1. Corte Suprema. Restitución de inmueble arrendado. Litis pendencia, concepto y requisitos de procedencia. Hipótesis de concurrencia de la excepción de litis pendencia. Controversia planteada solo respecto del elemento de la identidad en la causa de pedir. Suficiencia probatoria para acreditar la identidad de la causa de pedir entre ambos litigios. Pretensión deducida en ambos procesos es la misma.

2. Corte Suprema. Cumplimiento ejecutivo de obligación de dar. Requisitos de procedencia de la litis pendencia. Incumplimiento de los requisitos de la litis pendencia. Excepción de litis pendencia rechazada. Litis pendencia por conexidad. Ausencia de la necesaria conexión de los procesos en contraste.

3. Corte de Apelaciones de Concepción. Resolución de contrato con indemnización de perjuicios. Identidad legal de las personas, aunque en los procesos en cuestión hayan cambiado de rol o posición procesal. Incumplimiento del requisito de idéntico objeto pedido e igual causa de pedir.  Definición de causa de pedir. En ambos procesos es diverso el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Incumplimiento del requisito de identidad de causa de pedir. Excepción de litispendencia, rechazada.


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1. Corte Suprema.

Restitución de inmueble arrendado. Litis pendencia, concepto y requisitos de procedencia. Hipótesis de concurrencia de la excepción de litis pendencia. Controversia planteada solo respecto del elemento de la identidad en la causa de pedir. Suficiencia probatoria para acreditar la identidad de la causa de pedir entre ambos litigios. Pretensión deducida en ambos procesos es la misma.

Fecha Sentencia: 26/07/2021

Cita online: CL/JUR/63960/2021

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Hechos:

Demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la excepción de litis pendencia y en consecuencia omitió pronunciamiento sobre la demanda interpuesta. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

CUARTO: Que, al respecto, resulta útil tener presente que la expresión litis pendencia encuentra su origen en la voz «litis» que significa «proceso» y en la locución «pendere», que quiere decir «estar pendiente», de tal forma que su finalidad etimológica será dar cuenta de un «proceso pendiente».

Dicho lo anterior y conforme lo ha señalado anteriormente este Tribunal, se hace indispensable apuntar que no encontramos un concepto ni una reglamentación particular acerca de la excepción de litis pendencia en nuestra legislación procesal.

Con todo, la doctrina coincide en sostener que tal defensa tiene lugar cuando concurren dos litigios entre las mismas partes, seguidos ante el mismo o diverso tribunal, siempre que versen sobre idéntico objeto pedido y con demandas basadas en la misma causa de pedir.

De lo expresado es posible concluir que para su configuración es necesaria la existencia de la triple identidad, de personas, objeto y de causa de pedir, esto es, las mismas que se exigen para la cosa juzgada, difiriendo ambas instituciones en que, tratándose de la excepción en examen, el juicio que le da origen debe estar pendiente, puesto que, de lo contrario, procedería la excepción de cosa juzgada.

Al respecto, el autor Giuseppe Chiovenda ha señalado que: «así como el mismo litigio no puede ser decidido más de una vez (exceptio rei judicate), tampoco puede estar simultáneamente pendiente más de una relación procesal entre las mismas personas acerca del mismo objeto. El demandado, por lo tanto, puede excepcionar que el mismo pleito está ya pendiente ante el mismo o diferente juez, para que el segundo sea objeto de una sola decisión por parte del juez primeramente acudido». (Chiovenda, Giuseppe (1925/Principios de derecho procesal civil. Madrid: Editorial Reus. Tomo ii).

QUINTO: Que, en consecuencia, constituyen presupuestos de procedencia de la defensa en comento: a) la concurrencia de triple identidad, en los términos previstos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y b) la existencia de un litigio anterior que se encuentre pendiente.

SEXTO: Que en este sentido esta Corte ha señalado que la excepción de litis pendencia tiene lugar cuando se promueve ante un tribunal el mismo negocio ya ventilado ante él u otro y, por consiguiente, supone que hay identidad de partes, de objeto y de causa de pedir entre la primera y la segunda demanda; y su propósito es el de evitar que se dicten fallos contradictorios o incompatibles en desmedro de la buena administración de justicia, como el prevenir y resguardar la autoridad de la cosa juzgada. (Sentencia Corte Suprema, causa rol 12.909 14).

