1. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Infracción a la Ley N° 19.496. Pérdida de equipaje por parte de compañía aérea. Indemnización de perjuicios de carácter legal con ocasión de la pérdida del equipaje. Improcedencia de aplicar el artículo 172 Código Aeronáutico si no se ha acreditado el dolo o culpa del transportador.

2. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Infracción a la Ley Nº 19.496. Negativa de empresa de transporte aéreo de transportar la silla de ruedas eléctrica. Querellada no ha infringido la Ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Existencia de causa racional y exenta de discriminación para obrar. Omisión negligente del deber de la Aerolínea de informar a las actoras las exigencias y condiciones precisas para el transporte de la silla de ruedas eléctrica.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Infracción a la Ley N° 19.496. Desperfecto en el avión y condiciones meteorológicas que impedían el aterrizaje en la losa del aeropuerto constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. Incumplimiento del contrato por hechos ajenos a la voluntad de la compañía aérea.


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1. Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Infracción a la Ley N° 19.496. Pérdida de equipaje por parte de compañía aérea. Indemnización de perjuicios de carácter legal con ocasión de la pérdida del equipaje. Improcedencia de aplicar el artículo 172 Código Aeronáutico si no se ha acreditado el dolo o culpa del transportador.

Fecha Sentencia: 28/12/2020

Cita online: CL/JUR/181640/2020

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Hechos:

Demandado por infracción a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor se alza contra la sentencia que hizo lugar a la demanda. La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado en lo relativo al pago de las costas y confirma en lo demás, con declaración.

Considerandos relevantes.

Décimo tercero:  Que, en lo pertinente a los daños consignados en el fallo en revisión, en general, y del daño material, en su fase de emergente, en particular, necesario es consignar que el artículo 3 inciso 1° literal e) de la Ley, prescribe que «Son derechos y deberes básicos del consumidor: e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada u oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley de franquea», norma que guarda armonía con el artículo 23 de la Ley que prescribe «Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio», ambas normas resultan compatibles con el artículo 12 de la Ley que estatuye «Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones, modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio»

Décimo cuarto:  Que, a su turno el Código, en su artículo 142, prescribe que «En virtud del contrato de transporte, el transportador es obligado a indemnizar los daños causados con motivo u ocasión del transporte, en la forma y dentro de los límites establecidos en este código». De otro lado, el artículo 148 del Código, previene que «La destrucción, pérdida o avería del equipaje que se produjere durante el transporte aéreo de éste, o el retardo en su transporte, serán indemnizados con una cantidad equivalente a cuarenta unidades de fomento por cada pasajero». En consecuencia, nos encontramos, al igual que en el artículo 1559 del Código de Bello, en presencia de una indemnización de perjuicios de carácter legal, con ocasión de la pérdida del equipaje, norma que es compatible con el carácter objetiva de la responsabilidad que se pretende hacer efectiva en esta causa y que debe ser, necesariamente, observada por los tribunales de justicia; luego, esta Corte procederá a confirmar con declaración, la sentencia en alzada, en cuanto a reducir la indemnización de perjuicios por daño emergente, sólo en lo pertinente a la pérdida del equipaje, a la suma de $1.079.322. (Un millón setenta y nueve mil trescientos veintidós pesos), esto es, equivalente a 40 unidades de fomento al valor de dicho índice al día 18 de abril de 2018, esto es, $26.983,06, data de ocurrencia del hecho que motivó el libelo de autos, no aplicando el artículo 172 del Código, desde que conforme la denunciante no acreditó debiendo hacerlo el dolo o culpa a que alude la norma en comento.


2. Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Infracción a la Ley Nº 19.496. Negativa de empresa de transporte aéreo de transportar la silla de ruedas eléctrica. Querellada no ha infringido la Ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Existencia de causa racional y exenta de discriminación para obrar. Omisión negligente del deber de la Aerolínea de informar a las actoras las exigencias y condiciones precisas para el transporte de la silla de ruedas eléctrica.

