1. Corte de Apelaciones de Santiago Parricidio frustrado y otros. Encuadre típico de los hechos al ilícito por el que se ha formalizado, de parricidio frustrado. Justificación de la calificación dada al hecho específico. Deber de determinar la necesidad y proporcionalidad de medida cautelar. Antecedentes permiten acreditar que libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Improcedencia de acoger sugerencias contenidas en informes médicos producidos y costeados por la propia parte que quiere servirse de ella.  Determinación del lugar de cumplimiento de prisión preventiva. Inexistencia de patología mental que amerite o justifique la internación en un centro psiquiátrico de aquellos establecidos por la ley al efecto. Cumplimiento de medida cautelar en establecimiento penitenciario.

2. Corte de Apelaciones de Concepción. Femicidio frustrado. Determinación de la pena. Causal de nulidad de errónea aplicación del derecho, acogida. Improcedencia de exceder la penalidad aplicable al caso concreto. Prescripción de la reincidencia. Homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurran las condiciones especiales. Elementos del tipo penal parricidio. Parricidio no es una forma más de homicidio calificado. Conviviente como sujeto pasivo del delito de parricidio. Ampliación de la figura típica a «quien es o ha sido conviviente» del autor.

3. Corte de Apelaciones de San Miguel. Al año 2007, el delito de parricidio no contemplaba como sujetos de protección e imputación a los convivientes del mismo sexo.  Calificación del delito. Pese a que víctima vivía y mantenía una relación afectiva con el acusado, no tenía la calidad de conviviente. Calificación del ilícito como homicidio simple


Estimados usuarios:

Para visualizar estas sentencias debe tener iniciada su sesión en Westlaw, en caso de solicitársele clave OnePass, por favor, comunicarse con nuestra área de servicio al cliente al 22510 5000.


1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Parricidio frustrado y otros.  Encuadre típico de los hechos al ilícito por el que se ha formalizado, de parricidio frustrado. Justificación de la calificación dada al hecho específico. Deber de determinar la necesidad y proporcionalidad de medida cautelar. Antecedentes permiten acreditar que libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Improcedencia de acoger sugerencias contenidas en informes médicos producidos y costeados por la propia parte que quiere servirse de ella.  Determinación del lugar de cumplimiento de prisión preventiva. Inexistencia de patología mental que amerite o justifique la internación en un centro psiquiátrico de aquellos establecidos por la ley al efecto. Cumplimiento de medida cautelar en establecimiento penitenciario.

Fecha Sentencia: 27/08/2020

Cita online: CL/JUR/76087/2020

Ver texto completo

Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca el resolución dictada por Juzgado de Garantía, en cuanto por ella se dispuso el ingreso transitorio del imputado a la Clínica El Cedro y, en su lugar, se dispone el ingreso al establecimiento penitenciario que corresponda y sea determinado por Gendarmería de Chile, dentro de sus atribuciones privativas; se confirma en lo demás la indicada resolución, en cuanto dispuso la medida cautelar de prisión preventiva del imputado y en el extremo referido a la calificación de los hechos de la formalización cuestionada, en lo pertinente, tanto por el Ministerio Público como por la defensa.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que en relación al suceso N° 3, si bien los reparos de la defensa son atendibles en cuanto la inexistencia del dolo de matar, lo cierto es que en esta etapa de la investigación, la fiscalía ha justificado adecuadamente el encuadre típico de los hechos al ilícito por el que se ha formalizado, de parricidio frustrado, en razón de la cantidad y entidad de las heridas inferidas a la víctima producto del ataque sufrido, la naturaleza del arma empleada y las circunstancias que rodearon la comisión de este delito, que se presenta inmerso en una seguidilla de agresiones a la persona y bienes del afectado, lo que permite justificar de manera razonable la calificación que se ha dado al hecho específico.

Sexto: Que, en relación a la naturaleza de la medida cautelar, lo que ha de elucidarse es la necesidad y proporcionalidad de ésta en relación con los eventos indagados y la peligrosidad del imputado. En tal entendimiento, no es posible soslayar la multiplicidad de hechos ilícitos acaecidos y que han motivado la formalización daños, amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, parricidio frustrado e infracción a Ley de Armas además de las circunstancias que los rodearon, las conductas reiterativas y la gravedad de la pena asignada a éstos en conjunto.

Unido a ello, los altos niveles de impulsividad del imputado, sin indicadores de psicopatía, lo que incluso se desprende de la propia documentación aportada por la defensa y que se manifiesta en la concretización de los hechos delictivos, son antecedentes que conducen a estos sentenciadores a decidir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, motivo por el cual se mantiene en esta parte la decisión en alzada, desatendiéndose en lo demás las sugerencias contenidas en los informes médicos, en especial el de 25 de agosto, en tanto se trata de prueba producida y costeada por la propia parte que quiere servirse de ella.

