1. Corte Suprema. Indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Finalidad de la interpretación de los contratos. Desnaturalización de lo acordado por las partes permite al Tribunal de Casación revisar la interpretación contractual. Partes pactaron mandato condicional sin responsabilidad alguna para el banco por no contratar seguro. Deudor es el principal obligado, no solamente al pago del mutuo de dinero acordado, sino de la contratación de los seguros correspondientes. Contratación de seguros era de cargo del deudor principal y el banco sólo podía hacerlo por éste, a su cuenta, de estimarlo conveniente y acá no ejerció dicha facultad.

2. Corte Suprema. Reconocimiento de derechos y cobro de pesos. Es facultad privativa de los jueces de la instancia la interpretación de los negocios jurídicos. Regla de interpretación del art. 1560 del Código Civil presupone la prevalencia de la intención de los contratantes por sobre lo literal de los términos del acuerdo supeditada a que sea manifiesta. Es necesaria la interpretación si los términos de una convención suscitan controversia entre las partes respecto de los distintos efectos que han de tener sus estipulaciones.

 3. Corte Suprema. Desahucio de contrato de arrendamiento de inmueble y entrega inmediata. Interpretación de los contratos corresponde a los jueces del fondo. Desnaturalización de lo acordado permite al Tribunal de Casación revisar la interpretación contractual. Facultad para una de las partes, en contrato bilateral, de poder accionar unilateralmente requiere una interpretación restrictiva. Improcedencia de extender la facultad para que una de las partes pueda accionar unilateralmente a casos no previstos en expresamente en el contrato.


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1. Corte Suprema.

Indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual.  Finalidad de la interpretación de los contratos. Desnaturalización de lo acordado por las partes permite al Tribunal de Casación revisar la interpretación contractual. Partes pactaron mandato condicional sin responsabilidad alguna para el banco por no contratar seguro. Deudor es el principal obligado, no solamente al pago del mutuo de dinero acordado, sino de la contratación de los seguros correspondientes. Contratación de seguros era de cargo del deudor principal y el banco sólo podía hacerlo por éste, a su cuenta, de estimarlo conveniente y acá no ejerció dicha facultad.

Fecha Sentencia: 21/07/2020

Cita online: CL/JUR/52893/2020

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Hechos:

Demandante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que revocó el fallo de primer grado y rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que, valga señalar, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, que la interpretación de los contratos, esto es, aquella operación intelectual desarrollada por los jueces con miras a indagar cuál ha sido la verdadera intención de las partes, es una cuestión de hecho que aquéllos establecen mediante el análisis de cláusulas estipuladas y de las demás pruebas allegadas al proceso, de acuerdo con facultades que de manera privativa les corresponden en la apreciación de tales antecedentes. Sin embargo, cuando la interpretación conduce a una errada calificación del contrato o a una desnaturalización de los efectos jurídicos que le son propios, se transforma en una cuestión de derecho, constituida por la transgresión a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

Que, en este contexto, el objetivo de la labor interpretativa de los actos y contratos radica en conocer los puntos en que ha confluido la intención de los contratantes, la voluntad que han expresado al celebrar el acto o convención de que se trata, es decir, aquello en lo que han consentido, uniéndolos y determinándolos a contratar. En función de guiar al intérprete en su labor, el legislador le ha entregado diversas reglas, directrices que se contienen, fundamentalmente, en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, las que con excepción de la establecida en el último artículo mencionado no obedecen a un orden de prelación, sino que serán más o menos relevantes según la incidencia que tengan en la determinación de la intención de las partes, siempre considerando las circunstancias que hayan integrado el iter contractual.

