1. Corte Suprema. Recurso de protección. Negativa de FONASA a otorgar cobertura por Ley de Urgencia. Patologías cubiertas por GES son determinadas por el Ministerio de Salud. Requisitos para la materialización de las garantías y derechos que permiten la realización de un tratamiento de salud adecuado. Ingreso de paciente a centro asistencial dentro del periodo en que éste ostentaba la calidad de segundo prestador designado. Carácter impostergable e inmediato de las prestaciones de salud recibidas. Prestaciones de salud que corresponden a la continuidad del tratamiento que ya venía otorgando el segundo prestador, procedencia de cobertura GES.

2. Corte Suprema. Recurso de protección. Negativa del Ministerio de Salud y de FONASA a otorgar medicamento para tratar cáncer de próstata. Improcedencia de invocar factores de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Patología que cuenta con la GES. Proporcionar un tratamiento incompleto no ayudará al paciente al restablecimiento de su salud o al menos a una extensión de su sobrevida. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

3. Corte Suprema. Recurso de protección. Negativa de Servicio de Salud a otorgar medicamento prescrito para tratar cáncer de mama. Tratamientos considerados en la «Guía de Práctica Clínica AUGE Cáncer de Mama» no tienen un carácter taxativo y cerrado. Existencia de un evidente riesgo vital para la paciente en el caso de no tener acceso al medicamento solicitado por vía judicial. Improcedencia de considerar factores de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Negativa de FONASA a otorgar cobertura por Ley de Urgencia. Patologías cubiertas por GES son determinadas por el Ministerio de Salud. Requisitos para la materialización de las garantías y derechos que permiten la realización de un tratamiento de salud adecuado. Ingreso de paciente a centro asistencial dentro del periodo en que éste ostentaba la calidad de segundo prestador designado. Carácter impostergable e inmediato de las prestaciones de salud recibidas. Prestaciones de salud que corresponden a la continuidad del tratamiento que ya venía otorgando el segundo prestador, procedencia de cobertura GES.

Fecha Sentencia: 25/05/2021

Cita online: CL/JUR/56280/2021

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Hechos:

Actor se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra del Fondo Nacional de Salud y la negativa a otorgar cobertura, por ley de urgencia, a las atenciones de salud que recibió en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado, hace lugar a la acción constitucional deducida y dispone que la recurrida deberá otorgar todas las prestaciones cuya cobertura reclama dispuestas en la canasta GES de la patología que aqueja al actor.

Considerandos relevantes.

Octavo: Que las patologías cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud son determinadas por el Ministerio de Salud a través de decretos supremos, en los que la autoridad pública define un conjunto específico de problemas de salud y asocia a cada uno de ellos ciertos procedimientos médicos mediante los cuales se atenderán dichas patologías. No se trata, por tanto, de una cobertura general respecto de cualquier condición de salud y de todos los tratamientos posibles, como acontece con los planes de salud que son complementarios, denominándose incluso de ese modo cuyas condiciones pueden convenir libremente los cotizantes con las Isapres, sino de una cobertura pre definida por la autoridad sanitaria para un número determinado de enfermedades.

Undécimo: Que, así las cosas, el acceso a los beneficios en prevención, tratamiento y rehabilitación garantizados por ley para las personas afiliadas a Fonasa e Isapres, exige que el afiliado padezca una enfermedad que esté incluida entre los 85 problemas de salud o patologías AUGE GES consideradas por el Ministerio de Salud.

Con todo, de lo dicho aparece que el presupuesto básico del cual deviene la materialización de las garantías y derechos que permiten la realización de un tratamiento de salud adecuado, conforme a garantías de acceso, oportunidad, protección financiera y calidad, requiere de la confirmación diagnóstica de la existencia de un problema de salud. Desde luego, la verificación de aquél supone el establecimiento de un hecho fáctico de aspecto técnico que por su naturaleza procede del análisis por quienes tienen a su cargo el ejercicio de la praxis médica; de modo que, constatada su existencia, el acceso a los derechos y garantías de que se trata, como se adelantó, dependerá de su inclusión entre los problemas de salud determinados por la autoridad sanitaria.


