1. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Accidente del avión Casa-212. Aplicación de las normas sobre responsabilidad del Código Civil a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Noción de falta de servicio es aplicable a las Fuerzas Armadas, pero a partir del artículo 2314 del Código Civil. Facultad de la Fuerza Aérea de Chile para transportar personas y cargas ajenas a la institución en sus aviones y helicópteros. Razones de servicio limitan los vuelos civiles en transportes aéreos militares. Transporte de civiles en aeronaves militares puede generar responsabilidad por falta de servicio. Manual de Fase del avión Casa – 212 resultaba obligatorio para los funcionarios de la Fach. Suficiencia probatoria para configurar la falta de servicio. Otros funcionarios de la Fach, ajenos a la tripulación, también omitieron ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria. Relación de causalidad entre la falta de servicio y el daño. Efectos de los sistemas frontales no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. Acreditación de la falta de servicio de la demandada, en cuanto a la adopción de medidas para evitar el evento dañoso y su vínculo causal con los daños demandados.

2. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Daño provocado por desborde del Río de Las Minas. Omisión de medidas oportunas por parte de la ONEMI, frente a situación de emergencia y riesgo. Funciones de la Oficina Nacional de Emergencia. Configuración de falta de servicio por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo existente. Niveles de emergencia del Plan Nacional de Protección Civil giran en torno al concepto de «amenaza». Alertas decretadas una vez que el evento ocurrió. Eximente de responsabilidad de caso fortuito. Conceptos de previsibilidad e irresistibilidad. Existencia de Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas. Nivel de precipitaciones poco frecuente no conlleva que sea imposible de prever. Improcedencia de concluir que crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

3. Corte Suprema. Responsabilidad del Estado. Hipótesis para determinar cuándo se está en presencia de un funcionamiento anormal del servicio. Legislación no establece medidas concretas a adoptar por parte de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones. Deber de velar por la vida de los internos a través de un sistema de vigilancia que lo garantice. Improcedencia de exigir el cumplimiento, a todo evento, de la obligación de seguridad establecida en la ley y reglamentos. Circuitos cerrados de vigilancia dicen relación con internos de alto compromiso delictual. Suficiencia probatoria para acreditar que el servicio funcionaba habitualmente en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos.


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1. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Accidente del avión Casa-212. Aplicación de las normas sobre responsabilidad del Código Civil a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Noción de falta de servicio es aplicable a las Fuerzas Armadas, pero a partir del artículo 2314 del Código Civil. Facultad de la Fuerza Aérea de Chile para transportar personas y cargas ajenas a la institución en sus aviones y helicópteros. Razones de servicio limitan los vuelos civiles en transportes aéreos militares. Transporte de civiles en aeronaves militares puede generar responsabilidad por falta de servicio. Manual de Fase del avión Casa – 212 resultaba obligatorio para los funcionarios de la Fach. Suficiencia probatoria para configurar la falta de servicio. Otros funcionarios de la Fach, ajenos a la tripulación, también omitieron ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria. Relación de causalidad entre la falta de servicio y el daño. Efectos de los sistemas frontales no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor. Acreditación de la falta de servicio de la demandada, en cuanto a la adopción de medidas para evitar el evento dañoso y su vínculo causal con los daños demandados.

Fecha Sentencia: 29/05/2020

Cita online: CL/JUR/34901/2020

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Hechos:

Demandantes y demandado, Fisco de Chile, interponen recursos de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirma, con declaración, la sentencia de primer grado, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Duodécimo: Que, señalado lo anterior, de manera previa a toda consideración de fondo, corresponde razonar en torno al régimen de responsabilidad que debe aplicarse a la Fuerza Aérea de Chile, en tanto integrante de las Fuerzas Armadas.

Sobre el particular esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile se encuentran excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley N°18.575, de modo que en la especie ha de aplicarse el Título XXXV del Libro IV del Código Civil referente a los delitos y cuasidelitos y, específicamente el artículo 2314, que establece la responsabilidad por el hecho propio, en caso que exista falta de servicio, y los artículos 2320 y 2322 del mismo Código que establecen la responsabilidad por el hecho ajeno, si se trata de una falta personal del o de los funcionarios, en la forma que se señala a continuación.