Es tal labor la que han realizado los jueces del grado, quienes correctamente han establecido que el mandato fue otorgado bajo condición que el deudor cumpliera su obligación, como principal obligado, a la contratación de los seguros de incendio, adicionales y, en especial, el de desgravamen, eximiendo al banco acreedor de toda responsabilidad en el evento de no contratar o de no renovarse la póliza, fijando frases como «si lo estima conveniente», que denotan la clara intención que el banco sólo podría actuar en la medida que lo considerara pertinente, sin que este encargo se transformara para él en una obligación que cumplir, sino en una prerrogativa. Por otro lado y, aun cuando se considerara que el banco estaba obligado a cumplir el encargo hecho por el deudor, cabe preguntarse qué obligaciones debían quedar aseguradas. Allí nuevamente los jueces del fondo aciertan al sostener que el mandato se refería a obligaciones ya contraídas, dado que cuando las partes quisieron pactar algo diverso, lo dijeron expresamente, como ocurrió en la cláusula duodécima.

Que al haber alcanzado los jueces de segundo grado una decisión en el sentido indicado, aplicando correctamente los preceptos legales atinentes a la cuestión puesta en su conocimiento, no han incurrido en los errores de derecho que se les atribuye en el presente capítulo del recurso, puesto que no han desnaturalizado el sentido de las cláusulas establecidas por las partes en los contratos suscritos por ellas y que han sido materia de estudio, sino que han realizado su labor interpretativa procurando dar un sentido armónico a las mismas, no vulnerándose en consecuencia ni la ley del contrato ni las normas de interpretación de los mismos.

Séptimo: Que, en este sentido, esta Corte comparte los argumentos expuestos en la sentencia recurrida.

En efecto, la atenta lectura del contrato en su integridad lleva a entender que el deudor es el principal obligado, no solamente al pago del mutuo de dinero acordado, sino de la contratación de los seguros mencionados en la cláusula décimo cuarta. Si éste no lo hacía, el banco quedaba facultado para hacerlo a nombre y cuenta del deudor, «si así lo estima a bien», sin asumir responsabilidad alguna ni por la contratación, ni por la no renovación. Pensar algo diverso, significaría sostener que el Banco es ahora deudor del deber contenido en el mandato, y como deudor, debiese estar perjudicado por el no cumplimiento con sanciones expresamente pactadas o las legales que corresponda aplicar. Nada de eso hay, ya que el beneficiario con la contratación de los seguros como el de incendio, en caso algún podría ser el banco, cuya obligación principal está suficientemente garantizada por las cauciones reales constituidas.

De esta forma, se comparten los argumentos de la Corte recurrida, expuestos en el motivo tercero, al señalar que: «…claramente se trata de un mandato condicional y ambas partes, acordaron que, si dichos seguros no se contrataban, no existía responsabilidad alguna para el banco»

En este sentido vale recordar que, conforme lo dispuesto en el artículo 1484 del Código Civil, las condiciones pactadas deben cumplirse literalmente, en la forma convenida y, complementado por el artículo 1483 del mismo cuerpo legal, las condiciones deben cumplirse del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, presumiéndose que ese es el modo más racional. A este respecto, las partes pactan este mandato condicional y, sin reclamo alguno, los demandantes pagan deudas respecto de las que no hubo contratación de seguro alguno por el banco.

Décimo: Que, de conformidad con lo reseñado precedentemente, se observa que los sentenciadores han resuelto el conflicto, aplicando correctamente la normativa sobre la acción que nos convoca. La contratación de seguros era de cargo del deudor principal y el banco sólo podía hacerlo por éste, a su cuenta, de estimarlo conveniente y acá no ejerció dicha facultad. Así transcurrieron los años, hasta el fallecimiento del deudor, quien nunca reparó en el no ejercicio del mandato; la sucesión pretende poner esta obligación de cargo del acreedor para obtener un beneficio directo y unilateral: provocar el pago de las deudas, invirtiendo con dicha interpretación los roles asumidos por las partes y contrariando el principio de buena fe contenida en el contrato, en especial, en lo relativo a la presumible forma en que las partes entendieron las cláusulas, habiendo la sucesión pagado deudas, sin reclamo. Y aún en el evento de concordar con la tesis del recurrente, tampoco se llega a una solución diversa a la adoptada en el fallo recurrido, ya que, asumiendo que fuera el banco quien debía garantizar las deudas contratando los mentados seguros, solo esta eventual exigencia se refiere a las contraídas en el documento de mutuo de 2004 y a las anteriores pactadas; nunca a las futuras, pues sería una obligación indeterminada.