Fecha Sentencia: 03/11/2020

Cita Online: CL/JUR/128052/2020

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Hechos:

Querellante y demandante infraccional interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, que no da lugar a la querella por infracción a la -Ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad- y por acoger solamente la querella infraccional por la Ley N° 19.496. analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca la sentencia en cuanto no hace lugar a las costas de la causa solicitadas por las demandantes, con voto en contra.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que en cuanto al error consignado por la parte querellante y demandante infraccional en relación con la sentencia de primera instancia, referida como error N° 1, a saber, » que el sentenciador estimaría que los hechos fundantes de la querella infraccional por la Ley N° 20.422 serían los mismos que amparan la querella infraccional por la Ley N° 19.496. » , con vulneración al principio de razón suficiente y contravención al principio de inexcusabilidad, cabe precisar lo siguiente :

Que no obstante el recurrente pretende justificar esta diferenciación en que respecto a la infracción de los artículos 57 y 58 de la Ley N° 20.422 los hechos consistirían en » una conducta activa de trato discriminatorio, por arbitrariedad, verificada desde el día 22 de agosto del 2018(sic) ( 20 de agosto del 2018 ), en el counter del aeropuerto, al exigirse separarse de su silla de ruedas eléctrica, prolongándose sus efectos por cerca de 40 días en que Francisca permaneció postrada «. En tanto que, la infracción al artículo 3° de la Ley 19.496 consistiría en : » la conducta omisiva al deber de información por parte del prestador en un contrato de transporte aéreo…..y que suceden los días 20, 21 y 22 de agosto del 2018( sic), esto es, desde que adquieren el pasaje aéreo y hasta que llegan al counter » ; ello no solo devela una confusión de fechas del recurrente, toda que está asentada en su propia querella que los pasajes fueron adquiridas el día 18 de agosto del 2018 y no el día 20 del mismo mes y año, como consigna en su apelación ; mismo error que se replica en la infracción al deber de información que se denuncia.

Sin embargo, el yerro principal del recurrente radica en que pretende descomponer cronológicamente unos mismos hechos, con el fin de atribuirle consecuencias jurídicas diversas. En efecto, el hecho único y central que se encuentra indubitado y probado en el proceso, es que el día 20 de agosto del 2018, aproximadamente a las 14:46 horas, previa adquisición por un tercero, las Sras. Blanca Cecilia Acevedo Pino y su hija Francisca Alejandra de Pablo Acevedo abordaron el vuelo LA95 en el aeropuerto de Santiago con destino a la ciudad de Punta Arenas, sin que a esta última, quién padece una discapacidad física denominada » tetraparesia espástica severa 2° grado por asfixia perinatal » se le permitiera transportar por parte de personal de Latam la silla de ruedas eléctrica con la cual se desplazaba.

Sin duda que este hecho central, tiene antecedentes anteriores y posteriores que lo precisan y determinan; sin embargo, ellos no son suficientes para considerar que se trata de hechos distintos que motiven ser subsumidos en normas legales distintas como pretende el recurrente.

Por lo demás, cabe preguntarse si esta negativa del funcionario del counter de Latam a que se alude, de transportar la silla eléctrica de la pasajera Francisca de Pablo Acevedo desde la ciudad de Santiago hacia Punta Arenas, el día y hora en comento, obedece a una discriminación en los términos del artículo 6° letra a) de la Ley N° 20.422, o más bien a un celo por la seguridad en la aeronavegación y el tratamiento que debe dársele al transporte de elementos eventualmente peligrosos como las baterías de una silla de ruedas eléctrica, máxime si no es efectiva la aseveración del recurrente en cuanto a que personal le exige a Francisca de Pablo separarse de su silla de ruedas eléctrica, y menos, por 40 días que habría permanecido postrada ; puesto que lo anterior fue una opción a la que voluntariamente optaron las recurrentes, toda vez que no han negado la aseveración de Latam en cuanto a que ésta habría ofrecido reprogramarles el vuelo o, incluso, transportar la silla de ruedas con posterioridad, previa aclaración o entrega de documentación del tipo de baterías que portaba la misma.

De esta manera, la negativa de transportar la silla de ruedas indicada por parte de Latam, al tratarse de una silla eléctrica, sin la documentación que especificara y aclarara las condiciones de las baterías que portaba, no parece adscribirse o subsumirse en una acción arbitraria o ilegal en los términos del artículo 57 de la Ley N° 20.422 ; sino más bien en un celo por el resguardo de la seguridad en la aeronavegación, independientemente que ella se encuentre justificada o no, lo que para estos efectos carece de relevancia, en cuanto lo relevante es si existe una causa racional y exenta de discriminación para obrar de la manera que hizo la funcionaria del counter, como se reclama.