Decimotercero: Que, en efecto, corresponde recordar que hasta antes de la dictación de la Ley N°18.575 la responsabilidad del Estado se determinaba a través de la aplicación del artículo 2320 del Código Civil. Sin embargo, la situación varía con la promulgación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado el 5 de diciembre de 1986, que incorporó al Derecho Público chileno el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado elaborado por el Derecho Administrativo francés, principalmente a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en opinión de la mayoría de los autores constituye la mejor solución lograda por el Derecho para asegurar un debido equilibrio entre los derechos de los particulares y los intereses públicos. La ley contempló, entonces, el artículo 44 hoy 42 que prescribió: «Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal». Sin embargo, se excluyó de la aplicación del título II sobre normas especiales, donde había quedado ubicado el artículo 44, a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión y a las empresas públicas creadas por ley. Todo ello en el inciso segundo de su artículo 18, actual 21.

Conforme a lo anterior, en los autos Rol N°371 2008 caratulados «Seguel Cares Pablo Andrés con Fisco de Chile» esta Corte razonó: «cabe dilucidar qué sistema resulta aplicable a las instituciones excluidas y, en el caso particular, a Carabineros de Chile. Para ello ha de recurrirse al derecho común, teniendo presente precisamente que el desarrollo del Derecho Administrativo, allí donde ha ocurrido, lo ha sido a partir de la distinta interpretación de las normas de derecho común para el Estado y para las relaciones entre particulares, permitiendo de esta forma la conciliación de la actuación estatal, dotada de imperio público, como guardiana del interés colectivo, con la protección de los derechos de los ciudadanos, de tal suerte que cabe aceptar la aplicación en nuestro país a partir del artículo 2314 del Código Civil de la noción de falta de servicio. En efecto, al Estado, como a los otros entes públicos administrativos pueden serle aplicadas de manera diversa las normas del Título XXXV del Código Civil, sin que esto implique desde luego una errada interpretación de las mismas. Es así que las personas jurídicas son capaces de culpa, aunque carezcan de voluntad propia. La culpa civil, como señalan los hermanos Mazeaud y André Tunc, no requiere la voluntad, ni siquiera el discernimiento, no es necesariamente una culpa moral; es suficiente con comportarse de manera distinta a la que habría observado en parecidas circunstancias un individuo cuidadoso. De acuerdo con este razonamiento y ampliándolo, puede no exigirse para la responsabilidad de la persona jurídica Estado la culpa o dolo de sus órganos o representantes; basta con que el comportamiento del servicio público fuera distinto al que debiera considerarse su comportamiento normal; o sea, basta con probar una falta de servicio. Por otra parte, la culpa de funcionarios anónimos puede presumirse, como ha hecho en ocasiones la jurisprudencia y en estos casos la culpa del órgano, que se presume de los hechos mismos, constituye la culpa del Estado» (considerando décimo quinto).

De esta forma, en nuestro país la noción de falta de servicio puede ser aplicable a las Fuerzas Armadas, pero a partir del artículo 2314 del Código Civil.

Vigésimo tercero: Que la Fuerza Aérea de Chile está facultada por el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 175 de 1960, del Ministerio de Hacienda, para transportar personas y cargas ajenas a la institución en sus aviones y helicópteros que vuelan por razones de servicio y tengan cabida disponible, dentro del país o al extranjero. Este último requisito de la cabida disponible se considera una vez precisados los funcionarios institucionales y la carga necesaria para la función, todo lo cual debe ser transportado.

De acuerdo al artículo 3° del mismo cuerpo normativo, se puede autorizar en casos excepcionales y calificados, que dicho transporte sea otorgado en forma gratuita, lo cual procederá especialmente en situaciones de emergencia o calamidades públicas.

De lo anterior se colige que razones de servicio limitan los vuelos civiles en transportes aéreos militares, pues solo pueden realizarse con motivo u ocasión del cumplimiento de una determinada función o tarea asignada a la Fuerza Aérea de Chile, destinando personal funcionario y medios de ésta para el cumplimiento de la misión institucional.

En consecuencia, de acuerdo a las disposiciones legales citadas, el transporte de civiles en aeronaves militares puede generar responsabilidad por falta de servicio, derivada tanto del acto material del vuelo como del acto formal administrativo que autorizó la misión institucional, aún si se ha llevado adelante únicamente por la decisión de la autoridad institucional.

