1. Corte Suprema. Recurso de protección. Emisión de programa periodístico por parte de canal de televisión. Cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga respecto de la libertad de expresión y de información debe ser interpretada de manera restrictiva. Elaboración y exhibición de programa de televisión dedicado a la investigación del tráfico ilícito de vehículos robados. Comercialización de vehículo robados en Bolivia. Develación de hechos de relevancia pública respecto de los cuales prevalece la libertad de información por sobre el derecho al honor. Ejercicio de periodismo investigativo.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Mantención de noticias sobre el recurrente en base de datos de diario electrónico. Inexistencia de norma que obligue al diario electrónico a eliminar noticia que fue comunicada en ejercicio de la libertad de expresión. Actuar de la recurrida no es arbitrario. Posibilidad del actualizar información sobre el recurrente. Voto disidente: Derecho al olvido. Permanente publicidad sobre algo que no tiene vigencia que perjudica la carrera del actor. Vulneración del derecho a la honra y a la integridad física y síquica. Deber del medio de comunicación de rectificar la información en forma gratuita.

3. Corte Suprema. Recurso de protección. Silencio sobre solicitud de eliminación de noticia. Derecho al olvido debe ser analizado bajo el prisma de los derechos que pueden verse afectados. Eventual conflicto entre la libertad de información y el derecho a la honra. Derecho a la información de hechos que presentan un interés específico para su divulgación. Derecho al olvido puede anular el derecho a la información si por el transcurso del tiempo ya no es una cuestión de actualidad o noticiable. Improcedencia de eliminar noticia que en su día fue publicada lícitamente. Deber de la empresa periodística de actualizar el dato sobre sobreseimiento definitivo del recurrente. Actuación de la recurrida es arbitraria si mantiene publicación con información parcial. Vulneración del derecho a la honra y garantía de la igualdad. Voto disidente: Procede mantener noticia en la que existe un interés público relevante. Petición de la recurrente de eliminar dato no puede ser acogida.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Emisión de programa periodístico por parte de canal de televisión. Cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga respecto de la libertad de expresión y de información debe ser interpretada de manera restrictiva. Elaboración y exhibición de programa de televisión dedicado a la investigación del tráfico ilícito de vehículos robados. Comercialización de vehículo robados en Bolivia. Develación de hechos de relevancia pública respecto de los cuales prevalece la libertad de información por sobre el derecho al honor. Ejercicio de periodismo investigativo.

Fecha Sentencia: 18/08/2020

Cita online: CL/JUR/147765/2020

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Hechos:

Actores se alzan contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de canal de televisión, por estimar arbitraria e ilegal la emisión por señal abierta del programa denominado “La historia desconocida en la muerte del Cangri” La Corte Suprema rechaza el recurso deducido y confirma la resolución impugnada.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que la importancia cardinal que reviste la libertad de expresión y de información para el funcionamiento del sistema democrático, importa que cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga debe ser interpretada de manera restrictiva, y que como principio general se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil por la comisión de ilícitos civiles. Una interpretación diferente conllevaría, en mayor o menor grado, una forma implícita de censura previa, sin perjuicio que, atendido que no se trata de un derecho absoluto, en ciertos casos la libertad de expresión y de información ha de ceder frente a otros derechos fundamentales igualmente valiosos, merecedores de la protección y tutela jurisdiccional por parte de un Estado respetuoso de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Séptimo: Que en el caso de marras la recurrida se ha limitado a elaborar y exhibir un programa de televisión dedicado a la investigación del tráfico ilícito de vehículos robados, esto es, a la sustracción y posterior conducción de móviles desde nuestro país a Bolivia, para luego ser comercializados allí, y a la averiguación del efectivo cumplimiento de compromisos asumidos por ambos Estados en torno a la investigación de ilícitos ocurridos en sus respectivos territorios, pesquisas en las que se hizo referencia a Sebastián Leiva Bravo, persona que alcanzó notoriedad en la prensa escrita y en las redes sociales y cuyo deceso motivó la indagación periodística de que se trata. En este caso, en consecuencia, se trata de la develación de hechos de relevancia pública, respecto de los cuales ha de prevalecer la libertad de información por sobre el derecho al honor, en atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellas circunstancias y conductas de relevancia pública, misma que está dada, a su turno, por la importancia o trascendencia general de los hechos en sí.