OCTAVO: Que de lo anterior se desprende que la controversia que se plantea por el recurso de nulidad queda acotada al elemento de la identidad en la causa de pedir de los procesos involucrados, de modo que su resolución pasa por resolver si en la especie se configura dicho presupuesto en relación a ambas causas.

La causa de pedir es definida en el inciso final del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, es decir, la razón o fundamento de la petición que se formula. En doctrina se la ha definido como el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho que se reclama o a la excepción que se opone. También se dice que es la razón de derecho en virtud de la cual se reclama el objeto o cosa que se pide en la demanda.

Del propio concepto de la causa de pedir se desprende que en ella se presentan dos tipos de fundamentos: inmediatos y mediatos, lo que ha dado origen a dos teorías, la de la causa inmediata o próxima y la de causa exclusiva o remota. En la primera, la causa de pedir la constituye sólo la causa próxima o inmediata, sin importar las causas lejanas o remotas. Para los partidarios de esta tesis, para determinar cuándo concurre la identidad en cuestión por ejemplo en dos demandas de nulidad por vicios del consentimiento, debe atenderse a la categoría del vicio, así por ejemplo si se invoca el error este se extiende a todos los demás, como la fuerza y el dolo, aun cuando no se hubieren hecho valer, de modo que no podría renovarse la acción de nulidad por estos últimos, porque la sentencia produce cosa juzgada respecto de todos los vicios que corresponden al grupo, en razón de la identidad de causa. La segunda, corresponde a la teoría más moderna, la que no distingue entre causa próxima y remota, sino que se acepta como causa de pedir el vicio particular que se hace valer en la demanda, para fundamentar la pretensión.

La primera teoría, resulta injusta de aplicar en nuestro sistema porque abarca un espectro difuso e insospechado de fundamentos inmediatos del derecho que se deduce en juicio y que, contrario a ello, la postura de la causa exclusiva o remota es la que más se ajusta a nuestro Código de Enjuiciamiento Civil por las siguientes razones: a) el demandante debe enunciar en forma precisa y clara las peticiones que somete a la decisión del tribunal, según artículo 254 N° 5 del citado texto legal; b) el juez al recibir la causa a prueba debe fijar en la misma resolución los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debe recaer de acuerdo al artículo 318 del mismo texto legal y c) si el juez resuelve en la sentencia más allá de lo pedido por las partes, la sentencia incurre en ultrapetita.

Nuestra jurisprudencia ha evolucionado sobre la materia hacia el reconocimiento de la doctrina moderna.

Así el criterio que ha de seguirse para encontrar la causa de pedir consiste en atender a la decisión de los primeros jueces, esto es, a lo que en el caso concreto fue discutido y resuelto, lo que en el ámbito de la litis pendencia, se traduce en lo que se discute y debería ser resuelto en los pleitos pendientes.

NOVENO: Que confrontados los procesos aparece que en ambos la pretensión principal es la restitución del inmueble materia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes por haber hecho uso el arrendador del derecho a ponerle término al mismo.

De modo que la identidad de la causa de pedir entre ambos litigios es evidente, pues el negocio jurídico que trasciende en ambos casos es el mismo, el contrato de arrendamiento y particularmente su terminación por decisión de no perseverar en el mismo del arrendador en el marco de lo acordado al respecto en la referida convención. Aceptar lo que postula el recurrente en orden a que los procesos se sustentan en comunicaciones de término distintas, de diferentes fechas incluso, no altera lo anterior, pues el fundamento jurídico involucrado y que sirve de sustrato a ambos pleitos, es el mismo. La razón de la pretensión deducida en uno y otro es la misma. Por lo demás, la propia recurrente reconoce en su arbitrio de nulidad que la existencia de la segunda carta de comunicación de la terminación del contrato de arrendamiento se debió a que en la primera se incurrió en un error en razón a lo estipulado. Sin embargo, la interposición de una nueva demanda no era la vía para subsanar dicha falta, encontrándose pendiente el juicio que por los mismos fundamentos había impetrado, pues dicho actuar resulta contrario a la buena fe procesal y determina hipótesis de resoluciones contradictorias en el evento de mantenerse los pleitos; situaciones que precisamente el instituto de la litis pendencia pretende evitar o corregir.


2. Corte Suprema.

Cumplimiento ejecutivo de obligación de dar. Requisitos de procedencia de la litis pendencia. Incumplimiento de los requisitos de la litis pendencia. Excepción de litis pendencia rechazada. Litis pendencia por conexidad. Ausencia de la necesaria conexión de los procesos en contraste.

