1. Corte de Apelaciones de Concepción. Cumplimiento de alimentos. Sentencia que ordena el pago de pensiones alimenticias constituye un título ejecutivo. Obligación de pagar alimentos es de tracto sucesivo. Cómputo del plazo para declarar la prescripción desde que se hizo exigible cada mensualidad. Distinción entre el derecho a alimentos y la acción de cobro de las pensiones alimenticias determinadas. Derecho a pedir alimentos es imprescriptible, no así las pensiones que han sido determinadas.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Cumplimiento de alimentos. Pagos mensuales de las pensiones alimenticias implican un reconocimiento de la obligación. Interrupción natural de la prescripción. Cuotas de asociación gremial y descuentos por la afiliación a la Caja de Ahorro no pueden ser considerados como «estrictamente legales» para efectos de disminuir la base de cálculo de la pensión. Ítem gasto médico alcanza tanto las prestaciones dentales como las de psicoterapia.

3. Corte de Apelaciones de Chillán. Imprescriptibilidad del derecho de demandar alimentos. Plazo de prescripción de las acciones para obtener cobro judicial de pensiones devengadas y no pagadas es de 3 años. Interrupción de la prescripción requiere que se notifique válidamente al alimentante. Excepción de prescripción de la acción, acogida.


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte de Apelaciones de Concepción.

Cumplimiento de alimentos. Sentencia que ordena el pago de pensiones alimenticias constituye un título ejecutivo. Obligación de pagar alimentos es de tracto sucesivo. Cómputo del plazo para declarar la prescripción desde que se hizo exigible cada mensualidad. Distinción entre el derecho a alimentos y la acción de cobro de las pensiones alimenticias determinadas. Derecho a pedir alimentos es imprescriptible, no así las pensiones que han sido determinadas.

Fecha Sentencia: 20/05/2021

Cita online: CL/JUR/56257/2021

Ver texto completo

Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca la resolución de primer grado que acoge parcialmente el incidente de prescripción de la acción cobro y en su lugar se dispone que se hace lugar a declarar la prescripción de las pensiones alimenticias devengadas desde el mes de septiembre del año 2008 hasta agosto del año 2012. Se confirma en lo demás.

Considerandos relevantes.

CUARTO: Que, como señala la profesora María Sara Rodríguez (Rodríguez, María Sara. Manual de Derecho de Familia. Editorial jurídica, 2017, página 86) la sentencia que ordena el pago de pensiones alimenticias constituye un título ejecutivo por el que puede pedirse el cumplimiento forzado de la urgencia de obligación de alimentos, especialmente cuando éstos se deben a menores de edad, ha ido otorgando a la jurisdicción numerosas facultades para apremiar a deudores y obtener el cumplimiento compulsivo de estas obligaciones.

Asimismo, ha de tenerse en consideración que la obligación de pagar alimentos, conforme lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Suprema, es de tracto sucesivo, esto es, se trata de una obligación que por su naturaleza no puede ser cumplida de inmediato, toda vez que sus efectos nacen y se cumplen a través del tiempo y, por lo mismo, consiste o se traduce en una prestación periódica o continua. En este contexto debe concluirse que el término legal para declarar la prescripción corre a partir de la fecha en que se hizo exigible cada mensualidad, oportunidad a partir de la cual el alimentario puede ejercer todas las acciones que el ordenamiento jurídico le confiere para obtener su pago íntegro, debiendo, en todo caso, respetar las disposiciones que norman la prescripción extintiva.

QUINTO: Que, asimismo, cabe distinguir entre el derecho a alimentos y la acción de cobro de las pensiones alimenticias determinadas. En tal sentido el artículo 334 del Código Civil establece que el derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse, ni cederse de modo alguno, como tampoco renunciarse, en tanto que el artículo 336 siguiente dispone que las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y que el derecho a demandarlas puede transmitirse por causa de muerte, venderse, cederse, sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. De lo anterior se concluye que el derecho a pedir alimentos es imprescriptible, no así las pensiones que han sido determinadas, que son susceptibles de prescribir por expresa disposición legal. Por otra parte, a falta de regla especial, y constando la obligación de pagar las pensiones en un título ejecutivo, el plazo a considerar para la prescripción es el de tres años, establecido en el artículo 2515 del Código Civil (Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 2/5/2014 ROL 197 2014).

