Título del Proyecto:
Proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Etapa en que se encuentra:
– Primer trámite constitucional (Senado)
– Discusión particular

Fecha de Ingreso:
Miércoles 3 de julio, 2019


En la primera jornada de discusión del articulado en Sala, se expusieron los fundamentos de la iniciativa y se anticiparon solicitudes de votación separada de diversas normas.

La Sala inició el debate en particular del proyecto, en primer trámite, que modifica la denominada Ley Zamudio con el objeto de fortalecer la prevención de la discriminación.

Con ello, la votación del articulado de iniciativa originada en una moción de los senadores Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre, continuará en una próxima sesión. Sin embargo, se hicieron presente solicitudes de votación separada de algunas de las normas.

En la primera jornada, el senador Juan Ignacio Latorre dio cuenta de la iniciativa que fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos y que busca corregir algunos aspectos de la Ley Zamudio con el objeto de fortalecer la prevención de la discriminación; promover y garantizar el principio de igualdad. Para ello, busca darle mayor eficacia a la acción de no discriminación que existe en dicho cuerpo legal.

A nombre del Ejecutivo expuso la subsecretaria Lorena Recabarren, quien señaló que «hemos estado apoyando las modificaciones a la Ley Zamudio y, en esa línea, afirmó que el proyecto amplía el objeto de la legislación promoviendo el principio de igualdad y no discriminación». No obstante, dio a conocer algunas observaciones a las normas para resolverlas en el debate en particular.

El senador José Miguel Insulza recordó que «la ley Zamudio, tras varios años de aplicación ha demostrado ser poco efectiva para evitar los casos de discriminación arbitraria, en parte, debido a la inexistencia de un organismo que promueva los principios de igualdad y la falta de instrumentos adecuados».

A su turno, el senador José García Ruminot, solicitó la votación separada de disposiciones relacionadas con la discriminación arbitraria, legitimación activa y monto mínimo de indemnización.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, en nombre del senador Iván Moreira -quien se encontraba con problemas de conectividad- , lamentó que «no se hayan incoporado su indicaciones durante el debate pues el proyecto modifica en forma completa la ley, su fondo y aplicación. Advirtió lo grave de incorporar la inversión de la prueba».

CONTENIDOS DEL PROYECTO

Agunos de los principales contenidos del proyecto de ley que será sometido a la discusión y votación en particular son los siguientes:

– Amplía el objetivo de la Ley Antidiscriminación, señalando que aquella tiene como objetivos principales la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, así como la promoción del principio de igualdad y no discriminación, y la finalidad de instaurar un procedimiento judicial especial y rápido que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

– Establece un mandato amplio, dirigido a todos los órganos y autoridades de la Administración del Estado, sus servicios públicos, empresas relacionadas que ejercen funciones públicas, así como al Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus competencias, elaboren e implementen las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

– Dispone que la Subsecretaría de Derechos Humanos deberá considerar, en todo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos del que es responsable, la promoción de la no discriminación arbitraria, de conformidad a sus competencias orgánicas y a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro país.

– Redefine y amplía el concepto de discriminación arbitraria, al disponer que por ella se entiende toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares o que tenga por objetivo o resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

– Establece que, dichas acciones discriminatorias, serán particularmente reprochables cuando se funden en motivos, tales como, el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud mental o física, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física y/o social.

– Dispone que corresponderá al juez que conoce de una acción de no discriminación, la determinación de si las circunstancias alegadas constituyen o no “justificación razonable”, disponiéndose que por ésta se entenderá aquella que surja de los hechos, criterios o prácticas, invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, y no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción en cuestión.

– Otorga expresamente la calidad de discriminación arbitraria a todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas.

– Se reconoce y definen los diferentes distintos tipos de discriminación que pueden ejercerse en contra de una persona o un grupo determinado de personas; distinguiéndose las categorías de discriminaciones directas, indirectas, múltiple o agravada, y estructural.

– Dispone que, en ningún caso constituirán discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas, adoptadas por los órganos del Estado, para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.

– Introduce modificaciones y precisiones, en el procedimiento aplicable a la tramitación de la acción procesal de no discriminación arbitraria, para facilitar su interposición por cualquier persona o grupo de personas que se sienta afectado por una acción discriminatoria, en materia de: legitimación activa (quienes pueden deducirla); incompatibilidad con otras acciones judiciales; plazos y contabilización de los mismos; forma de interposición de la demanda; excepciones que se pueden interponer; conciliación y prueba; ofrecimiento y rendición de prueba; entre otras materias procedimentales.

– Aumenta de 50 UTM a 500 UTM (es decir unos $7.800.000), la multa a beneficio fiscal, que el tribunal podrá aplicar a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio, judicialmente determinado; incorporando la posibilidad de ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que fijará el juez de la causa, conforme al mérito de sus antecedentes, la que no podrá ser inferior a 40 UTM (unos $2.080.000).

– Faculta al juez que conoce de la causa, sin perjuicio de la aplicación de multas y de indemnizaciones, para ordenar, de acuerdo a los antecedentes acreditados en el proceso, una o más de las siguientes medidas de reparación:

– Reconocimiento público de responsabilidad, a través de disculpas públicas que deberán difundirse en medios de circulación pública tales como páginas web, medios audiovisuales, prensa, entre otros.;

– Anulación de todos los actos discriminatorios de carácter general o particular y de sus efectos, a costa del denunciado;

– Medidas de rehabilitación como asistencia de carácter físico o psicológico a cargo de la parte denunciada;

– Establecimiento o adecuación de protocolos o reglamentos de carácter interno que tengan por finalidad prevenir y eliminar toda forma de discriminación;

– Medidas educativas y de capacitación de trabajadores o funcionarios, cuando el acto sea realizado por una persona jurídica de derecho público o privado; y

– Cualquier otra garantía de no repetición de actos discriminatorios que el juez estime conveniente.

– Además, si los hechos o expresiones discriminatorias que dieron lugar a la acción fueron expuestos a terceros por algún medio de comunicación o por redes sociales, el tribunal, en la misma sentencia, podrá ordenar al ofensor a difundir, a su costa, una declaración, aclaración o rectificación, a través del mismo medio de comunicación, en el mismo canal, página, dominio o dirección web, según corresponda.

– Dispone que, en el caso que el tribunal estimare que los actos u omisiones declarados como discriminatorios pueden ser además constitutivos de delito, deberá enviar de inmediato copia de la sentencia y demás antecedentes al Ministerio Público.

– Amplía el concepto de discriminación laboral, disponiéndose que los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos tales como el racismo, la pertenencia étnica, la identidad cultural, la nacionalidad, la situación migratoria o condición de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la participación o afiliación o no a organizaciones gremiales o sindicales, el sexo, la orientación sexual o afectiva, el género, la identidad o expresión de género, las características sexuales, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud físico o mental, la discapacidad, la seropositividad, el trabajo, profesión u oficio, o cualquier otra condición física y/o social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Ver Boletín N° 12748-17

Fuente: www.senado.cl