2. Corte Suprema.

Recurso de protección. Negativa del Ministerio de Salud y de FONASA a otorgar medicamento para tratar cáncer de próstata. Improcedencia de invocar factores de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Patología que cuenta con la GES. Proporcionar un tratamiento incompleto no ayudará al paciente al restablecimiento de su salud o al menos a una extensión de su sobrevida. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 15/01/2021

Cita Online: CL/JUR/3926/2021

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Hechos:

Actor se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de Salud y del Fondo Nacional de Salud, por estimar arbitraria e ilegal la negativa a proporcionar el medicamento para tratar cáncer de próstata. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Octavo: Que, del examen de los antecedentes aparece que la principal razón esgrimida por el Ministerio de Salud para no otorgar el tratamiento indicado para la enfermedad que presenta la recurrente, es de orden administrativo económico, toda vez que el medicamento enzalutamida no ha sido incluido en los decretos dictados para la determinación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera contemplados en la Ley N° 20.850, siendo uno de aquellos sugeridos para ello, encontrándose en espera de ingresar al procedimiento regulado por ley, el que cuenta con etapas sucesivas entre sí con el objeto de evitar arbitrariedades en la toma de decisiones de política pública.

Noveno: Que, tal como ya se ha resuelto por esta Corte (en autos roles N°s. 43.250 2017, 8.523 2018, 2.494 2018, 17.043 2018, 33.189 2020, 18.451 2019 y 129.213 2020, entre otros), es preciso considerar que, si bien es cierto los miramientos de orden económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor nivel jerárquico en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República.

En este orden de consideraciones, no se puede soslayar que, conforme al principio de supremacía constitucional, ella prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos como las Leyes N°s. 18.469 y 19.966 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija un texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las leyes números 18.933 y 18.469.

De allí que, conforme reza el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, sus preceptos son obligatorios para los titulares o integrantes de los órganos de Estado, incluida por cierto esta Magistratura. Si el rol de esta Corte es velar por la aplicación de las garantías constitucionales y de los derechos esenciales que emanan de la persona humana, ella no puede excusarse de otorgar la cautela urgente que le es requerida si el derecho a la vida se ve amenazado. Negarse a hacerlo bajo el pretexto de que normas de inferior jerarquía se lo impiden, importa desconocer que la Constitución Política de la República es la norma jurídica a la cual el resto del ordenamiento jurídico se debe someter.

El caso en cuestión dice relación con la aplicación directa de la Constitución Política, no con el modelamiento de políticas públicas.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo precedentemente reflexionado, es pertinente agregar que la patología del señor Escalona Parra es una de aquellas que cuentan con la Garantía Explícita de Salud y que la circunstancia de no estar en la canasta de prestaciones específicas no puede obstar a los razonado, pues la misma Guía del Minsal reconoce el efecto de sobrevida del remedio y un Comité Oncológico lo ha prescrito como única opción, por lo que la negativa cuestionada impide cumplir efectivamente con la garantía de acceso y protección financiera establecida en el Régimen General de Garantías de Salud, puesto que brindarle al paciente un tratamiento incompleto no lo encaminará de modo alguno en el restablecimiento de su salud o al menos a una extensión de su sobrevida.

Undécimo: Que, con estos antecedentes, la negativa del Minsal, de proporcionar al padre del recurrente la cobertura solicitada del medicamento prescrito para tratar la patología que lo aqueja, carece de razonabilidad y coherencia, más aún cuando ha sido el Comité Oncológico del prestador público de salud el que ha propuesto la referida terapia, circunstancia que vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Política, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de éste, así como para su integridad física, considerando que la patología que lo afecta se encuentra en progresión y en la etapa diagnosticada es frecuentemente mortal.

Asimismo, teniendo presente que Fonasa se ha adherido a la negativa en su informe por razones similares a las entregadas por el Minsal, siendo dicho fondo el que debe financiar el medicamento, el recurso será acogido también a su respecto.