Vigésimo cuarto: Que, en particular, importante resulta destacar, además de aquella normativa y disposiciones ya citadas en detalle en el fallo recurrido, lo preceptuado en el Manual de Fase del avión Casa 212, obligatorio para los funcionarios de la Fach, que parte regulando la planificación de todo vuelo, expresando que ella debe realizarse de manera tal que «no quede ninguna duda para la fase de ejecución de esta y debe considerar todos los parámetros y variables posibles que afecten la operación de la aeronave», a modo ejemplar, el tipo de carga o pasajeros a trasladar, meteorología, cálculo de performance, selección de ruta y nivel de vuelo y cálculo de combustible. En este contexto, es de suma importancia verificar si la aeronave puede o no operar en ciertas condiciones, para lo cual debe buscarse las mejores condiciones meteorológicas, previa obtención de un completo informe. En cuanto al combustible, dispone que debe considerarse el necesario para cumplir la misión, el combustible hacia la alternativa, más 45 minutos de autonomía, que se eleva a 1 hora en caso de un vuelo con punto de no retorno.

La responsabilidad de la planificación recae en el piloto, quien está obligado a recabar toda la información de utilidad y confeccionará conforme a ella, el respectivo plan de vuelo.

Sobre la ejecución, el mismo documento advierte que, producto de su gran envergadura alar, el Casa 212 se ve seriamente afectado ante aterrizajes con viento cruzado.

En cuanto a la altitud, se consigna que ella es generalmente entre 50 y 500 pies sobre el terreno o agua.

En concordancia con todo lo anterior, las Reglas de Vuelo y Operación General ordenan que el piloto al mando deberá conocer toda la información disponible apropiada al vuelo proyectado, lo cual «comprenderá el estudio minucioso de los informes y pronósticos meteorológicos de actualidad de que se dispongan, el cálculo de combustible necesario y la preparación del plan a seguir en caso de no poder completarse el vuelo proyectado». Añade: «el piloto al mando de la aeronave es la única y máxima autoridad a bordo y principal responsable de su conducción segura».

Finalmente, el Manual de Pesos y Centrados del avión Casa 212, contempla como peso máximo de rodaje 7.750 kilos y de despegue 7.700 kilos, aun cuando la Junta Investigadora del Accidente expresa como peso máximo 8.100 kilos.

Vigésimo sexto: Que los hechos reseñados, analizados a la luz de los deberes de acción y planificación que pesaban sobre la tripulación del Casa 212 y el mando de la Fach, permiten concluir la existencia de una falta de servicio de la demandada, puesto que se actuó de manera defectuosa, en inobservancia a la normativa que resultaba obligatoria y que establece obligaciones precisamente dirigidas a la seguridad y eficiencia del vuelo; como también se incurrió en omisiones respecto de la recopilación de información esencial y necesaria para aproximarse a un lugar de destino conocidamente problemático por sus condiciones meteorológicas.

En efecto, por un lado, la tripulación no cumplió con las disposiciones del Manual de Fase y de las Reglas de Vuelo y Operación General, que exigen una planificación minuciosa de la misión. Es así como no se verificó que se cumpliera con el peso recomendado, accionar que la demandada justificó en que los 164 kilos de sobrepeso correspondían a combustible que se consumiría durante el viaje, argumentación que no es susceptible de ser atendida, en tanto se trata de normas que deben ser cumplidas como una condición para iniciar el vuelo. Dicha falta de previsión se vio reflejada también en el manifiesto de pasajeros, mecanografiado con un total de 15 personas, de las cuales se tarjaron dos y se añadieron otras de forma manuscrita, sin que conste que el peso que implicó dicha variación hubiere sido considerado.

Por el contrario, para efectos de mitigar el sobrepeso, se dispuso el retiro de los estanques sub alares de combustible, lo cual dejó a la nave con una autonomía de vuelo de 33 minutos, en circunstancias que, tratándose de una misión con punto de no retorno, el Manual de Fase exige 1 hora de combustible, que se suma a aquel necesario para arribar al lugar de alternativa.

El plan de vuelo, por su parte, registró una serie de falencias, a modo ejemplar, indicaba que la altura sería de 10.000 pies, de los cuales se autorizaron únicamente 9.000 pies, estableciéndose luego que el Casa 212 alcanzó una altura de vuelo sobre los 15.000 pies. Relacionado con lo anterior, existen testimonios que dan cuenta que la Teniente Carolina Fernández rechazó la información meteorológica por sobre los 10.000 pies, afirmando que no se desplazaría a esa altitud.