Fecha Sentencia: 05/05/2021

Cita Online: CL/JUR/52702/2021

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Hechos:

Ejecutante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó la resolución que acogió la excepción del artículo 464 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, poniendo término a la ejecución. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

NOVENO: Que el tercero y último requisito señalado por nuestra ley procesal civil para que tenga lugar la litis pendencia es la identidad de la causa de pedir, entendida como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Y al revisar los pleitos en contraste resulta cierto el planteamiento formulado por el recurrente, pues mientras en este juicio la pretensión del demandante Banco de Chile se funda en un título ejecutivo que lo habilita para accionar compulsivamente contra el deudor, en la tercería de prelación el sustento de la demanda es el derecho preferente de pago invocado en razón de la garantía hipotecaria que ostenta respecto del inmueble embargado.

DECIMO: Que lo razonado impone concluir que, al contrastar el presente juicio ejecutivo con la demanda de tercería de prelación conocida por el Primer Juzgado Civil de Concepción bajo el rol N° 5093 2016, no concurre ninguno de los elementos de la denominada triple identidad que estatuye el artículo 177 de Código de Procedimiento Civil. Por ende, la recta aplicación del referido precepto debió conducir a los juzgadores a desestimar la excepción del artículo 464 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.

DECIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de las consideraciones reseñadas, lo cierto es que aun en el supuesto de admitir la procedencia de la categoría doctrinaria de litis pendencia por conexidad, no se aprecia en este caso concreto la necesaria conexión de los procesos en contraste. Primero, porque no estamos en presencia de una situación donde se presente una triple identidad imperfecta, sino que, tal como se constató en los basamentos que anteceden, derechamente no concurre ninguno de los elementos de identificación. Seguidamente, porque la conexión entre ambos procesos se diluye en razón de la propia naturaleza de una demanda de tercería de prelación, pues esta tiene lugar dentro de un juicio ejecutivo ajeno y en donde el derecho que se hace valer es una preferencia para el pago de una acreencia. Y esto último tiene relevancia en aspectos tales como que el tercerista no fue quien inició la ejecución ni controla el impulso procesal de aquella, quedando su pretensión supeditada a la conducta del allí ejecutante. Tampoco se aprecia un litigante de mala fe que inició varios procesos coetáneamente, ya que la demanda de tercería no surgió como una acción espontánea, sino provocada por la acción ejecutiva de un tercero, quien, al embargar un inmueble del deudor, citó al Banco de Chile para que concurriera a ejercer sus derechos prevalentes como acreedor hipotecario. Todo lo cual refuerza lo que se viene razonando, esto es, que el Banco de Chile al interponer la demanda de tercería de prelación lo hizo para pagarse preferentemente con el producto de la subasta, no con el propósito de ejecutar al deudor; es decir, su finalidad no era otra que proteger un derecho prevalente para el evento que, por interés de otro acreedor, finalmente se subaste un inmueble sobre el cual detenta una garantía hipotecaria.

Pero aún más, cabe recordar que el propósito de la litis pendencia, junto con precaver el riesgo de sentencias contradictorias y resguardar en proyección el efecto de cosa juzgada, es también evitar juicios inútiles. Y lo cierto es que el presente proceso ejecutivo no pierde su utilidad por la mera circunstancia de existir una demanda de tercería de prelación en otra ejecución, sino muy por el contrario, es en este juicio no en la tercería donde el acreedor acciona compulsivamente contra el deudor para satisfacer su crédito.


3. Corte de Apelaciones de Concepción.

Resolución de contrato con indemnización de perjuicios.  Identidad legal de las personas, aunque en los procesos en cuestión hayan cambiado de rol o posición procesal. Incumplimiento del requisito de idéntico objeto pedido e igual causa de pedir.  Definición de causa de pedir. En ambos procesos es diverso el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Incumplimiento del requisito de identidad de causa de pedir. Excepción de litispendencia, rechazada.