Séptimo: Que en cuanto al lugar de ejecución de la medida, esta Corte tiene en consideración lo informado por los médicos especialistas, en el sentido que si bien presenta rasgos de personalidad alterados, no son constitutivos de una patología mental que amerite, justifique o propicie la internación en un centro psiquiátrico de aquellos establecidos por la ley al efecto, habiendo incluso la defensa descartado la aplicación de lo previsto en el artículo 458 del Código Procesal Penal.

En estas condiciones, no queda sino disponer el ingreso del imputado en un establecimiento penitenciario de acuerdo a su situación procesal, debiendo Gendarmería de Chile dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° del Decreto 518, de 21 de agosto de 1998, del Ministerio de Justicia.


2. Corte de Apelaciones de Concepción.

Femicidio frustrado. Determinación de la pena. Causal de nulidad de errónea aplicación del derecho, acogida. Improcedencia de exceder la penalidad aplicable al caso concreto. Prescripción de la reincidencia. Homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurran las condiciones especiales. Elementos del tipo penal parricidio. Parricidio no es una forma más de homicidio calificado. Conviviente como sujeto pasivo del delito de parricidio. Ampliación de la figura típica a «quien es o ha sido conviviente» del autor.

Fecha Sentencia: 07/05/2020

Cita Online: CL/JUR/52831/2020

Ver texto completo

Hechos:

Tribunal del Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito de femicidio, en grado de desarrollo de frustrado. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte de Apelaciones acoge el recurso deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que, en la especie, del análisis de los fundamentos noveno, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo del fallo impugnado deviene que los hechos establecidos fueron calificados como un delito de femicidio, en grado de desarrollo de frustrado, ello al tenor de los artículos 390 y 7, ambos del Código Penal, y que el imputado fue condenado en calidad de autor, siendo la penalidad del ilícito en cuestión la de presido mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, para el caso del grado de desarrollo de consumado y, que en el evento que lo fuere frustrado, conforme lo prescriben los artículos 50, 51, 59, 61 N° 2 cuando la pena asignada al delito consta de dos o más grados, sea que los compongan dos penas indivisibles, diversos grados de penas divisibles o bien una o dos indivisibles y uno o más grados de otra divisible, a los autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado corresponde la inmediatamente inferior en grado al mínimo designados por la ley.

SEXTO: Que, como se explicó ut supra, estando compuesta la pena con la que se sanciona al delito de femicidio por tres grados, esto es, desde presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, mismo que en la especie lo fue en grado de desarrollo de frustrado, al momento de determinar el marco punitivo a aplicar se debió rebajar la pena desde su mínimo, es decir, desde presidio mayor en su grado máximo a la de presidio mayor en su grado medio, hecho que por sí ha generado que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles hayan incurrido en la causal de invalidación establecida en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por cuanto, conforme se ha venido reseñando, constituye un error jurídico que se haya condenado a Adolfo Fernando Gallegos Ceballos, como autor del delito de femicidio, en grado de desarrollo de frustrado, a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, excediendo la penalidad aplicable al caso concreto.

SÉPTIMO: Que, asimismo, también constituye un yerro jurídico que influye en lo dispositivo del fallo, el hecho de haber aplicado al condenado la circunstancia agravante del numeral 16 del artículo 12 del Código de Castigo, ello en mérito a que el hecho anterior por el cual se lo condenó, esto es, el delito de homicidio simple, lo fue en grado de desarrollo de frustrado, ello por sentencia de treinta de mayo del año dos mil trece, dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, cometido el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, época en la que el delito base se castigaba con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presido mayor en su grado medio, al tenor del artículo 391 N° 2 del Código Punitivo, habiéndosele impuesto en definitiva la pena de presidio menor en su grado máximo, al rebajársele un grado por encontrarse en la etapa de desarrollo de frustrado, de modo que la pena en concreto que se le impuso fue de un simple delito, debiendo estarse a ella y, el nuevo hecho por el cual se lo castiga en este proceso, fue perpetrado el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciocho y, al tenor del artículo 97 del Código Penal, las penas impuestas por sentencia ejecutoriada prescriben en cinco años para los simples delitos. En consecuencia, en el caso específico la reincidencia estaba prescrita por el paso del tiempo, al haber transcurrido en exceso el término de cinco años al tenor del artículo 104 del mismo cuerpo legal que, a propósito de la prescripción de la reincidencia señala que las circunstancias agravantes comprendidas en los números 15 y 16 del artículo 12, no se tomarán en cuenta tratándose de simples delitos después de cinco años desde la fecha en que tuvo lugar el hecho.

SEGUNDO (Sentencia de reemplaza): Que, en doctrina se entiende por homicidio, dar muerte voluntariamente a otra persona.