SEXTO: Que, sub judice, analizados los antecedentes en ambas causas, de ellos fluye que ha transcurrido con creces el término legal para declarar la prescripción de la acción para cobrar las pensiones de alimentos devengadas desde septiembre de 2008 a agosto el año 2012, ello al comprobarse la inactividad de los demandantes desde julio de 2014 y hasta julio de 2020, excediendo con creces el plazo previsto por la ley para toda prescripción, esto es, de tres años según se viene diciendo, y, en cuanto a la segunda de las resoluciones, sólo se encontrarían prescritas las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas entre el mes de marzo de 2014 y el mes de agosto de 2015, por lo que se resolverá en consecuencia.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Cumplimiento de alimentos. Pagos mensuales de las pensiones alimenticias implican un reconocimiento de la obligación. Interrupción natural de la prescripción. Cuotas de asociación gremial y descuentos por la afiliación a la Caja de Ahorro no pueden ser considerados como «estrictamente legales» para efectos de disminuir la base de cálculo de la pensión. Ítem gasto médico alcanza tanto las prestaciones dentales como las de psicoterapia.

Fecha Sentencia: 20/05/2021

Cita Online: CL/JUR/56265/2021

Ver texto completo

Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado, solo en cuanto ordena incluir en la liquidación de la deuda el mes de junio de 2019, el que queda excluido de ésta, debiendo procederse en consecuencia. Se confirma en lo demás.

Considerandos relevantes.

Séptimo: Que, en lo concerniente a la prescripción, este tribunal comparte el parecer del a quo en cuanto a que la actividad desplegada por el alimentante a través de los pagos mensuales de las pensiones alimenticias a lo largo de los años, desde 2007, implican un reconocimiento de la obligación, por lo que este tuvo la virtud de interrumpir naturalmente la prescripción que pudo correr en beneficio del demandado, de acuerdo a lo que dispone el artículo 2518 del Código Civil.

En efecto, de acuerdo con dicho precepto, la prescripción que extingue las acciones ajenas se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. En el caso que se analiza, el deudor efectivamente reconoció la obligación de pagar la pensión de alimentos en favor de sus hijos en cada mensualidad, lo que no muta por el hecho de haber solucionado una cantidad menor, incumpliendo lo pactado, obligación que mantuvo vigente hasta que se declaró judicialmente su cese, en causa RIT C 1274 2019.

La tesis del impugnante supondría una suerte de prescripción parcial respecto del saldo insoluto, que en la práctica se traduciría en una forma de reducir el monto de la pensión por el solo hecho de pagar una cantidad menor, en circunstancias que lo que ha verificado son solo imputaciones al pago, pues no puede dividirse la parte de la obligación cumplida respecto del saldo, porque la exigibilidad no es independiente en uno y otro caso. Tampoco puede perderse de vista que uno de los rubros que originó la deuda dice relación con el monto real de las remuneraciones del deudor, cuyo conocimiento por los alimentarios presume que tengan acceso periódico a la documentación de respaldo de los ingresos que percibe el demando, carga que no puede exigírseles.

Sobre la materia la Excma. Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en los autos Rol N° 23.380 2014, atribuyendo a la constante actividad del alimentante a través de los pagos de la pensión, un reconocimiento de su obligación, con aptitud suficiente para interrumpir naturalmente la prescripción.

Noveno: Que es sabido que el concepto «descuentos estrictamente legales» incluye salud, previsión social e impuestos, pero únicamente en los porcentajes y montos establecidos en la ley, pues no se extiende a las cantidades que el cotizante voluntariamente destine a incrementar tales rubros con el fin de obtener beneficios adicionales, ya sea en salud o previsión. Además de ello, cualquier otro descuento, aun cuando pueda tener un origen legal, no cabe en la señalada denominación. En consecuencia, los montos comprendidos en el recuadro signado como «descuentos internos», esto es, las cuotas de asociación gremial y los descuentos por la afiliación a la Caja de Ahorro, no pueden ser considerados como «estrictamente legales» para efectos de disminuir la base de cálculo de la pensión.