Finalmente, tampoco se observó el deber de planificación en cuanto a las condiciones meteorológicas, las que ciertamente influyen en la selección de ruta, nivel de vuelo y cálculo del desempeño que tendrá la aeronave, incidiendo también en el consumo de combustible. En efecto, el Manual de Fase, respecto de las medidas de seguridad, pone especial énfasis en su punto N°10 en la obligación del piloto, quien antes del vuelo «debe estudiar la ruta, especialmente los terminales y las alternativas, verificando: vientos de altura, isoterma cero, nubosidad y topes, turbulencia, pronóstico, visibilidad y techo de los terminales». Añade este manual, en su parte de aplicación táctica: «si las condiciones de temperatura y viento no son las esperadas e indispensables para puesta en marcha y el despegue, deberá esperara mejores condiciones, las cuales se producirán durante las últimas horas de la tarde».

Por el contrario, la información recibida por la tripulación daba cuenta de una actividad post frontal, con inestabilidad y vientos, a lo menos, sobre los 20 nudos hasta 35 nudos según el informe de Airbus Military lo cual ciertamente requería que, al momento del despegue, se contara con los datos más actualizados posibles, que no fueron recopilados. Sobre este punto, el Metaperitaje refiere que la última solicitud del pronóstico del tiempo fue obtenida sólo 6 horas antes del despegue.

Vigésimo octavo: Que, tal como viene resuelto, las actuaciones causantes del accidente no se limitan a la tripulación del Casa 212, puesto que otros funcionarios de la Fach también omitieron ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria para estos efectos. De este modo se establece en la Resolución N°062 de fecha 23 de mayo de 2012 de la Dirección de Operaciones de la Fach, que el Centro de Operaciones Aéreas de la II° Brigada Aérea, no mantuvo contacto con la tripulación, recibió el plan de vuelo vía fax, siendo revisado y tramitado pese a que no mantenían un procedimiento escrito para ese tipo de operaciones hacia el aeródromo Robinson Crusoe. Tampoco se realizaron coordinaciones respecto del punto de no retorno y, así, no se ejerció control positivo sobre la misión y los medios con que ella se desarrolló.

En este orden de ideas, a diferencia de aquello que refiere la demandada en su recurso, el reproche no se centra en la circunstancia de haberse realizado una travesía con punto de no retorno, puesto que ello no se encuentra prohibido y resulta válido como estrategia de vuelo. Sin embargo, dicha característica exigía de parte de la institución una mayor rigurosidad al momento de su planificación y ejecución, que no fue observada en este caso.

Trigésimo: Que, establecida la falta de servicio, el Fisco de Chile reprocha, además, la forma en que se asentó una relación de causalidad entre ésta y el daño demandado.

Respecto del vínculo causal, corresponde tener presente que un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando, de no haber existido aquél, éste tampoco se habría producido. Así, se ha señalado por la doctrina: «El requisito de causalidad se refiere a la relación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado (…) la causalidad expresa el más general fundamento de justicia de la responsabilidad civil, porque la exigencia mínima para hacer a alguien responsable es que exista una conexión entre su hecho y el daño» (Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, primera edición año 2008, Editorial Jurídica de Chile, página 373).

La doctrina nacional distingue hoy dos elementos integrantes de la relación de causalidad. El primero es el denominado «elemento natural», en virtud del cual se puede establecer que «un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el resultado tampoco se habría producido» (obra citada, página 376). El segundo, corresponde al «elemento objetivo», para cuya configuración es indispensable que el daño producido pueda ser imputado normativamente al hecho ilícito. De este modo, una vez determinada la causalidad natural, debe procederse a verificar si el daño puede ser atribuible a la conducta desplegada.