Se habla de homicidio simple, si en dicha muerte no concurren circunstancias propias de las figuras penales agravadas de homicidio calificado y parricidio, ni de la figura privilegiada de infanticidio. En el homicidio simple el bien jurídico protegido por el legislador es la vida. Los autores Politoff, Grisolía y Bustos, manifiestan que el homicidio simple consiste en matar a otro sin que concurran las condiciones especiales constitutivas del parricidio, infanticidio u homicidio calificado.

En lo que concierne al delito de parricidio (base del femicidio), el Diccionario de la Real Academia de la Lengua nos adelanta que el concepto parricidio viene del latín parricidium, que significa «muerte dada a un pariente próximo, especialmente al padre o la madre».

A su vez el artículo 390 del Código Penal establecía que «El que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a su cónyuge, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado».

 Cabe señalar que en doctrina los autores Politoff, Grisolía y Bustos, citando a Menanteau, aluden a que se ha sostenido en apoyo de la inclusión del cónyuge entre los eventuales parientes del delito, que el legislador presume que entre marido y mujer hay «una honda relación afectiva», lo que agravaría el hecho, posición a la que no adhieren los tres primeros autores mencionados, pues ellos señalan que el parricidio pasaría a ser, no un homicidio más reprochable, sino un delito pluriofensivo. Pero «no parece que el segundo mal, que se añade al atentado contra la vida, autorice una tan elevada penalidad. A lo más, podría sostenerse de lege ferenda, una eventual agravación común del tipo de homicidio».

En concordancia a la norma antes transcrita, queda en evidencia que son elementos del tipo penal parricidio: una acción u omisión voluntaria encaminada a un resultado, que no es otro que la muerte de una persona; que a ese resultado se encamine el obrar de otra u otras personas, estando ésta o éstas, en conocimiento del vínculo de parentesco o matrimonial que los ligaba; que se produzca ese resultado de muerte  salvo que se trate de tentativa o delito frustrado ; y que exista relación de causalidad entre el mencionado obrar punible del agente y el resultado.

El parricidio, no es entre nosotros una forma más de homicidio calificado, como ocurre generalmente en las otras legislaciones, sino que es una figura diferente, y que de acuerdo con el texto legal prevalece sobre aquélla. En este sentido se pronuncia el Profesor Alfredo Etcheberry.

TERCERO (Sentencia de reemplaza): Que, el artículo 21, letra b) de la Ley 20.066, incorporó a este ilícito al cónyuge o conviviente y la Ley 20.480 de 18 de diciembre de 2010, modificó nuevamente la redacción del antiguo artículo 390 del Código Penal, incorporando un inciso segundo del siguiente tenor: «Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de «femicidio».

Pues bien, es difícil dar un concepto preciso de «convivencia». Siguiendo el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, convivencia es acción de convivir, la que consiste en vivir en compañía de otro u otros. En el mismo orden de ideas, ciertamente entre hombre y mujer implica la relación sentimental afectiva, compañía y proyección hacia el futuro de una pareja.

No obstante, en el ámbito penal este concepto debe ser interpretado en armonía con el espíritu de la ley, y desde esta perspectiva, las modificaciones pretéritas al artículo 390 del Código Penal, han tenido como finalidad la ampliación de la protección legal, a personas que originalmente no estaban comprendidas en dicha normativa. Es así como en un primer momento se incorporó a la conviviente entre los eventuales sujetos pasivos del delito, y con la ley 20.480, se ha ampliado aún más la situación, a quien sea o haya sido conviviente del sujeto activo.

Desde este prisma, del considerando N° 4 de la moción parlamentaria de 3 de abril de 2007, que dio origen a la norma modificatoria del artículo 390 del Código Penal, se deduce que de lo que se trata es de evitar o disminuir el asesinato de mujeres por parte de sus parejas, siendo extendida la norma a otros casos antes no estimados parricidio, como lo es comprender bajo el nombre de «femicidio» a quien mata a una persona «que es o ha sido cónyuge o conviviente» del autor.

La esencia de la modificación legal, entonces en lo conveniente, consiste en ampliar la figura típica a «quien es o ha sido conviviente» del autor, misma que ya desde antes de la ley 20.480 refería al conviviente en el citado artículo 390, como posible víctima de parricidio. Además, dicho precepto agravó las penas a aplicar a quienes den muerte a su pareja, sea con matrimonio vigente o sea vía unión de hecho, aunque ésta haya terminado.


3. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Parricidio.  Al año 2007, el delito de parricidio no contemplaba como sujetos de protección e imputación a los convivientes del mismo sexo.  Calificación del delito. Pese a que víctima vivía y mantenía una relación afectiva con el acusado, no tenía la calidad de conviviente. Calificación del ilícito como homicidio simple.

