienen que cubrir los más de 50.000 voluntarios desplegados en todo el país. Por lo que se hace necesario establecer nuevas vías de financiamiento para Bomberos de Chile, considerando la enorme ayuda que prestan al país ante la ocurrencia de calamidades y emergencias.

Contenido de la ley

El texto legal dispone que los dineros de fondos mutuos o fondos de inversión no cobrados por los respectivos partícipes, dentro del plazo de 5 años desde la liquidación del fondo, deberán ser entregados por la respectiva administradora a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, de conformidad a lo establecido en el artículo 117 de la ley Nº 18.046 y el artículo 45, letra c), de su Reglamento, para su posterior distribución a los Cuerpos de Bomberos del país.

Los dineros correspondientes a dividendos, repartos de capital y todo otro beneficio en efectivo que no hayan sido cobrados por los respectivos partícipes de fondos mutuos o fondos de inversión liquidados hace más de 5 años desde la entrada en vigencia de esta ley, podrán entregarse a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para su posterior distribución a los Cuerpos de Bomberos del país.

Para tales efectos, la administradora procederá a notificar a los partícipes que no hubieren cobrado los mencionados beneficios en el plazo antes señalado, mediante una publicación que hará en un diario de circulación nacional y otra posterior en el Diario Oficial.

Modificaciones legales

La presente normativa, modifica la Ley N° 20.712, sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales y deroga los cuerpos legales que indica.

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