Trigésimo primero: Que, en el caso de autos, si bien es cierto que el Casa 212 se enfrentó a condiciones extremas de cizalladura de viento en el canal que se forma entre las islas Robinson Crusoe y Santa Clara, resulta incuestionable que el hecho de la demandada, en los términos en que ya se ha establecido, constituye la causa directa del accidente y el consiguiente fallecimiento de los ocupantes de la nave. En efecto, el cumplimiento del deber de planificación que pesa sobre el piloto al mando de la misión, en los términos dispuestos por el Manual de Fase del avión esto es, analizando tipo de carga, meteorología, performance, selección de ruta, nivel de vuelo y cálculo de combustible como consideraciones mínimas habría permitido advertir que el vuelo, en la forma en que estaba originalmente dispuesto, no cumplía con las condiciones esenciales para despegar. Debía la institución disponer el pesaje de la totalidad de los pasajeros, tripulación y equipaje antes de abordar para así, conjuntamente con el peso del combustible determinar si se cumplía con los estándares recomendados; luego, correspondía recabar la información meteorológica más actualizada posible de manera presencial con el previsionista, tomando en consideración la naturaleza no regulada del aeródromo de destino y la circunstancia conocida de tratarse la isla Robinson Crusoe de un lugar complejo para el aterrizaje; con lo anterior, sería factible un cálculo en orden a si la aeronave podía o no operar bajo las condiciones previstas, puesto que también era sabido que el Casa 212 por su gran envergadura alar, es más susceptible de verse afectado en escenarios de viento cruzado; sólo cumplidos estos pasos se podría determinar la ruta, horario y nivel de vuelo, considerando siempre combustible adicional en los términos consignado por el señalado Manual de Fase; finalmente, todos estos antecedentes debían, conjuntamente con otros relevantes, ser plasmados correctamente en el plan de vuelo y en el manifiesto de pasajeros, a fin que las autoridades competentes particularmente la Dirección General de Aeronáutica Civil tomaran adecuado conocimiento de ellos.

Por otro lado, de haberse ejercido eficientemente la obligación de fiscalización que pesaba sobre la cadena de mando institucional, las falencias anteriormente anotadas se habrían advertido con lo cual el despegue del avión no habría podido ser autorizado o, a lo menos, se habría tomado conciencia de la inexistencia de protocolos y procedimientos necesarios para el control efectivo de las naves, el desarrollo de las actividades de vuelo y la coordinación y manejo de las operaciones, todas omisiones por las cuales, según consta en autos, se aplicaron sanciones administrativas a distintos funcionarios de la Fach.

Trigésimo noveno: Que, en concordancia con lo que se viene resolviendo, esta Corte ha señalado con anterioridad: «Que en cuanto a los efectos de los sistemas frontales, éstos no constituyen un caso fortuito o fuerza mayor, atendido que no concurre el requisito de la imprevisibilidad por cuanto en la zona donde se presentan son fenómenos naturales probables. En las condiciones referidas no resulta atingente sostener que la empresa concesionaria se viera enfrentada a un imprevisto imposible de resistir. Precisamente era previsible que el sistema frontal causara estragos en las instalaciones y sistemas de distribución, sin embargo, se podrían haber evitado o mitigado las consecuencias lesivas para el sistema eléctrico, si se hubieran adoptado las medidas necesarias para procurar la continuidad del servicio» (CS Rol N°20.271 2018 motivo 9°).

Cuadragésimo: Que, rechazada la concurrencia del caso fortuito, se acredita la falta de servicio de la demandada, en cuanto a la adopción de medidas para evitar el evento dañoso y su vínculo causal con los daños demandados, de modo que el arbitrio de nulidad sustancial no podrá prosperar.


2. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Daño provocado por desborde del Río de Las Minas. Omisión de medidas oportunas por parte de la ONEMI, frente a situación de emergencia y riesgo. Funciones de la Oficina Nacional de Emergencia. Configuración de falta de servicio por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo existente. Niveles de emergencia del Plan Nacional de Protección Civil giran en torno al concepto de «amenaza». Alertas decretadas una vez que el evento ocurrió. Eximente de responsabilidad de caso fortuito. Conceptos de previsibilidad e irresistibilidad. Existencia de Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas. Nivel de precipitaciones poco frecuente no conlleva que sea imposible de prever. Improcedencia de concluir que crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

Fecha Sentencia: 19/05/2020

Cita Online: CL/JUR/30822/2020

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Hechos:

Fisco de Chile interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema rechaza, con prevención y voto de disidencia, el recurso de casación en el fondo deducido.

Considerandos relevantes.