Octavo: Que, en esas condiciones, forzoso es concluir que la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en una causa de interés público, en la relevancia pública del asunto, precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre la denuncia de hechos que podrían tener el carácter de delictuales (SCS Roles N°s 18.7482018; 17.732 2016; 37.505 2015; 31.815 2019 y 31.817 2019).

Noveno: Que, así las cosas, resulta evidente que la conducta de la recurrida que se denuncia como ilegal y arbitraria no es tal, desde que se ha ajustado a la normativa vigente, a la vez que tampoco puede ser calificada de arbitraria, toda vez que su proceder no resulta caprichoso y, por el contrario, encuentra un fundamento racional en el ejercicio del así llamado periodismo investigativo, al cual se ha referido el Dictamen N° 43.183 del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile.

Décimo: Que, atento a lo antes razonado, el recurso de protección no puede ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de tres de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Mantención de noticias sobre el recurrente en base de datos de diario electrónico. Inexistencia de norma que obligue al diario electrónico a eliminar noticia que fue comunicada en ejercicio de la libertad de expresión. Actuar de la recurrida no es arbitrario. Posibilidad del actualizar información sobre el recurrente. Voto disidente: Derecho al olvido. Permanente publicidad sobre algo que no tiene vigencia que perjudica la carrera del actor. Vulneración del derecho a la honra y a la integridad física y síquica. Deber del medio de comunicación de rectificar la información en forma gratuita.

Fecha Sentencia: 24/06/2020

Cita online: CL/JUR/185965/2020

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Hechos:

Se recurre de protección en contra de propietaria de diario electrónico, por mantener en su archivo o base de datos y por ende visibles en internet, dos noticias referidas al recurrente, con respecto a procesos judiciales y sanciones ocurridas hace 14 años. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de protección deducido, con voto en contra.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que como se sabe, la protección de derechos fundamentales por esta vía constitucional, supone de parte del recurrido un actuar ilegal o arbitrario, de manera que antes de analizar los derechos tutelados corresponde examinar si el diario recurrido incurre en alguna actuación como la descrita y lo cierto es que no se divisa un comportamiento contrario a derecho.

En efecto, la publicación que se hizo en el año 2005, tuvo en ese entonces, un interés público y no existe en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico una norma que obligue al diario electrónico recurrido a eliminar de su sitio de internet una noticia que, en su oportunidad, fue comunicada en ejercicio de la libertad de expresión. Es más, la ley N° 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo obliga en su artículo 14 a aquellas personas o establecimientos que han efectuado impresiones, grabaciones sonoras o producción audiovisual o electrónica en el país y destinados a la comercialización a enviar a la Biblioteca Nacional sendos ejemplares de tales publicaciones, con lo que se demuestra que la información no puede ser eliminada sino que ella pasa a formar parte de un registro que con el paso del tiempo se transforma en histórico.

Por ello los registros noticiosos deben preservarse sin que exista una norma legal que impida a la empresa periodística mantenerlos en su poder.

Sexto: Que también debe desestimarse un actuar arbitrario o carente de razonabilidad, pues no se trata de que el Diario se niegue a la eliminación de las noticias sin fundamento alguno sino que ello obedece a que forman parte de sus archivos noticiosos recopilados como producto de una labor periodística. Menos aún puede estimarse un proceder caprichoso si ofreció la posibilidad de introducir una nota de redacción que incluya la información actualizada con relación al recurrente que permite conocer a quien acceda a ella cuál fue la situación final de dicho acontecimiento, ofreciendo así una medida que salvaguarda los derechos del actor.