2. Corte Suprema.

Reconocimiento de derechos y cobro de pesos. Es facultad privativa de los jueces de la instancia la interpretación de los negocios jurídicos. Regla de interpretación del art. 1560 del Código Civil presupone la prevalencia de la intención de los contratantes por sobre lo literal de los términos del acuerdo supeditada a que sea manifiesta. Es necesaria la interpretación si los términos de una convención suscitan controversia entre las partes respecto de los distintos efectos que han de tener sus estipulaciones.

Fecha Sentencia: 06/07/2020

Cita Online: CL/JUR/69275/2020

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Hechos:

Demandante deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de primera, rechazando la demanda principal de reconocimiento de derechos y la subsidiaria de cobro de pesos. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo intentado.

Considerandos relevantes.

SEXTO: Que antes de profundizar en mayores reflexiones se hace necesario dejar expresado que, teniendo en cuenta lo que fue la materia sometida al conocimiento y decisión de los tribunales del mérito, según se pormenorizó en los considerandos que anteceden, las alegaciones en que se sustenta el recurso de nulidad sustantiva se ven debilitadas en su viabilidad.

En efecto, de la lectura del arbitrio se advierte que lo cuestionado son los antecedentes considerados por los jueces del fondo en la interpretación de una convención y en la cual se habría desconocido la real intención que tuvieron las partes al momento de celebrar cesión de derechos litigiosos.

Sobre el particular, ha de tenerse en cuenta que la interpretación de los negocios jurídicos es inherente a las facultades que son propias de los jueces de la instancia, sujeta a la revisión de esta Corte de Casación sólo en el evento que por tal labor se desnaturalice lo acordado, transgrediéndose la ley.

SÉPTIMO: Que el objetivo de interpretar las convenciones radica en conocer los puntos en que ha influido la intención de las partes en la voluntad que han expresado al estipular lo pactado, vale decir, aquello en lo que han consentido efectivamente, de modo de estarse a ello más que a la mera literalidad de las palabras.

Para guiar al intérprete en su labor, el legislador ha entregado diversas reglas que sirven a la consecución de la finalidad de su actividad, directrices que se contienen, fundamentalmente, en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, las que no tienen un orden de prelación, sino que serán más o menos relevantes, según la incidencia que tienen en la determinación de la intención de las partes, siempre considerando las circunstancias que hayan integrado el iter contractual, inclusive lo relativo a la etapa de cumplimiento.

NOVENO: Que, si bien el artículo 1560 del Código Civil presupone la prevalencia de la intención de los contratantes por sobre lo literal de las cláusulas o términos de su acuerdo, ella queda supeditada a que aquélla se conozca «claramente», es decir, de un modo palmario o manifiesto, descartando cualquier ambiguedad sobre el particular.

Que, en el presente caso, las partes consignaron por escrito los términos en los que declararon la voluntad en la que consintieron, desprendiéndose de lo acordado que la cesión de derechos litigiosos se refirió al juicio seguido en causa Rol N° 1885 1996 del 9° Juzgado Civil de Santiago. En tal sentido, la literalidad de las palabras constituye una clara manifestación de la voluntad de las partes, consistente en una cesión de derechos relativos al consabido juicio y no a otro.

DÉCIMO: Que esta Corte ha expresado que: «la interpretación resulta necesaria cuando los términos de una convención suscitan controversia entre las partes respecto de los distintos efectos que han de tener sus estipulaciones. En esta labor se han clasificado las reglas legales entre aquellas referidas al contrato propiamente tal y las que reflejan un comportamiento o acceden al contrato mismo» (N° 1556 08 «Inversiones Banesto S.A. c/ Inversiones Cardoen S.A», 21 de julio de 2009).