Fecha Sentencia: 18/03/2020

Cita Online: CL/JUR/21133/2020

Ver texto completo

Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito de parricidio. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte de Apelaciones acoge el recurso deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

SEXTO: Que, resulta no discutido en la presente causa que la ley penal aplicable a este caso, ocurrido como ya se ha señalado, el año 2007, es la Ley 20.066, publicada el 7 de octubre de 2005, que modificó la ley 19.325 y que «Establece Normas sobre Procedimiento y Sanciones relativos a los Actos de Violencia Intrafamiliar» dicha normativa introdujo, entre otras, una modificación que repercutió en el artículo 390 del Código Penal, que tipifica el delito de parricidio, pues incluyó al conviviente como sujeto activo y pasivo del mismo; sin perjuicio de posteriores modificaciones legales al mismo artículo, no aplicables a este caso.

Resulta claro que el espíritu del legislador de la época, al refrendar la Ley 20.066, consistió en el reconocimiento de una noción amplia de familia, lo que se desprende por la inclusión de las uniones de hecho. Ahora bien, resulta evidente, también, que para fallar el presente recurso se debe dilucidar si dicho reconocimiento abarca a las parejas de un mismo sexo o se limita a las heterosexuales, resultando en consecuencia necesario que se realice una acción de interpretación judicial.

SEPTIMO: Que, conforme a nuestra legislación, la interpretación de la ley se rige por aquellas normas contenidas en los artículos 19 al 24 del Código Civil las que deben ocuparse conforme la prelación de las mismas. Al efecto, para el caso de marras, al considerar el elemento gramatical, se debe tener presente que el vocablo conviviente y sus relacionados no disponen de un concepto legal en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que deberá estarse a lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española, que lo define como «cada una de las personas con quienes comúnmente se vive», concepto que para este caso en concreto no permite dilucidar a cabalidad el cuestionamiento ya planteado.

Por su parte, el elemento histórico es esencial para complementar la noción de convivencia previamente definida, toda vez que el contexto en que se dictó la ley en comento es significativamente distinto al existente al momento del juicio en que se condenó al autor del hecho, pues el concepto de convivencia está inherentemente relacionado, conforme a la misma Ley 20.066, al concepto de «Familia» de la época. En este sentido, cabe cuestionarse si una pareja homosexual podía ser considerada conviviente a la luz del concepto de familia arraigado en nuestra legislación al año 2007, año de comisión del delito que se analiza.

Atendiendo al elemento armónico, la propia ley nos circunscribe a actos de «Violencia Intrafamiliar», es decir, hechos violentos cometidos dentro de una relación familiar.

A mayor abundamiento, al buscar el verdadero sentido y alcance del tipo penal de parricidio en el año 2007 de una manera sistemática en nuestro ordenamiento jurídico, se desprende que la convivencia entre personas del mismo sexo no tenía reconocimiento alguno para efectos legales. En virtud de lo anterior, e interpretando la misma norma teleológicamente, en búsqueda de la real intencionalidad del legislador de la época, no cabe más que afirmar que no existía reconocimiento jurídico de la convivencia entre parejas homosexuales, toda vez que no se podía comprender dentro del concepto de familia de la época, el cual solamente abarcaba uniones heterosexuales y sus vínculos relacionados, a la luz de la Ley 19.947 sobre «Matrimonio Civil» del año 2004, que en su artículo primero refiere » La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia», lo que a su vez se vincula con nuestra carta fundamental, que en su artículo primero, inciso segundo, señala «La familia es el núcleo fundamental de la sociedad», pues ambas normas son claras en cuanto a que el matrimonio solamente puede darse entre personas de distinto sexo.

En consecuencia, necesario sería colegir que, al año 2007, el delito de parricidio no contemplaba como sujetos de protección e imputación a los convivientes del mismo sexo. Llegar a la conclusión opuesta resultaría en una interpretación extensiva o analógica de la ley penal, situación que se encuentra expresamente prohibida por nuestro legislador.

No obstante lo anterior, no se debe olvidar que estamos dentro del ámbito penal, el que contiene normas especiales que complementan las normas generales de interpretación antes referidas, más aun, cuando las mismas no han de resultar del todo prístinas para resolver un conflicto jurídico.

Dentro del ámbito especial de interpretación penal, se encuentra el artículo 18 del Código de la materia, que establece el Principio de Irretroactividad de la Ley Penal, en todo aquello que perjudique la posición jurídica del imputado, regla que limita la aplicación de normas creadas con posterioridad a los hechos que se juzgan. Este principio obedece a la existencia de diversas normas en el tiempo y determinan cual es la que debe aplicarse, y en el caso sub lite, claramente debe ser la normativa del año 2.005 interpretada restrictivamente.