Ley N° 21.330, Modifica la Carta Fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias, en las condiciones que indica

(Publicada en el Diario Oficial de 28 de abril de 2021)

Antecedentes

El tercer retiro de fondos tuvo como origen tres mociones parlamentarias que surgieron como respuesta a la grave crisis económica que afecta a miles de compatriotas producto de la pandemia provocada por el Covid-19, y como una forma de entregar una solución efectiva a la carencia de recursos.

Cabe señalar, que durante la tramitación del proyecto que refundió las mociones mencionadas, el Presidente de la República interpuso ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para frenar la tramitación de este nuevo retiro de fondos de las AFP. No obstante, el TC resolvió por siete votos contra tres, no acoger a trámite dicho requerimiento. Por este motivo, el Mandatario anunció la promulgación de la ley, a la vez que retiró el proyecto propio que había ingresado el recién pasado domingo 25 de abril.

Contenido de la Nueva Ley

En concreto, la reforma viene a agregar una nueva disposición transitoria a nuestra Carta Fundamental, que especifica que para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Monto de los retiros

En relación al monto de los retiros, se establece un máximo de 150 UF ($4.3 millones), y un mínimo de 35 UF ($1 millón).

En el caso de que el 10% de los fondos acumulados sea menor de 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Por su parte, si los fondos acumulados son inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad.

Forma de solicitar el retiro

Los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la presente reforma, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado en el país.

Asimismo, los afiliados podrán efectuar la solicitud de este retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial que al efecto dispongan las administradoras de fondos de pensiones.

Impedimentos para retiro de fondos

Estarán impedidos de solicitar el retiro de que trata esta ley, las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República y que afecta a las altas autoridades del Estado (Presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios, a excepción de aquellos trabajadores a honorarios).

Para verificar esta situación, el afiliado deberá presentar ante la AFP una declaración jurada simple en la cual dé cuenta que no se encuentra en la circunstancia descrita.

Pago y entrega de los fondos

La entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar, se efectuará en un plazo máximo de quince días hábiles, contado desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones.

La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se efectúen en virtud de esta norma, no tendrán costo alguno para los afiliados.

 Cotización Adicional y reintegro de montos

La norma dispone, que quienes hubieren hecho ejercicio del retiro del 10%, tendrán la opción de aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria, al 11% de sus remuneraciones y rentas imponibles, por un período mínimo de un año a contar del mes siguiente a aquel en que comuniquen la decisión a la administradora de fondos de pensiones a la que estén afiliados, y hasta por el plazo que estimen pertinente.

Por su parte, la ley en comento no hace mención alguna al reintegro obligatorio de los montos.

Pago de impuestos

El texto legal dispone que los fondos retirados a los cuales hace referencia la nueva normativa, no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y, en consecuencia, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras de fondos de pensiones, por lo que no se contempla ningún pago de impuesto para este retiro de fondos.

Obligaciones alimentarias

La presente ley establece que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa. Tampoco podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, estableciendo como única excepción, el derecho de subrogación legal del alimentario o su representante y de la retención, suspensión y embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Con el objeto de exigir el pago de deudas originadas por este tipo de obligaciones, el alimentario acreedor, personalmente o a través de su representante legal o curador ad litem, se entenderá subrogado, por el solo ministerio de la ley, en los derechos del alimentante deudor, para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, hasta por la totalidad de la deuda.

En el caso de que existan varios alimentarios en distintas causas y los fondos autorizados a retirar no fueren suficientes para el pago de cada deuda alimentaria, el tribunal que conozca de la causa más antigua vigente en la cual se decretó retención deberá prorratear, para determinar el monto de cada deuda alimentaria que se pagará con el fondo retirado por subrogación del afiliado alimentante o voluntariamente. Si las deudas alimentarias fueren inferiores al fondo que se autoriza a retirar, el afiliado no perderá su derecho respecto del remanente.

Pensionados de rentas vitalicias

A través de esta reforma se regula la posibilidad de que los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia puedan, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 UF.

El pago por adelantado será único y su valor se descontará a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio.

Las reglas relativas a la intangibilidad y naturaleza de estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la información a las autoridades correspondientes, incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en la nueva ley, serán aplicables a las solicitudes de anticipos que efectúen los pensionados o sus beneficiarios por rentas vitalicias.

El pago de los fondos solicitados se efectuará al pensionado o sus beneficiarios en un plazo máximo de treinta días corridos, contados desde la recepción de la solicitud.

Modificaciones legales

La ley en comento agrega la nueva disposición quincuagésima transitoria a la Constitución Política de la República.

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Decreto N° 43, Aprueba Reglamento del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, creado por la ley Nº 21.288

(Publicado en el Diario Oficial de 23 de abril de 2021)

Antecedentes

En el contexto de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país, se han implementado una serie de medidas encaminadas a sortear los efectos negativos de la pandemia, que impactan en forma directa a la economía de miles de chilenos.

La extensión de la crisis hizo necesario el diseño de nuevas providencias, entre ellas se alcanzó un «Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo», que quedó consagrado en la ley Nº 21.288, que Crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, cuyo objeto es financiar todo tipo de gastos derivados de los efectos económicos y sociales que ha generado la pandemia. El artículo 3º de la ley citada, dispone que un reglamento, dictado por el Ministerio de Hacienda, establecerá las normas sobre el funcionamiento del Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 y, en general, aquellas pertinentes para la aplicación de los recursos a los fines a que se refiere dicha ley e información de parte de los órganos ejecutores.

Contenido de la norma

El Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, estará destinado a financiar los objetivos señalados en el artículo 1° de la ley Nº 21.288, mencionada precedentemente.

La administración del Fondo corresponde al Ministro de Hacienda, función que la ejercerá conforme a las facultades contenidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, en lo pertinente, en el inciso segundo del artículo 3 del decreto ley Nº 1.056, de 1975, que determina normas complementarias relativas a la reducción del gasto púbico y al mejor ordenamiento y control de personal.

El Fondo registrará sus operaciones en la asignación correspondiente del Programa de Operaciones Complementarias de la Partida 50, Tesoro Público. Su financiamiento provendrá de Ingresos Generales de la Nación (Programa 01), por lo que, de esta manera, los montos máximos de gasto se sujetarán a lo previsto en la legislación vigente y en los decretos que corresponda dictar.

La aplicación de los recursos del Fondo se efectuará a través de asignaciones presupuestarias a los órganos e instituciones públicas que ejecuten las acciones a financiar con estos recursos.

Extinción del Fondo

La norma indica que el fondo se extinguirá de pleno derecho el 30 de junio de 2022 y, antes de esa fecha, por el completo agotamiento de los recursos indicados en el artículo 1 de la ley. El saldo que exista al tiempo de la extinción del Fondo se transferirá al Fondo de Estabilización Económico y Social. En caso de extinguirse el Fondo por el agotamiento de los recursos antes de la fecha señalada, el Ministro de Hacienda así lo certificará mediante resolución dictada para dicho efecto.

La extinción del Fondo tendrá aparejada la supresión, de pleno derecho, de cualquier asignación, ítem o programa que se hubiere creado especialmente con motivo del Fondo, excepto de aquellas relacionadas con iniciativas de inversión que requieran mantenerse para su ejecución. No se podrá girar ni comprometer financiamiento con cargo al Fondo después de la fecha de extinción de éste.

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