Séptimo: Que, de esta forma, al desestimar la existencia de un acto arbitrario o ilegal se hace innecesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Segundo (Voto disidente): Que la recurrida, ante la petición del recurrente para su eliminación, respondió que tan solo es procedente la publicación de una nota explicativa de los resultados anotados en el motivo precedente e incluso requiriendo de los antecedentes respectivos.

Lo anterior conlleva una permanente publicidad sobre algo que no tiene vigencia alguna, en absoluto.

Más aún, el recurrido anota que «no elimina sus notas» lo que significa que no tiene los medios tecnológicos para su eliminación. Lo anterior, resulta contrario frente a la realidad de una sociedad tecnificada, absolutamente.

Tercero (Voto disidente): Que, en este escenario, está en juego el derecho a la honra y a su integridad física y síquica pues en oportunidades el recurrente actualmente Juez de la República con calificaciones equivalente a Lista 1, ha tenido que entregar explicaciones cuando se le ha preguntado sobre lo ocurrido, después de 14 años.

Concordante, el artículo 19 numeral 12 de la Constitución Política de la República que prescribe el derecho de toda persona natural que se sienta ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social para que la noticia sea rectificada en forma gratuita por quien la publica.

Además, es clara la jurisprudencia nacional en cuanto consagra la existencia del derecho al olvido significando con ello la renovación de la imagen de toda persona, sin que se ponga en peligro la libertad de opinión o la prensa misma, sin perjuicio de precisar que el periodismo no siguió la historia de la información en cuanto fue declarado el recurrente sin responsabilidad en los hechos publicados.


3. Corte Suprema.

Recurso de protección. Silencio sobre solicitud de eliminación de noticia.  Derecho al olvido debe ser analizado bajo el prisma de los derechos que pueden verse afectados. Eventual conflicto entre la libertad de información y el derecho a la honra. Derecho a la información de hechos que presentan un interés específico para su divulgación. Derecho al olvido puede anular el derecho a la información si por el transcurso del tiempo ya no es una cuestión de actualidad o noticiable. Improcedencia de eliminar noticia que en su día fue publicada lícitamente. Deber de la empresa periodística de actualizar el dato sobre sobreseimiento definitivo del recurrente. Actuación de la recurrida es arbitraria si mantiene publicación con información parcial. Vulneración del derecho a la honra y garantía de la igualdad. Voto disidente: Procede mantener noticia en la que existe un interés público relevante. Petición de la recurrente de eliminar dato no puede ser acogida.

Fecha Sentencia: 19/05/2020

Cita Online: CL/JUR/52845/2020

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Hechos:

Recurrida se alza en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que acogió la acción constitucional de protección deducida, por el silencia de esta de sobre solicitud de eliminación de una noticia. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema confirma la sentencia apelada, con dos votos en contra.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, como es sabido, el denominado derecho al olvido que invoca la recurrente no está establecido en nuestra legislación, por lo que la decisión de otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca en autos debe ser analizada bajo el prisma de los derechos que se pueden ver afectados, el de la libertad de información y el derecho a la honra o en su caso, como sostienen algunos autores, el derecho a la vida privada. (Corral Talciani, Hernán. «El derecho al olvido en internet: antecedentes y bases para su configuración jurídica». Revista Jurídica Digital UANDES 1(2017), 43 66. Versión online: http://rjd.uandes.cl/index.php/rjduandes/article/view/ 7.

Séptimo: Que en situaciones asimilables a la de autos se ha expresado por la doctrina que «la información criminal o de sanciones administrativas impuestas en contra de una persona forma parte de registros públicos y goza de interés periodístico, y aun con el transcurso del tiempo tiene la aptitud de adquirir un interés histórico respecto del comportamiento de una persona, o de controlar la actividad de quienes impusieron la sanción» (Zárate Rojas, Sebastián: «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa», en Derecom, N° 13 (mar may) 2013, disponible en Dialnet. p. 8).

No hay una posición uniforme en la materia, pero sí puede concluirse que el denominado derecho al olvido en los casos en que éste es aplicado entra en conflicto con el derecho a la información; el tiempo es el criterio para resolver el conflicto.

