1. Corte Suprema. Recurso de protección. Suspensión del proceso de formación hasta por el término de dos años, a Alumna Carabinero, por encontrarse embarazada. Vulneración del derecho a la igualdad y educación. Embarazo y la maternidad no puede constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Principio de proporcionalidad. Deber de modificar el Plan de Estudios del Curso de Formación que recoja las particularidades de las alumnas embarazadas. Vulneración de los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad.

2. Corte de Apelaciones de Coihaique. Recurso de protección. Exclusión del proceso de Formalización del Programa Reactívate, de Sercotec. Exclusión de proceso de postulación que se encontraba en la etapa de formalización y próximo a la suscripción del contrato entre el postulante y Sercotec. Exclusión de recurrente por relación de parentesco que podría generar un eventual o potencial conflicto de intereses. Vulneración de la igualdad ante la ley y del principio de no discriminación.

3. Corte Suprema. Acción de no discriminación arbitraria. Universidad incurre en acciones discriminatorias al omitir hacer los ajustes necesarios de manera eficaz, a fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad en iguales condiciones. Universidad acepta el ingreso de personas con discapacidad en la medida que se acojan a dicho sistema y cumplan con los requisitos necesarios para acceder al mismo. Demandante no se acogió al sistema de ingreso de personas con discapacidad.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Suspensión del proceso de formación hasta por el término de dos años, a Alumna Carabinero, por encontrarse embarazada. Vulneración del derecho a la igualdad y educación. Embarazo y la maternidad no puede constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Principio de proporcionalidad. Deber de modificar el Plan de Estudios del Curso de Formación que recoja las particularidades de las alumnas embarazadas.  Vulneración de los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad.

Fecha Sentencia: 23/11/2020

Cita online: CL/JUR/147773/2020

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Hechos:

Actora se alza contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra del Director de la Escuela de Formación de Carabineros Chile, por estimar arbitraria e ilegal la medida de suspensión hasta por el término de dos años, como Alumna Carabinero, por encontrarse embarazada. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que, analizando los hechos fundantes del recurso a la luz de las normas constitucionales y legales antes transcritas, es posible concluir que la medida dispuesta por el Director de la Escuela de Formación de Carabineros, a través de Resolución Exenta N° 238 de 7 de febrero del año, en orden a disponer la suspensión del proceso de formación de la recurrente hasta por el periodo de dos años, fundado en que su estado de gravidez no le permite dar cumplimiento al Plan de Estudio respectivo, resulta una medida ilegal y que afecta el derecho a la igualdad y educación de la recurrente en su esencia, desde que importa dispensar un trato discriminatorio por motivo de su embarazo, que menoscaba el desarrollo educativo de la recurrente, y con ello, el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

En efecto, imponer a la recurrente la suspensión de hasta dos años en su proceso de formación, sólo por encontrarse embarazada, circunstancia a la que naturalmente los alumnos hombres no se verán enfrentados, es una decisión que no resulta neutra desde el punto de vista del respeto al derecho a la igualdad al que se encuentran obligados todos los órganos del Estado, y por cierto el recurrido, pues ello importan indefectiblemente un menoscabo en el desarrollo académico de la Alumna Carabinero embarazada, quien verá demorado el cumplimiento de su Plan de Estudio, con los subsecuentes efectos en su carrera funcionaria en la Institución, circunstancia que importa dispensar un trato discriminatorio contra la actora, únicamente en consideración a su condición de mujer embarazada, proceder que, desde luego, vulnera la normativa constitucional antes aludida.

Por el contrario, el estándar en el cumplimiento de los derechos fundamentales fijados por la normativa constitucional en referencia, impone al Estado y a sus órganos «Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella», que fue precisamente la justificación esgrimida por la propia recurrida, sin que el embarazo y la maternidad en ningún caso pueda constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, siendo deber de estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos, como lo dispone el artículo 11 del D.F.L. N° 2 sobre Ley de Educación.

La conclusión antes descrita, es la misma que se encuentra contenida en el artículo 202 del Código del Trabajo, que confiere a la trabajadora embarazada el derecho al cambio de funciones cuando realiza trabajos riesgosos o pesado, que pudieran afectar su embarazo, sin que ello pueda dar lugar a una merma de sus remuneraciones, todo ello, en la tradicional perspectiva del Convenio N° 183 de la OIT sobre la materia, hipótesis normativa que bien puede ser asimilada a la situación académica de la recurrente.