Dada la índole de la controversia ventilada en autos, se advierte que de lo pactado se revela de manera nítida la voluntad de las partes, bastando su tenor literal para concluir que la cesión de derechos se limitó únicamente al juicio ventilado ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, de manera que sus efectos no alcanzaron a la causa Rol N° 690 2002 del 12° Juzgado Civil de Santiago y, especialmente, a la transacción celebrada entre la Minera Los Pelambres y la Sociedad Agrícola y comercial El Mauro Limitada.

UNDÉCIMO: Que, a la luz de los antecedentes descritos y los fundamentos de la decisión de los jueces de segundo grado, se establece que éstos, ante la divergencia planteada por los litigantes, se abocaron al análisis de lo acordado en la convención y determinaron que la voluntad de las partes fue la que ellos establecieron.

Como se advierte con facilidad, nada hay en tales cavilaciones que desnaturalice, altere o degrade los acuerdos comprendidos en la convención que se tuvo por fijada en la causa.

Luego, en el escenario fáctico establecido por los jueces del fondo, esto es, que las partes celebraron la cesión de derechos litigiosos cuyo objeto fue la cesión del 50% de los derechos litigiosos relativos al juicio seguido en causa Rol N° 1885 96 del 9° Juzgado Civil de Santiago y no otro, resulta ser inmodificable para este tribunal, toda vez que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto examinar la legalidad de un fallo, esto es, la adecuada aplicación del derecho. Los hechos sólo pueden ser alterados en el evento de haberse denunciado y acreditado eficazmente la infracción de normas reguladoras de la prueba, lo que en la especie no ha acontecido.


3. Corte Suprema.

Desahucio de contrato de arrendamiento de inmueble y entrega inmediata. Interpretación de los contratos corresponde a los jueces del fondo. Desnaturalización de lo acordado permite al Tribunal de Casación revisar la interpretación contractual. Facultad para una de las partes, en contrato bilateral, de poder accionar unilateralmente requiere una interpretación restrictiva. Improcedencia de extender la facultad para que una de las partes pueda accionar unilateralmente a casos no previstos en expresamente en el contrato.

Fecha Sentencia: 30/06/2020

Cita Online: CL/JUR/45735/2020

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Hechos:

Demandado interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que hizo lugar a la demanda sobre desahucio de contrato de arrendamiento de inmueble y entrega inmediata. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Quinto: Que, en opinión de este Tribunal, la cláusula tercera del contrato de arrendamiento cedido a la demandante fue desnaturalizada mediante la interpretación efectuada. Para la sentencia, los casos señalados en ella como configurativos de necesidad justificada que habilitaría al arrendador unilateralmente para poner término anticipado al contrato de arrendamiento son meramente enunciativos. De ahí que se asilara en el artículo 1565 del Código Civil, que previene respecto de la situación en que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los casos a que naturalmente se extienda. Repasemos ahora la cláusula tercera del contrato en lo pertinente. La primera parte habla de la entrega y de la duración del contrato. Y de cómo los contratantes pueden ponerle término dando noticia a la contraparte en un plazo determinado. Luego, viene la segunda parte, en que se contempla la posibilidad de término del contrato, pero ahora unilateralmente, es decir, en forma extraordinaria, puesto que un contrato es un acuerdo de voluntades. Y la cláusula dice sobre el particular y es un hecho establecido: «El arrendador unilateralmente en el caso de necesidad justificada, podrá ponerle término anticipado al contrato sea que esté corriendo, sea que esté corriendo el plazo de vigencia original o prorrogado, teniendo que respetar el término de las actividades escolares, entendiéndose estas al 31 de diciembre de cada año. Para los efectos del presente contrato se entenderá como necesidad justificada, carta de oferta de compra del inmueble o el ofrecimiento de un arriendo por un monto superior al 30% del canon establecido en la siguiente cláusula. Se reconoce al arrendatario el derecho de primera opción de venta o de nuevo arriendo, en caso de que mejore o iguale la oferta de compra o arriendo propuesta, con las mismas condiciones establecidas en dicha oferta. El término anticipado del contrato deberá darse con 60 días de anticipación.»