Decimotercero: Que, tal como se indica en el considerando Vigésimo del fallo de primer grado, la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, es un organismo creado por ley, con atribuciones específicas en materia de planificación, coordinación, ejecución y adopción de las medidas necesarias para enfrentar adecuadamente situaciones de emergencia o catástrofe, además de la coordinación y ejecución de actividades destinadas a prevenir y solucionar los problemas derivados de ellas, de modo que es aquel el escenario en el marco del cual debe analizarse la falta de servicio imputada.

Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades aquello que entiende por «falta de servicio público», disponiendo, al efecto que la hay cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo; funciona, pero lo hace mal, o cuando funcionando bien, lo hace en forma tardía, generando un daño al administrado.

En el caso de autos, de acuerdo a lo expuesto, la falta de servicio alegada se estableció por la falta de comunicación y de actuación conforme a los protocolos vigentes, a fin de notificar oportunamente a la ciudadanía del riesgo, de modo de permitir la adopción de medidas para minimizar o evitar los daños.

Decimoquinto: Que los niveles de emergencia alerta roja y amarilla son conceptualizados en el anexo N°5, punto 2.1 del Decreto N°156 del año 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil y que expresa: «Alerta Amarilla. Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, lo que lleva a suponer que no podrá ser controlada con los recursos locales habituales, debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir, de acuerdo a la evolución del evento destructivo.

Alerta Roja. Se establece cuando una amenaza crece en extensión y severidad, requiriéndose la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, para la atención y control del evento destructivo».

De las definiciones antes transcritas fluye que ambas giran en torno al concepto de «amenaza», esto es, un evento que todavía no se materializa y para cuyo enfrentamiento se requiere activar el mecanismo preventivo; en este caso, las alertas fueron decretadas una vez que el desborde ya había ocurrido, a pesar de que su carácter inminente podía preverse, toda vez que no fue discutido por las partes que evento de precipitaciones inició la jornada anterior y, en consecuencia, tal finalidad previsora no fue cumplida.

Decimoséptimo: Que, descartados los errores de derecho reprochados en los capítulos primero y segundo del arbitrio de nulidad sustancial del Fisco de Chile, únicamente resta referirse a la infracción que se alega respecto del artículo 45 del Código Civil.

La eximente de responsabilidad de caso fortuito ha sido definida en el artículo 45 del Código Civil como: «El imprevisto a que no es posible resistir». En aquello que concierne a los antecedentes que lo configuran, la naturaleza imprevista se verifica cuando no resulta posible vislumbrar la existencia del daño con anterioridad a su ocurrencia y haberse adoptado todas las precauciones para que el daño no se produzca y, aun así, ha sido imposible para el agente contrarrestarlo.

En cuanto a la previsibilidad, ha señalado la doctrina que ella «permite distinguir la acción culpable del caso fortuito, es decir, del hecho cuyas consecuencias dañosas son imprevisibles y que es imposible de resistir (artículo 45); el caso fortuito alude a las circunstancias que no pudieron ser objeto de deliberación al momento de actuar» (Enrique Barros Bourie. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile. Año 2013, página 90). La irresistibilidad, por su parte, se refiere a la conducta del agente frente a un suceso en vías de ocurrir, inminente, o ya ocurrido, y consiste en defensas que se oponen al hecho imprevisto tendientes a evitar sus efectos dañosos.

Es la previsibilidad de un suceso la que obliga a una persona a adoptar las medidas de diligencia y cuidado tendientes a evitarlo. Si el hecho dañoso igual ocurre, no obstante las medidas adoptadas, este suceso permite ser calificado de imprevisto. Sin embargo, para atribuir a tal acontecimiento que originó daños a un tercero, el carácter de irresistible es necesario que las medidas de defensa que efectivamente se implementaron para que no ocurrieran o minimizaran sus consecuencias ante los hechos ocurridos con anterioridad sean eficientes, eficaces y efectivas para evitar el evento dañoso y sus consecuencias. En otras palabras, no basta con disponer determinadas medidas que impidan que se origine un daño, ellas deben ser útiles, idóneas y efectivas para evitarlo.

De lo anterior, puede desprenderse que el análisis de la irresistibilidad es posterior a la imprevisibilidad y luego de haber efectuado dicha calificación, la que debe concurrir igualmente para calificar el hecho de caso fortuito.