En primer término, confunde el demandado los conceptos de asociación gremial y sindicato, de manera que la invocación al descuento legal de cuotas sindicales no es pertinente. En el caso del artículo 43 de la Ley N° 19.296, que «Establece Normas Sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado», efectivamente indica el precepto que la cotización a las organizaciones de funcionarios será obligatoria respecto de los afiliados a éstas, en conformidad con sus estatutos, y que tal cotización se descontará a los afiliados por planilla de remuneraciones, pero lo cierto es que siendo la afiliación voluntaria, para efectos del cálculo de la pensión de alimentos no tiene incidencia, porque no es un descuento legal que se origine con motivo del contrato o, en este caso, del nombramiento del funcionario, sino con su voluntad de adscribir a un colectivo de empleados que comparten una función común. En tal virtud, esa actividad asociativa no empece a los alimentarios ni tiene mérito de ser considerada un descuento estrictamente legal.

En relación a la cuota que tiene por destino la Caja de Ahorro, esta ha de correr el mismo destino, además de lo ya dicho, porque no cabe duda de que el alimentante se encuentra adscrito al sistema de previsión del DL N° 3500, con afiliación a una administradora de fondos de pensiones. Es ese su sistema de previsión que origina los denominados «descuentos legales» para el cálculo de la pensión, y no otro, por lo que la incorporación voluntaria a la Caja de Ahorro y los pagos que de ello deriven no pueden ni deben ser deducidos de sus ingresos para los efectos que aquí interesan, porque tales pagos no obedecen al sistema legal de previsión del alimentante, sino a uno voluntario que puede cesar en cualquier tiempo.

Finalmente es útil consignar que las partes transaron en fijar una parte de los alimentos sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones del demandado, que aun sin atender a su significación estrictamente legal, supone al menos un ingreso conocido y permanente del alimentante para contribuir a las necesidades de los alimentarios, las que no pueden quedar condicionadas a la existencia de otros ingresos puramente eventuales o bien a egresos voluntarios.

Décimo: Que, en lo concerniente a los gastos médicos, se reclama por el demandado que las sumas ordenadas pagar por este concepto no se ajustan a los términos de la transacción, lo que esgrime desde dos órdenes de consideraciones. Por una parte, afirma que los gastos dentales no están comprendidos en el concepto de gastos médicos a que se obligó, en consideración al profesional que los atiende y, por otra, sostiene que las boletas que se acompañan por los alimentarios no superan las 10 UF, pues individualmente consideradas están muy por debajo de ese límite, también estipulado en la transacción.

Sobre este apartado de la impugnación, cabe señalar que la recta inteligencia del ítem gasto médico, en consideración a la forma en que fue acordado, evidentemente alcanza tanto las prestaciones dentales como las de psicoterapia. Ello es así porque los gastos médicos se vinculan a las atenciones recibidas por los alimentarios para la recuperación de su salud, independiente del profesional que las imparta, como aquí acontece. El dentista u odontólogo es el profesional que resuelve problemas y enfermedades bucodentales, afecciones periodontales, maloclusiones, entre otras, que de no ser tratadas oportunamente pueden derivar en múltiples otras patologías. Por ende, quien atiende tales padecimientos, como también acontece con psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, sin ser médicos, obviamente su actividad propende a la recuperación de la salud, de manera que las prestaciones que de ellos deriven, sí deben considerarse en el rubro «gastos médicos» acordado por las partes dentro de la pensión.