Así, el derecho al olvido debe dar prioridad a las exigencias del derecho a la información cuando los hechos que se revelan presentan un interés específico para su divulgación. El interés está vinculado, por tanto, al interés periodístico de los hechos. Esto sucede cuando una decisión judicial pronunciada por un tribunal forma parte de las noticias judiciales.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, tal información no es una cuestión de actualidad o noticiable, por lo que el derecho al olvido anula el derecho a la información.

Noveno: Que la información publicada, que vincula a la actora con la comisión de un delito de ejercicio ilegal de la profesión de abogado, por parte de quien, a esa fecha, carecía de aquel título, ciertamente es una información que está dentro del ámbito protegido por el derecho fundamental de la libertad de información.

En efecto, se trataba de una noticia relevante en torno al ejercicio de la profesión de abogado, que a su turno se vincula con la materialización del acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. Así, ha existido y existe un interés público comprometido en el conocimiento de aquella información, no sólo en su origen, sino que también, en su conclusión.

En esta dirección, a pesar de que en la especie no procede la eliminación de la noticia que en su día fue publicada lícitamente, lo cierto es que constituye un deber de la empresa periodística actualizar el dato incorporando, además, un link con el texto íntegro de la resolución que declaró el sobreseimiento definitivo, procedimiento que permite a quienes accedan a esta noticia conocer lo dictaminado finalmente por los tribunales de justicia.

Décimo: Que, al no emitir pronunciamiento la recurrida respecto de las peticiones formuladas por la actora, sólo cabe concluir que existe una actuación arbitraria, puesto que se mantiene una publicación en que la información es parcial, que según expone la recurrente, la perjudica y, en cambio, han omitido parte relevante de ésta, como lo es el sobreseimiento definitivo, vulnerándose así el derecho a la honra que garantiza el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, la publicación parcial, transgrede su obligación de ejercer legítimamente su función social asignada a las empresas periodísticas y, por tanto, ese proceder puede ser calificado, a lo menos, de arbitrario, por carecer de justificación esta renuencia de omisión, con lo cual afecta la garantía constitucional de igualdad de trato que debe a todas las personas, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Cuarto (Voto disidente): Que, en este caso particular, existe un interés público relevante en la mantención de la noticia por parte de la recurrida. En este contexto, si bien prima facie podría estimarse como arbitraria la falta de respuesta del medio de comunicación social a la petición planteada por la recurrente, en orden a eliminar la publicación, lo cierto es que la misma ha sido subsanada a través del informe evacuado en estos autos, en el que se exponen las razones por las cuales la recurrida se niega a la eliminación del dato.

Por lo demás, no es efectivo que la recurrida no hubiese dado respuesta a la petición de la actora, pues de los propios correos electrónicos acompañados por esta última aparece que la Directora del Diario Austral, mediante sendos correos electrónicos de fecha 7 y 8 de agosto de 2016, contestó a los mails enviados por la recurrente, que se encontraba llana a hacer una nota o entrevista para que ella pudiera exponer la evolución del caso.

Quinto (Voto disidente): Que, en este mismo orden de consideraciones, lo pretendido por la actora no es la actualización de la noticia, sino su eliminación, cuestión que se evidencia no solo del petitorio del recurso de protección, sino especialmente del correo electrónico enviado a la Directora del Diario Austral con fecha 8 de agosto de 2016, en el que, respondiendo al ofrecimiento del medio de comunicación social de «hacer una nota para aclarar lo ocurrido», la recurrente contesta que «esa sería para mí una segunda opción, yo no les pido que bajen la noticia de su página web, lo único que solicito es que no aparezca en el buscador».

Sexto (Voto disidente): Que, así las cosas, la petición de la recurrente no puede ser acogida, pues determinar cuáles noticias deben ser indexadas, o bien, eliminadas de la base de datos de un buscador de internet, no está al alcance de la recurrida, sino que depende directamente de los respectivos motores de búsqueda, ninguno de los cuales ha sido emplazado en estos autos.