Decimoctavo: Que el estudio que sirvió de base al Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Punta Arenas contempló un caudal de crecida de 137 metros cúbicos por segundo en el área de canalización, para un periodo de retorno de 100 años y de 71 metros cúbicos por segundo en un periodo de retorno de 10 años, consignando también distintas cantidades para los lapsos intermedios. Pues bien, la demandada ha alegado que en la parte baja de la ciudad precipitó 50,8 mm, y en la parte alta de la cuenca precipitó 119,0 mm, sin embargo, ningún antecedente científico produjo o acompañó que permitiera al tribunal estimar que esa fue la medida de las precipitaciones y, en caso efectivo, que ellas excedían máximas históricas. Por el contrario, el fallo estableció que la demandada fue informada con la debida anticipación y por el órgano técnico encargado, a través de avisos durante los días 9, 10 y 11 de marzo informando de las precipitaciones continuas, así también lo aseveró el testigo el centro meteorológico señor Ibáñez, además de existir, en el Plan de Emergencia de la Región de Magallanes, antecedentes históricos sobre inundaciones y desbordes del río Las Minas en los años 1941 y 1990.

En consecuencia, si bien se trató de un nivel de precipitaciones poco frecuente, ello no significa ni así se acreditó, que sea imposible de prever, puesto que se contaba con todos los antecedentes técnicos para concluir que, al menos cada cierto número de décadas es muy probable un evento de crecida de esta magnitud. A lo anterior se añade el hecho que sobre los organismos demandados pesa un deber general de previsión, con el objeto de evitar que se ocasionen a la población daños de manera recurrente, lo cual demanda que aquélla sea en un margen mayor y no igual a lo sucedido en periodos anteriores, puesto que precisamente aquello que se busca son medidas de carácter útil, idóneas y efectivas frente a sucesos superiores a los normales.

Por tanto, no es posible concluir que la crecida que generó los daños demandados haya sido imprevisible.

Decimonoveno: Que los antecedentes expuestos hasta ahora también permiten descartar la irresistibilidad del evento, toda vez que la Onemi estaba en conocimiento del frente climático de precipitaciones sostenidas en la ciudad de Punta Arenas, y además se contaba con Planes de Emergencia y de Protección Civil, los que no fueron ejecutados, actuar omisivo que impidió que la población fuese advertida oportunamente del desborde del río Las Minas a fin de poder proteger su persona y bienes. En este sentido, el fallo impugnado razona descartando la irresistibilidad por la absoluta pasividad de los demandados, su negligencia o culpa del servicio, de lo que resulta claro que si los demandados no desplegaron actividad alguna, no es posible afirmar que estuvieron en la imposibilidad de resistir el evento, ya que no emplearon los medios para superarlo.


3. Corte Suprema.

Responsabilidad del Estado. Hipótesis para determinar cuándo se está en presencia de un funcionamiento anormal del servicio. Legislación no establece medidas concretas a adoptar por parte de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones. Deber de velar por la vida de los internos a través de un sistema de vigilancia que lo garantice. Improcedencia de exigir el cumplimiento, a todo evento, de la obligación de seguridad establecida en la ley y reglamentos. Circuitos cerrados de vigilancia dicen relación con internos de alto compromiso delictual. Suficiencia probatoria para acreditar que el servicio funcionaba habitualmente en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos.

Fecha Sentencia: 05/05/2020

Cita Online: CL/JUR/26628/2020

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Hechos:

Parte demandante interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte Suprema rechaza ambos recursos de casación deducidos.

Considerandos relevantes.

NOVENO: Que, en cuanto al asunto que se estudia, en doctrina se ha dado especial realce a la determinación del modelo de conducta que permite determinar cuándo se está en presencia de un funcionamiento anormal del servicio, entendiendo tal circunstancia como una de las hipótesis de falta.