De otra parte, la cantidad de 10 UF cuyo promedio en pesos al presente mes oscila alrededor de los $29.550, estipulada como límite inferior a partir del cual se origina la obligación del alimentante de contribuir al gasto médico una vez que haya operado el reembolso de la Isapre, por su elevada cuantía, no puede sino obedecer a la existencia de «procedimientos» tendientes a recuperar la salud cuyo valor exceda de esa suma. Y no puede ser de otro modo pues atenciones médicas individuales que se eleven sobre los $300.000 son prácticamente inexistentes, tal como lo sostuvo el alimentante, «un psiquiatra NO cobra $516.000 por una consulta de psiquiatría. Fueron varias atenciones en distintos meses». Tal es la situación acontecida con la alimentaria en relación al tratamiento de psicoterapia seguido por ella que se extendió por alrededor de tres años, de manera que no es posible considerar cada sesión como una prestación individual, pues todas ellas forman parte de un tratamiento integral. Lo propio puede decirse en relación a las atenciones dentales. En consecuencia, para estos efectos ha de estarse a la suma total del tratamiento, siendo responsable el demandado en la proporción que se obligó, a partir del momento en que la suma de dichos gastos supere el monto pactado de 10 UF, condiciones en las que no es procedente excluir de la base de cálculo de la pensión las sumas de gasto dental y psiquiatría, como reclama el apelante.

Por último y a mayor abundamiento, no puede obviarse los fundamentos, función y fines de la pensión de alimentos. Evidentemente es natural que el padre auxilie a los hijos en las necesidades de éstos durante el tiempo de vida que abarca la obligación legal de proveerlos. Por lo mismo no puede decirse que su naturaleza sea puramente patrimonial, pues aun cuando puede consistir en una prestación de ese carácter, tiende a la conservación de la vida del alimentario, constituyendo una obligación de orden personal, emanación de un derecho deber de la filiación.


3. Corte de Apelaciones de Chillán.

Alimentos. Imprescriptibilidad del derecho de demandar alimentos. Plazo de prescripción de las acciones para obtener cobro judicial de pensiones devengadas y no pagadas es de 3 años. Interrupción de la prescripción requiere que se notifique válidamente al alimentante. Excepción de prescripción de la acción, acogida.

Fecha Sentencia: 19/04/2021

Cita Online: CL/JUR/55339/2021

Ver texto completo

Hechos:

Demandada de alimentos interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, que rechazó la excepción de prescripción opuesta respecto de las pensiones alimenticias devengadas. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca la resolución apelada.

Considerandos relevantes.

Tercero: Que, si bien la legislación señala que es imprescriptible el derecho de demandar alimentos, establece que respecto de las acciones para obtener el cobro judicial de las pensiones de alimentos devengadas y no pagadas corre la prescripción a favor del deudor de acuerdo a las reglas generales. En atención a lo señalado en el artículo 336 del Código Civil, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia estima que el plazo de prescripción de las acciones destinadas a obtener el cobro judicial de las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas es de tres años, en atención a que su cumplimiento se rige por procedimientos especiales de ejecución, los que se rigen por los plazos generales de prescripción extintiva de las acciones ejecutivas, ya que no existe una norma que señale un plazo especial respecto de ellas, como ocurre en el caso de los títulos de crédito.

La acción de cumplimiento de pensiones de alimentos tiene un carácter ejecutivo, determinado por los efectos que produce y porque viene precedida de un procedimiento declarativo, y que se encuentra regulada en normas dispersas, debiendo aplicarse en lo no previsto las del cumplimiento incidental del Título XIX del Código de Procedimiento Civil y las del juicio ejecutivo establecidas en el Libro III del mismo código, y si bien en materia de alimentos existe una normativa especial, no se refiere al plazo de prescripción extintiva de la acción, por lo que debe aplicarse la normativa general que indica que prescribe en tres años.

Noveno: Que, en este caso, no ha operado ninguna de las formas de interrupción de la prescripción que contempla el citado artículo 2518 del Código Civil, toda vez que no existe interrupción natural, y tampoco hay interrupción civil, ya que, con posterioridad a cumplir la mayoría de edad no se observan presentaciones de la alimentaria dirigidas a obtener el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas y, además, las liquidaciones de la deuda practicadas a requerimiento de doña Valeska del Rosario Uribe Fuentes con fecha 13 de febrero de 2012, 10 de agosto de 2015 y 10 de septiembre de 2020, nunca le fueron legalmente notificadas al deudor.

De tal manera que, al no haberse verificado notificación legal de las liquidaciones de la deuda hasta la comparecencia del demandado, esto es, el día 9 de diciembre de 2020, no se ha producido la interrupción de la prescripción, sin que pueda atribuirse ese efecto a las presentaciones efectuadas por la señora Uribe Fuentes.