3. Corte Suprema.

Recurso de protección. Negativa de Servicio de Salud a otorgar medicamento prescrito para tratar cáncer de mama. Tratamientos considerados en la «Guía de Práctica Clínica AUGE Cáncer de Mama» no tienen un carácter taxativo y cerrado. Existencia de un evidente riesgo vital para la paciente en el caso de no tener acceso al medicamento solicitado por vía judicial. Improcedencia de considerar factores de orden económico cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona. Vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 04/01/2021

Cita Online: CL/JUR/105/2021

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Hechos:

Actora se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, por no otorgarle el medicamento Ribociclib prescrito para tratar el cáncer de mama que la aqueja desde el año 2013. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que es necesario tener presente que, en la «Guía de Práctica Clínica AUGE Cáncer de Mama» (2015), se precisa que si bien, es un instrumento que reúne las recomendaciones chilenas con respecto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes diagnosticados con la referida patología, no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado para pacientes individuales, los cuales sólo pueden ser determinados por profesionales competentes sobre la base de toda la información clínica respecto del caso, y están sujetos a cambio conforme al avance del conocimiento científico, las tecnologías disponibles en cada contexto en particular, y según evolucionan los patrones de atención. Por consiguiente, los tratamientos considerados en la presente guía no tienen un carácter taxativo y cerrado, toda vez que, según lo consigna el citado documento, es preciso considerar la posibilidad de cambios en los tratamientos relacionados con avances del conocimiento científico, en cuyo caso le corresponderá la determinación finalmente al profesional tratante, tal como ocurre en el caso de autos, pues éste y los comités de profesionales expertos quienes coinciden en que el tratamiento combinado de Ribociclib con Letrozole constituye la alternativa más efectiva para detener las nefastas manifestaciones clínicas de la enfermedad que aqueja a la actora.

En este orden de ideas, resulta insoslayable señalar que los antecedentes médicos acompañados al proceso dan cuenta que la enfermedad que afecta a la actora presenta una recidiva en estado de etapa IV y con metástasis que se evidencian en lesiones hepáticas, atribuyéndole, los facultativos que emitieron pronunciamiento respecto de la situación de salud de aquélla, al tratamiento prescrito la posibilidad cierta del control efectivo de la progresión de su enfermedad, circunstancia que permite colegir la existencia de un evidente riesgo vital para ésta en el caso de no tener acceso al medicamento solicitado por esta vía judicial.

Octavo: Que, del examen de los antecedentes aparece que la principal razón esgrimida por el Ministerio de Salud para no otorgar el tratamiento indicado para la enfermedad que presenta la recurrente, es de orden administrativo económico, toda vez que el medicamento Ribociclib no ha sido incluido en los decretos dictados para la determinación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera contemplados en la Ley N° 20.850, al no superar los criterios establecidos en el procedimiento regulado por ley, el que cuenta con etapas sucesivas entre sí con el objeto de evitar arbitrariedades en la toma de decisiones de política pública.

Noveno: Que, tal como ya se ha resuelto por esta Corte (en autos roles N° s. 43.250 2017, 8.523 2018, 2.494 2018, 17.043 2018, 33.189 2020 y 18.451 2019, entre otros), es preciso considerar que, si bien es cierto los miramientos de orden económico constituyen un factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, derecho consagrado en la norma de mayor nivel jerárquico en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución Política de la República.

En este orden de consideraciones, no se puede soslayar que conforme al principio de supremacía constitucional, ella prevalece respecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos como las Leyes N°s. 18.469 y 19.966 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija un texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979, y de las leyes números 18.933 y 18.469.

De allí que, conforme reza el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, sus preceptos son obligatorios para los titulares o integrantes de los órganos de Estado, incluida por cierto esta Magistratura. Si el rol de esta Corte es velar por la aplicación de las garantías constitucionales y de los derechos esenciales que emanan de la persona humana, ella no puede excusarse de otorgar la cautela urgente que le es requerida si el derecho a la vida se ve amenazado. Negarse a hacerlo bajo el pretexto de que normas de inferior jerarquía se lo impiden, importa desconocer que la Constitución Política de la República es la norma jurídica a la cual el resto del ordenamiento jurídico se debe someter.

El caso en cuestión dice relación con la aplicación directa de la Constitución Política, no con el modelamiento de políticas públicas.

Undécimo: Que, con estos antecedentes, la negativa de las recurridas de proporcionar a la recurrente la cobertura solicitada del medicamento prescrito para tratar la patología que la aqueja, carece de razonabilidad y coherencia, más aún cuando ha sido el Comité Oncológico del prestador público de salud el que ha refrendado la terapia propuesta, circunstancia que vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Carta Política, puesto que, como consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de ésta, así como para su integridad física, considerando que la patología que la afecta se encuentra en progresión y en la etapa diagnosticada es frecuentemente mortal.