En ese orden de ideas, se ha dicho que: «Las alternativas son múltiples: Una de ellas es establecer un catálogo exhaustivo y pormenorizado de normas de diligencia específicas que señalen con precisión cómo deberá comportarse la Administración… Otra opción es prescindir de dicho catálogo pormenorizado y limitarse a enunciar una cláusula general de diligencia o comportamiento del órgano respectivo que, regularmente, a nuestro juicio, debe estar condicionado por la obligación o naturaleza que justifica la existencia de dicho órgano administrativo… Lo que sucede es que, como esos estándares, por regla general, no están determinados explícitamente, es obligación del juez construirlos con criterio de razonabilidad. Esto significa que, al momento de resolver un caso de responsabilidad, deberá considerar cuál es el estándar exigido a la administración. Frente a esto tendrá dos alternativas: una, medir el estándar de manera objetiva y abstracta, contrastando con la naturaleza de la obligación o deber de la Administración; o bien establecer un criterio de medición subjetivo, es decir, que considere las condiciones en que el servicio funciona» (Luis Cordero Vega, «Responsabilidad Extracontractual de la Administración del Estado», DER Ediciones, Santiago de Chile, 2018. Págs. 95 y ss.).

DÉCIMO: Que, dicho lo anterior, y bajo el entendido que la normativa transcrita en el motivo octavo precedente no contempla medidas concretas a adoptar por parte de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones, ciertamente es posible verificar que el legislador ha explicitado una máxima o finalidad atingente al caso concreto: Velar por la vida de los internos a través de un sistema de vigilancia que lo garantice.

UNDÉCIMO: Que, sin embargo, tal aspiración normativa no puede llevar a pensar al intérprete que el sistema de responsabilidad estatal por falta de servicio se convierte, en esta materia específica, en objetivo. En efecto, aquellos preceptos han de entenderse como máximas de optimización, cuya realización depende de las posibilidades jurídicas y fácticas de cada caso, y no como deberes a alcanzar sin miramiento contextual. Lo contrario implicaría afirmar, como fue expresado en la disidencia de la sentencia recurrida, que el Estado será siempre responsable de los atentados a la vida e integridad física que sufra toda persona privada de libertad, sin importar el origen del fenómeno, conclusión que resulta incompatible con el propio argumento de las demandantes, quienes han invocado la configuración del régimen de responsabilidad por falta de servicio.

Dicho de otro modo, si las actoras pretendían sustentar su acción indemnizatoria en la concurrencia de los requisitos de un eventual estatuto objetivo de responsabilidad del Estado, debieron explicitarlo así en su libelo, y no pretender crear, a través de normas generales, un estándar o umbral de conducta administrativa especialmente intenso, al punto de exigir el cumplimiento, a todo evento, de la obligación de seguridad establecida en la ley y reglamentos.

DUODÉCIMO: Que, continuando con el análisis de las demás premisas necesarias para el éxito del recurso, las omisiones precisas que conllevarían la insatisfacción del estándar de conducta de la Administración consisten en: (a) No contar con un circuito cerrado de televisión; y, (b) incumplir la periodicidad de las rondas de vigilancia.

En cuanto al primer aspecto, la inexistencia de tal mecanismo específico de vigilancia es un hecho no controvertido, e incluso reconocido en estrados por el apoderado del Consejo de Defensa del Estado. Luego, asentado aquel punto, la sentencia de primer grado expresó que: «Los circuitos cerrados de vigilancia dicen relación con internos de alto compromiso delictual; y el hecho de que se implementaran en el año 2015 medidas más restrictivas dicen relación más bien, a juicio de esta juez, con resguardos propios de Gendarmería más que de la población penal…». Así, y verificado que el módulo que habitaba la víctima no albergaba reclusos de «alto compromiso delictual», desestimo la deficiencia denunciada.

Por otro lado, efectivamente fue establecido que la periodicidad de las rondas era de 20 a 30 minutos. Sin embargo, contrario a los sostenido en el recurso, la ejecución de la última ronda previa a la agresión fuera de dichos parámetros temporales es un hecho ajeno a aquellos soberanamente asentados por los jueces de instancia, no pudiendo este tribunal de casación considerarlo como hecho de la causa.

Como se puede apreciar, en la sentencia de primer grado expresamente, y en la de segunda por vía confirmatoria, razonablemente se han considerado las condiciones en que el servicio funcionaba habitualmente en el momento y lugar en que ocurrieron los hechos sometidos a su conocimiento, corroborando que «no se han agregado antecedentes suficientes al proceso que indiquen que el día 30 de abril de 2013, los Gendarmes del Centro de Detención Preventiva de Arauco hubieren efectuado alguna conducta distinta a lo que realizaban todos los días y que propiciara la producción de la supuesta riña y posterior agresión entre dos internos, vulnerándose la seguridad y vigilancia que ejercían todos los días sobre los internos que custodiaban».