Ley N° 21.327, Modernización de la Dirección del Trabajo

(Publicada en el Diario Oficial de 30 de abril de 2021)

Antecedentes

Dentro de la “Agenda de Modernización Laboral” impulsada en el país, surge la necesidad de modernizar la regulación de la Dirección del Trabajo (DT) dado que su marco legal data del año 1967, en un contexto donde las herramientas disponibles eran muy distintas a las actuales, lo que limitaba su campo de acción, obligando a fiscalizar en terreno y dificultando la gestión de sus funcionarios.

Por lo anterior se busca actualizar los estatutos de la DT, tanto en su funcionamiento interno como en sus plataformas de servicio ciudadano, considerando las numerosas herramientas tecnológicas, técnicas y profesionales que se han desarrollado en las últimas décadas.

Asimismo, la nueva ley viene a renovar el Servicio en reconocimiento del aumento en las competencias y facultades que han significado las diversas modificaciones legales en materia laboral.

Contenido de la ley

En lo sustancial, la nueva ley permite avances en materia de gestión y fiscalización (disminución de los tiempos de espera; digitalización de trámites y gestiones, fiscalización electrónica, entre otros) de la Dirección del Trabajo, fomentando y fortaleciendo las instancias de conciliación y de acuerdo.

Por su parte, se establecen mejoras en el acceso electrónico a la información laboral y previsional de las empresas, nuevos parámetros en la fijación de multas, fortalecimiento de la mediación y tratamiento especial para las Mipymes.

Modernización en la gestión

El nuevo texto legal pretende avanzar sustantivamente en mejorar la gestión de la Dirección del Trabajo y para ello se establecen una serie de mecanismos que introducen el componente tecnológico en sus procesos, tales como, permitir las comunicaciones y notificaciones entre el servicio y sus usuarios a través de correo electrónico; impulsando el registro virtual de los contratos y sus terminaciones.

Es este uno de los principales avances que introduce esta ley, dado que permitirá disponer de toda la documentación laboral de manera digital, facilitando con ello no solo la fiscalización, sino que también tener información en línea y actualizada acerca de las relaciones laborales.

La Dirección del Trabajo, para hacer efectivas sus competencias y facultades podrá acceder en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y de seguridad social de los empleadores y empresas que conste en su sitio electrónico.

Por su parte, la DT Dirección deberá disponer de un sistema electrónico para la tramitación y seguimiento de las denuncias, procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y consultas que tengan los usuarios respecto de trámites o procesos en curso, de los cuales sean parte.

Fortalecimiento de la mediación como mecanismo de resolución de controversias

La Dirección del Trabajo tiene el desafío de ayudar a trabajadores, sindicatos y empleadores a acercar posiciones y fomentar el diálogo social., por lo que la nueva normativa otorga mayores y mejores instrumentos para que las partes mencionadas puedan encontrar puntos de coincidencia y acuerdo en el marco de los legítimos disensos que implica la relación laboral.

En este sentido, debe entenderse por mediación laboral el sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial llamado mediador, sin poder decisorio, colabora con las partes, y les facilita la búsqueda, por sí mismas, de una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

Se dispone que habrá dos tipos de mediación: mediación voluntaria cuando las partes de común acuerdo soliciten la designación de un mediador a la Dirección del Trabajo, o bien cuando ésta de oficio cite o convoque a las partes a una mediación voluntaria, para los fines y el ejercicio de sus facultades.

Mejoras en los procesos de fiscalización

La nueva ley establece que el procedimiento de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo, que lleve a cabo la Dirección, deberá ajustarse, especialmente, a los principios de responsabilidad, gratuidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad administrativa, transparencia y publicidad que rigen la actuación de los órganos de la Administración del Estado.

El procedimiento de fiscalización que emplee la Dirección del Trabajo se regirá por una resolución dictada por el Jefe Superior del Servicio, en la cual se contemplará una enunciación de los derechos y deberes de los intervinientes e interesados en él, conforme a las normas mencionadas en el inciso anterior.

Mipymes

El cuerpo legal dispone la creación de la Unidad de Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa al interior del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, cuya función será gestionar de manera especializada las necesidades y requerimientos de la micro, pequeña y mediana empresa con el objeto de promover y facilitar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Dicha unidad funcionará como «ventanilla única» para las consultas de las Mipymes, orientándolas en el cumplimiento oportuno e íntegro de la normativa laboral.

Obligación de publicar doctrina

Se establece que el Director del Trabajo deberá publicar en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, en el mes de enero de cada año, un compendio de los dictámenes, ordinarios, circulares y órdenes del servicio emitidos durante el respectivo período, los cuales deberán ser ordenados por materia y precisar, a lo menos, el número y fecha del documento, como también un breve resumen de su contenido.

Modificaciones legales

La ley en comento introduce modificaciones a los siguientes cuerpos legales:

– Código del Trabajo
– Ley N° 19.994, Crea asignación de estimulo y desempeño y proporciona normas sobre carrera funcionaria para los trabajadores de la dirección del trabajo
– Decreto con Fuerza de Ley N° 2, Dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo

Vigencia

El artículo primero transitorio de la presente ley, dispone que comenzará a regir el primer día del sexto mes contado desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, salvo las excepciones que la propia norma señala.

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