Fecha Sentencia: 03/03/2021

Cita Online: CL/JUR/45063/2021

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Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca la resolución impugnada y dispone que no se hace lugar a la excepción dilatoria de litispendencia promovida por la parte demandada.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que, en lo que toca a la identidad legal de las personas, la doctrina ha destacado que ésta se cumple cuando se constata la misma calidad jurídica entre los sujetos del proceso anterior y del proceso ulterior, aunque en el nuevo juicio cambien de rol» y que nuestra legislación no señala quien tiene la calidad de parte ni como ésta se adquiere. Frente a tal omisión, para esclarecer tales cuestiones se debe aplicar la precisión teórica, comúnmente admitida, según la cual la calidad de parte se adquiere por el solo hecho de la proposición de una demanda ante el juez, o por el solo hecho de figurar como demandante o demandado en el proceso» (Alejandro Romero Seguel, La Cosa Juzgada en el Proceso Civil Chileno, Editorial Jurídica, 2002, pág. 56 y 62).

Sobre este aspecto, la Excma. Corte Suprema ha determinado que «queda en evidencia que, tratándose de iguales personas jurídicas que en ambos pleitos actúan invariablemente como expropiante y expropiado, el hecho de cambiar de rol o posición procesal no implica que no puedan ser consideradas como legalmente idénticas para estos efectos (Corte Suprema, sentencia de 19 de agosto de 2019, ROL 22.111 2018).

SEXTO: Que, conforme a lo dicho más arriba, del mérito de los antecedentes acopiados aparece que las partes, en uno y otro proceso, son las mismas, esto es, en causa ROL C 213 2019, seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción y en causa ROL C 325 2017 seguida en el Segundo Juzgado Civil de Concepción, aunque en posiciones disímiles, es decir, en el primero de éstos como demandante el señor M y como demandada la Municipalidad de Chiguayante y en el segundo, la demandante es la citada entidad edilicia y el demandando M, concurriendo de este modo la primera exigencia.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al requisito de que han de versar sobre idéntico objeto pedido e igual causa de pedir, es necesario señalar en lo que refiere al primero de éstos, como expresa el profesor Cristian Maturana, que «no debemos atender a la materialidad del objeto que se reclama, sino al beneficio jurídico cuyo reconocimiento se solicita mediante la interposición de la demanda. Cuando la pretensión discutida es la misma, existe identidad de cosa pedida no obstante que, a través de ella, se pretendan cosas materiales distintas. Por el contrario no nos encontramos en presencia de la identidad de objeto cuando las pretensiones hechas valer son distintas aunque ellas se hagan valer respecto de una misma cosa material» (Maturana Miquel, Cristián, «Breves nociones acerca de la cosa Juzgada». Separata Central de Apuntes, separata N° 5020. Derecho. Universidad de Chile, Mayo 2005, páginas 74 75).

En la especie, en la presente causa C 325 2017 , del libelo se advierte que la Municipalidad de Chiguayante acciona en contra de M exigiendo la resolución del contrato celebrado el día 9 de noviembre del año 2015, condenando al demandado al pago de todas y cada una de las indemnizaciones cuya especie y monto se reserva para la etapa de ejecución de la sentencia definitiva o para otro juicio diverso, y, en causa ROL C 213 2019 del Tercer Juzgado Civil el demandante M demanda a la Municipalidad de Chiguayante y solicita i) declarar que la demandada ha incumplido las obligaciones emanadas del contrato de fecha 09 de noviembre de 2015, celebrado con esta parte, durante su desarrollo y al efectuar de manera dolosa e improcedente término unilateral de dicho contrato, con fecha 12 de febrero de 2016; ii. Declarar que dicho incumplimiento ha causado perjuicio a su parte. iii. Consecuentemente, ordene a la demandada pagar a su representada, a título de indemnización de perjuicios, las cantidades de: $28.313.092. (Veintiocho millones trescientos trece mil noventa y dos pesos) por concepto de daño emergente; $19.570.080. (Diecinueve millones quinientos setenta mil ochenta pesos) por concepto de lucro cesante; $30.000.000. , por concepto de daño moral; O las cantidades mayores o menores que se resuelva otorgar, conforme al mérito del proceso, respecto de cada ítem;» Adición que en el mencionado pleito se solicita de forma subsidiaria: «En caso de que V.S. estime que no es posible demandar directamente la indemnización de perjuicios como remedio autónomo de la responsabilidad contractual de la demandada: i. Declare la nulidad de Derecho Público del Decreto Alcaldicio N° 372, de 12 de febrero de 2016, acto jurídico administrativo dictado por la demandada, por el que se pone término anticipado al contrato que vincula a las partes, de fecha 09 de noviembre de 2015; ii. Declare la resolución por incumplimiento del contrato suscrito entre las partes con fecha 09 de noviembre de 2015, por incumplimiento de la demandada, o, en subsidio, por aplicación de la teoría de la imprevisión; iii. Declare que el incumplimiento de la demandada ha causado perjuicio a esta parte. iv. Consecuentemente, ordene a la demandada pagar a mi representada, a título de indemnización de perjuicios, las cantidades de: $28.313.092. (Veintiocho millones trescientos trece mil noventa y dos pesos)por concepto de daño emergente; $19.570.080. (Diecinueve millones quinientos setenta mil ochenta pesos) por concepto de lucro cesante; $30.000.000. , por concepto de daño moral; O las cantidades mayores o menores que el tribunal resuelva otorgar, conforme al mérito del proceso, respecto de cada ítem; O las cantidades mayores o menores que resuelva otorgar, conforme al mérito del proceso.