Sexto: Que, en consecuencia, el pleno respeto de los derechos fundamentales de la actora, en su condición de mujer embarazada, imponía a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile adoptar las medidas que fueran necesarias, para, por una parte, respetar los derechos de igualdad y educación de la Alumna Carabinero recurrente, y por otra, otorgar la debida protección del que está por nacer, realizando los cambios al Plan de Estudios que sea consistente con el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la actora y que no importe un menoscabo en su desarrollo académico y profesional, por el sólo hecho de encontrarse embarazada.

Con todo, la modificación al Plan de Estudios del Curso de Formación que recoja las particularidades de las alumnas embarazadas se ajusta a los requisitos que impone el principio de proporcionalidad que rige la materia. En efecto, resulta una medida que persigue una finalidad legítima la protección del que está por nacer y el derecho a amamantamiento del niño recién nacido ; adecuada o idónea para la promoción de dicho objetivo; necesaria, por lo que debe preferirse de entre varias alternativas de intervención, como sería la suspensión de la alumna hasta por dos años dispuesta por la Institución recurrida, por afectar en menor medida los derechos fundamentales de la actora y resguardar igualmente el deber de protección del no nato y los intereses de Carabineros de Chile. Y, finalmente, por satisfacer el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, la gravedad de la intervención medida adoptada por la Escuela de Formación de Carabineros ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención, sin afectar los derechos de la recurrente en su esencia o en la menor medida posible.

Séptimo: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, al no adoptar los ajustes al Plan de Estudio respectivo que permitiera a la actora continuar con su proceso educativo, considerando todas las particularidades de la Alumna Carabinero embarazada que ha recurrido, lo que importa dispensar un trato discriminatorio que sólo afecta a las Alumnas Carabineros mujeres, que conlleva un menoscabo en su proceso de formación.

Octavo: Que, en consecuencia, resulta del todo ilegal que la recurrida suspenda por hasta dos años a la Alumna Carabinero por la sola circunstancia de encontrarse embarazada, con consecuencias tan definitivas para ella en sus derechos, resultando imperativo exigir a la recurrida un mínimo de diligencia en su proceder y respeto por los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en la labor que realiza, por lo que la sentencia apelada deberá ser revocada, para los efectos que se dispondrán en lo resolutivo.


2. Corte de Apelaciones de Coihaique.

Recurso de protección. Exclusión del proceso de Formalización del Programa Reactívate, de Sercotec. Exclusión de proceso de postulación que se encontraba en la etapa de formalización y próximo a la suscripción del contrato entre el postulante y Sercotec. Exclusión de recurrente por relación de parentesco que podría generar un eventual o potencial conflicto de intereses. Vulneración de la igualdad ante la ley y del principio de no discriminación.

Fecha Sentencia: 09/09/2020

Cita Online:  CL/JUR/139777/2020

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Hechos:

Particular interpone recurso de protección en contra del Servicio de Cooperación Técnica de Coyhaique, señala como arbitraria e ilegal la decisión de no continuidad en el proceso del Programa Reactívate con Sercotec. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que, establecido el marco normativo y en su consiguiente correlación a los hechos que se tuvieron por acreditados y el asunto que nos motiva, ha de concluirse con que, efectivamente, la recurrida ha actuado no sólo arbitrariamente sino que también en forma ilegal, en cuanto ha discriminado caprichosamente a la recurrente de acceder a un beneficio económico, derivado de un proceso de postulación que se encontraba en la etapa de formalización y próximo a la suscripción del contrato entre el postulante, la recurrente y Sercotec, lo que ha afectado a la compareciente de protección en el devenir de su actividad económica, atentando, especialmente a su garantía de igualdad ante la ley y al derecho a no ser discriminado, en este caso por actos de terceros, todo lo que devino en una acción arbitraria, puesto que en su informe reconoce que la recurrente no se encuentra en la situación de la letra b), del punto 2.2., de las Bases de Postulación, pero agrega que la relación de parentesco existe y ello podría generar una eventual o potencial conflicto de intereses con afectación del principio de probidad, que es lo que determinó la decisión recurrida.

Sin embargo, obvia la recurrida la circunstancia de que la situación del parentesco se encuentra expresamente contemplada en la letra b), del punto 2.2., de la citadas Bases, y la justificación que informa la decisión de no continuidad en el proceso de postulación de la recurrente, la sostiene en la letra f), del mismo punto, más, dicha causal de exclusión de postulación, tiene un enunciado claro y preciso: «Cualquier persona que se encuentre en otra circunstancia», vale decir, una circunstancia ajena al parentesco de cuya eventualidad ya se había encargado la letra b), precedente, de manera que la circunstancia del parentesco, habiendo ya sido expresamente contemplada, no puede entenderse comprendida en la expresión «otra circunstancia», de la letra f), del citado punto 2.2., de la Bases de Postulación a la Convocatoria, dado que en caso contrario, como lo fundamenta la recurrida, sería letra muerta lo dispuesto en la letra b), lo que conduce a un absurdo, que como principio interpretativo nos lleva a desecharlo.