En otro orden de consideraciones al efecto, si bien es efectivo que el juez sentenciador tiene el deber de pronunciarse en la sentencia respecto de todas las acciones y excepciones opuestas, en virtud al principio de inexcusabilidad a que se alude y no obstante que el mismo juez, en el considerando décimo, parte final, dice que no emitirá pronunciamiento en relación a la denuncia por infracción a la ley N° 20.422, en el mismo considerando, argumenta su eventual rechazo en se trataría de unos mismos hechos que los denunciados por infracción a la Ley N° 19.496 en esta misma causa, en virtud al principio non bis in idem ; por lo que en definitiva esta Corte considera más bien que los mismos y por las razones precedentemente expuestas no son subsumibles en los artículos 57 y 58 de la Ley N° 20.422. por lo que en definitiva, se rechazará acoger la querella y demanda infraccional a este respecto.

DECIMO NOVENO : Que si bien la querellada y demandada infraccional ha centrado su apelación en que el sentenciador al fallar como lo hizo, se habría basado única y exclusivamente en algunos antecedentes sin precisar el caso en su totalidad, en los cuales aparece que Latam informó oportuna y verazmente a las actoras en relación a los requisitos que debía cumplir al volar con una silla de ruedas eléctrica, lo cual quedaría en evidencia con la información aportada en el sitio web de su representada, cabe precisar que tal información es algo confusa o, al menos, no del todo completa, puesto que las exigencias, tantas veces esgrimidas en esta causa, en cuanto a que la actora debía acompañar su silla de ruedas eléctrica con una etiqueta que indicara la capacidad de sus baterías o, en su defecto, una ficha técnica de la silla en el aeropuerto, por su ubicación, para estar referida solamente a aquellas sillas de ruedas cuyas baterías fueran de litio, sin embargo, lo que sostuvieron reiteradamente las actoras, era que la silla de ruedas si bien era eléctrica, no eran de lio, sino tipo scooter.

Debido a lo anterior, precisamente, las actoras se comunican previamente al viaje con la demandada para dar cuenta que viajarían con esta silla de ruedas eléctrica, según dan cuenta los correos electrónicos acompañados, para recibir instrucciones al efecto, sin que recibieran información alguna, hasta el día y hora en que se apersonaron al counter de la compañía aérea demandada con la silla de ruedas en comento, generándose la situación de menoscabo y agravio que se consigna en la sentencia aludida.

Ello, se encuentra acreditado en el juicio, a través de los correos internos de la Demandada Latam, fojas 235, donde se consigna que: » Al revisar la reserva, la ejecutiva que tomó el llamado e ingresó la información en el sistema, no trabajó de acuerdo al flujo de estos casos. En el cual se debe ingresar en la reserva el tipo de silla de ruedas, si es manual o eléctrica. Si corresponde a una silla eléctrica, indagar el tipo de batería, duración. Por lo tanto, desde el primer contacto no se pudo advertir a pasajera que si llevaba batería de litio, debía ir de acuerdo a protocolo…..Priscila Carvajal A., Ejecutiva Servicio al Cliente «.

De esta manera se configura la omisión negligente en la prestación del servicio que motiva la indemnización de perjuicios, en este caso de índole extrapatrimonial, el cual se acreditó en autos, y la relación de causalidad inmediata entre tal negligencia y el resultado dañoso indicado, en los términos que se indicarán más adelante.


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Infracción a la Ley N° 19.496. Desperfecto en el avión y condiciones meteorológicas que impedían el aterrizaje en la losa del aeropuerto constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. Incumplimiento del contrato por hechos ajenos a la voluntad de la compañía aérea.

Fecha Sentencia: 08/06/2020

Cita Online: CL/JUR/37295/2020

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Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado, rechaza la denuncia infraccional y la acción civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que de los antecedentes mencionados, es indudable que al momento en que la querellante debía realizar el viaje convenido primitivamente, la querellada se encontraba en una situación de fuerza mayor sobreviniente, cual era, según se ha dicho, un desperfecto de la nave y, condiciones meteorológicas que impedían el aterrizaje en la losa del aeropuerto; razón por la cual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Código Aeronáutico se encontraba facultada para el retraso del vuelo a la hora inicialmente programada, de no hacerlo hubiera puesto en peligro a la tripulación y pasajeros.

NOVENO: Que, en definitiva, la tesis de la línea aérea de no caberle responsabilidad en el hecho denunciado, en razón de calificar el retraso del vuelo como un caso fortuito o fuerza mayor, se da por establecido desde que la colocó en una situación de imposibilidad en el cumplimiento de las obligaciones que le imponía el contrato de transporte.

En efecto, si bien la querellada incumplió el contrato primitivo, no es menos cierto que tal incumplimiento fue involuntario de su parte, ya que se produjo por hechos ajenos a su voluntad, sin que le sean imputables, situación que trae aparejada que la primitiva obligación se extinga sin responsabilidad para ella.