Pues bien, de una atenta lectura a las peticiones de ambos exordios, dimana que no concurre el segundo requisito que exige la litispendencia para tenerla por establecida, toda vez que la Municipalidad demanda la resolución del contrato celebrado el 09 de noviembre de 2015 y el pago de la indemnización de perjuicios, y, en el segundo proceso, el demandante M solicita el pago de una indemnización de perjuicios en razón de los incumplimientos que denuncia haber incurrido la Municipalidad de Chiguayante, y en subsidio, la nulidad de derecho público de la resolución que puso término anticipado al contrato y la resolución del mismo, todo lo cual conduce al rechazo de la excepción dilatoria alegada.

OCTAVO: Que, además, en lo que refiere a la causa de pedir, esta se encuentra legalmente definida como «el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio», agregando Eduardo Couture que se trata de: «la razón de la pretensión deducida en el juicio anterior» (Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4a edición. Buenos Aires: Editorial B de F, año 2009, página 395), confirmando esta tesis la Corte Suprema, cuando entiende por causa de pedir «el fundamento inmediato del derecho que se invoca o el hecho jurídico o material en que la ley se asienta para obtener el beneficio»(Corte Suprema, sentencia de fecha 8 de octubre de 1964, R, tomo 61, sec. 1°, p. 304).

Sub judice, lo común a ambos litigios es el contrato de ejecución de obra celebrado el día 9 de noviembre del año 2015, del cual emanan un conjunto de derechos y obligaciones para uno y otro contratante, cuyo incumplimiento puede generar una reclamación judicial.

En armonía con lo dicho, procede el examen del o los derechos que cada parte reclama.

Al efecto, en la presente causa ROL C 325 2017, en síntesis, el municipio invoca incumplimientos del demandado M, que dicen relación con instrucciones que le habría efectuado la Inspector Técnico de la Obra y no habrían sido cumplidas por él, y, a su tiempo, en la causa ROL C 213 2019, seguida ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, el actor M denuncia que, a raíz de una serie de deficiencias técnicas en el proyecto que le fuera adjudicado, personal municipal le obliga a generar un nuevo proyecto realizable que modificara lo menos posible el original en el plazo de una semana, y también se le solicita un informe de avance para el siguiente, al tiempo que no se le permite avanzar más, en ninguna partida, sin efectuar paralización del contrato; añadiendo por otro lado, que de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas al proyecto, en caso de cualquier modificación, estas debían ser consultadas a la Inspectora Técnica de la Obra y podrían ser ejecutadas cuando las aprobara, siendo obligación del contratista entregar al final de la obra los planos con las modificaciones, no un proyecto nuevo. Igualmente, denuncia que al insistir en solicitar el curso del estado de pago de las obras que ya se habían ejecutado, no se concretó, por cuanto la Inspectora Técnica de la Obra refirió que se trabajó sin autorización ni supervisión alguna. Finalmente, se ala que estas modificaciones significaron un aumento en los costos del proyecto y que con fecha 12 de febrero de 2016 la Municipalidad de Chiguayante decidió terminar anticipadamente el contrato, haciendo efectiva la boleta de garantía que caucionaba el fiel cumplimiento del mismo. Así, discurre que este accionar corresponde esencialmente al delito civil del incumplimiento contractual, dentro de los que alude como transgredidos el principio de la buena fe, el enriquecimiento sin causa, la obligación de la naturaleza del contrato consistente en que la obra licitada pueda ejecutarse fácticamente sin inconvenientes, y la falta de paralización de faenas cuando corresponda.

De lo dicho ut supra, se infiere que, en la especie, tampoco concurre la identidad de causa de pedir exigida para la concurrencia de la excepción de litispendencia al ser evidente que en ambos procesos es diverso el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.