Como se puede advertir fácilmente, esta cláusula restringe del todo la facultad unilateral que otorga al arrendador, ya que los casos en que ha de tener lugar según la voluntad de las partes son solo dos, es decir, no se trata como lo interpretó el tribunal, de un señalamiento enunciativo, sino taxativo. Sólo dos situaciones prevén a norma convencional para el ejercicio legítimo por el arrendador de la facultad unilateral que contempla.

Esta Corte ha sostenido que la materia de interpretación de los contratos es en general vedada a los efectos del recurso de casación en el fondo, pero se ha cuidado de advertir contra aquello que desnaturalice el contrato y evidentemente alguna de sus cláusulas. Esto no es nada extraño, es expresión de un principio general del derecho. Las cosas son lo que son. La voluntad de las partes puede ser interpretada y como una mera cuestión fáctica, porque se trata de averiguar la intención de ellas. A eso se refiere el artículo 1560 del Código Civil, cuando dice «Conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras». Y es explicable, porque con el legislador es al revés, ya que el derecho supone que se ha valido de las palabras más significativas, lo que, sin embargo, no impide la interpretación de la ley, pero bajo reglas distintas. Entonces, si las partes dijeron son dos los casos en que una facultad tan especial como la de poner término unilateral a un contrato que es un acto jurídico bilateral y que además es un contrato bilateral, puede llegar a ejercerse, quiere decir que está vedado a otros casos producir este mismo efecto;

Sexto: Que, en la especie, el fallo de primera instancia, no modificado por el de segunda en esta parte (en cuanto al fondo), interpretó, primeramente, que la presente acción se funda en la facultad conferida al arrendador en la cláusula tercera, y que debe la intención ser fundada; pero entendió que podía serlo tanto en los casos previstos en la cláusula como en otros, haciendo aplicable la norma del artículo 1565 del Código Civil. Es justamente aquí, donde se configura el error de derecho, puesto que la voluntad de las partes respecto de una facultad excepcional, esto es, unilateral, como ya se ha adelantado, no es abierta a una multiplicidad de casos, sino cerrada a sólo dos casos. Empero, además, no únicamente se refiere a esos dos casos, sino que la misma cláusula estipula que el arrendatario tendrá un derecho, porque se le reconoce expresamente, cual es, que en conocimiento de la oferta de compra o de un arrendamiento con ofrecimiento de mayor renta, tendría la primera opción de efectuar la oferta y cerrar el negocio.

Nada de esto se estableció como hecho en la sentencia, a pesar de ser un elemento esencial de la cláusula interpretada.

De otra parte, sea dicho que la sentencia estimó configurada la necesidad justificada que permitía el ejercicio de la facultad unilateral acordada por las partes contratantes, con la circunstancia de que la cesionaria del contrato de arriendo compró el inmueble en que funciona el establecimiento educacional de la demandada, para su giro que es el alimenticio, alegando la diferencia de renta, ya que percibe una cantidad muy menor al dividendo que paga por la compra del bien raíz que arrienda el demandado;

Séptimo: Que, de esta forma, queda claro que la interpretación hecha por el tribunal y que permitió acoger la demanda de terminación del contrato de arrendamiento por desahucio, yerra en derecho, porque en un contrato bilateral, la facultad para una de las partes de poder accionar unilateralmente requiere una interpretación restrictiva, sobre todo cuando las palabras de que se vale el acuerdo de voluntades no es amplio, sino circunscrito, como en el caso.

Por qué un asunto que regularmente es de hecho se puede transformar en infracción de ley. Simplemente porque la voluntad de las partes era conocida claramente en un sentido, conforme la sola lectura de la cláusula respectiva, acorde el artículo 1560 del Código Civil. Seguidamente, porque se dio aplicación al artículo 1565 del Código Civil, que no era aplicable, porque la voluntad de los contratantes estaba acotada y no admitía otros casos. Y tercero, porque, evidentemente, no se estuvo a la voluntad de las partes del contrato en orden a respetar el derecho que en la cláusula contractual se estableció en favor del arrendatario, vale decir, que tuviera la primera opción sea que se tratare de una oferta de compra, sea que se tratare de una oferta de arrendamiento que mejorara el canon que debía pagar.