Una interpretación contraria llevaría a considerar, ilimitadamente, relaciones de parentesco, mucho más allá de lo que las mismas bases consideraron como base de conflicto o afectación del principio de probidad, tal como ocurre en la presente situación.

Abunda a lo anterior la circunstancia de que la eventualidad o potencialidad de un conflicto de intereses que pugne con el principio de probidad no fue desarrollado de ninguna manera por la recurrida, no habiendo explicitado en qué consistiría esa eventualidad o potencialidad de conflicto del lejano parentesco con la recurrente para el caso que nos ocupa, apreciándose que, no obstante constituir, en el mejor de los casos, una sana preocupación de la Directora Regional, no es razón suficiente para excluir a la recurrente de un proceso de postulación, sin más, apartándose de la Bases debidamente aprobadas, publicitadas y aceptadas por la titular de la acción cautelar, todo lo cual deviene en una acción arbitraria, toda vez que, precisamente si estimó una eventual o potencial conflicto con el principio de probidad, debió abstenerse de participar pudiendo ser subrogada de conformidad a la ley.

NOVENO: Que, de esta manera, este Tribunal estima que en efecto concurre una acción ilegal y arbitraria, en la forma en que se ha desarrollado ut supra, que es el sustento y presupuesto básico de la procedencia de la presente acción cautelar, ya que el actuar de parte de la Directora Regional del Servicio de Cooperación Técnica, vulneró y perturbó la garantía constitucional de la recurrente en cuanto al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, ya que se le ha dado un trato que a la mayoría de los postulantes no se les da y con infracción a las directrices contenidas en las Bases, resolución y determinación basada en supuestos e hipotéticas situaciones o conductas que no han sido explicitadas y menos comprobadas ni acreditadas.


3. Corte Suprema.

Acción de no discriminación arbitraria. Universidad incurre en acciones discriminatorias al omitir hacer los ajustes necesarios de manera eficaz, a fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad en iguales condiciones. Universidad acepta el ingreso de personas con discapacidad en la medida que se acojan a dicho sistema y cumplan con los requisitos necesarios para acceder al mismo. Demandante no se acogió al sistema de ingreso de personas con discapacidad.

Fecha Sentencia: 14/01/2020

Cita Online: CL/JUR/6049/2020

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Hechos:

Demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que revocó el fallo de primer grado y rechazó la acción de no discriminación arbitraria. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que como se puede advertir de la lectura de las normas transcritas, el prestador de servicios educacionales, tiene el deber de adoptar medidas destinadas a evitar, o compensar las desventajas que presenta una persona con discapacidad, para asegurar que el mecanismo de selección resguarde su derecho a participar en igualdad de oportunidades.

Séptimo: Que para que se esté frente a acciones descritas como discriminatorias conforme al artículo 2° de la Ley 20.609 ellas han de ser carentes de justificación razonable y, por otra parte para que se estime que la universidad demandada con su actuar ha infringido el artículo 7 de la Ley 20.422, y el artículo 24 de la Convención ya individualizada, dicha casa de estudios ha debido omitir hacer los ajustes necesarios de manera eficaz, sin que ello suponga una carga desproporcionada, a fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad en iguales condiciones.

Octavo: Que la conducta desplegada por la universidad, no puede estimarse que constituya una infracción a las normas que se denuncian ya individualizadas en el fundamento cuarto de este fallo, por cuanto no aparece que el actor haya sido excluido atendida su condición por una justificación no razonable, toda vez que al ser un hecho de la causa como se asentó en el fundamento segundo de esta sentencia, que la universidad demandada acepta el ingreso de personas con discapacidad en la medida que se acojan a dicho sistema y, cumplan con los requisitos necesarios para acceder al mismo, cuestión que el actor no hizo, se comprueba que la Universidad ha generado mecanismos para procurar la inclusión de personas con discapacidad, no pudiendo entonces estimarse que se esté frente a una conducta discriminatoria, al no aceptarlo como alumno en estas condiciones, apareciendo que no se ha vulnerado el derecho a la igualdad que consagra el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política.