1. Corte Suprema. Recurso de protección. Sustracción fraudulenta de dinero desde cuenta corriente. Contrato de cuenta corriente bancaria constituye una especie de depósito respecto de un bien eminentemente fungible. Riesgo de pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la convención recae en el depositario. Obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en las instituciones bancarias. Patrones de conducta del cliente son elementos de juicio para la determinación de una operación engañosa. Improcedencia de trasladar el perjuicio económico al cuentacorrentista. Vulneración del derecho de propiedad.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Negativa de banco a restituir dineros sustraídos fraudulentamente desde cuenta bancaria. Improcedencia de sostener que dineros sustraídos mediante fraude informático corresponda a caudales específicos del cuentacorrentista. Depósitos de dinero en las entidades financieras se realizan como un simple género. Obligación de los bancos de tomar todas las medidas técnicas para evitar operaciones fraudulentas. Deber de velar por la custodia y seguridad de los fondos que los clientes le han confiado en su calidad de depositario y garante de los mismos. Vulneración del derecho de propiedad.

3. Corte de Apelaciones de Rancagua. Recurso de protección. Negativa de banco a restituir dinero sustraído fraudulentamente desde cuenta bancaria. Existencia de indicios que permiten presumir fundadamente la existencia de un fraude bancario. Deber del banco de monitorear y detectar posibles fraudes, obstaculizando dichas operaciones. Improcedencia que banco traspase responsabilidad en el fraude bancario al cliente. Vulneración del derecho de propiedad.


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1. Corte Suprema.

Recurso de protección. Sustracción fraudulenta de dinero desde cuenta corriente. Contrato de cuenta corriente bancaria constituye una especie de depósito respecto de un bien eminentemente fungible. Riesgo de pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la convención recae en el depositario. Obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en las instituciones bancarias. Patrones de conducta del cliente son elementos de juicio para la determinación de una operación engañosa. Improcedencia de trasladar el perjuicio económico al cuentacorrentista. Vulneración del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 03/06/2020

Cita CL/JUR/35015/2020

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Hechos:

Actor se alza contra sentencia de la Corte de Apelaciones, que no hizo lugar al recurso de protección interpuesto en contra de dos bancos por estimar arbitraria e ilegal la negativa a restituir el dinero sustraído fraudulentamente desde su cuenta corriente bancaria. La Corte Suprema revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, como lo ha sostenido esta Corte, el contrato de cuenta corriente bancaria constituye una especie de depósito respecto de un bien eminentemente fungible, y que es de cargo del depositario el riesgo de pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la convención (SCS de 20/06/18, rol N° 2.196 2018); y que, para cada caso, resulta relevante analizar si los eventos que originaron las transferencias cuestionadas no han tenido como única causa la voluntad del depositante o cuentacorrentista, o han ocurrido otros que llevan a sostener que se han incumplido las obligaciones de resguardo y seguridad que recaen en la institución bancaria respectiva.

Séptimo: Que, teniendo presente los hechos asentados, se advierte que las operaciones cuestionadas se realizaron a través de la página web oficial del Banco Estado, en un número y en un lapso de tiempo que hace insoslayable detenerse a observar, lo que permite descartar que los hechos se han debido única e inequívocamente a una actividad dolosa o negligente de su parte.

Además, las obligaciones de monitoreo y control de fraudes recaen expresamente en ambas instituciones recurridas, donde los patrones de conducta del cliente son elementos de juicio para la determinación de una operación engañosa, cuestión que no fue informada en detalle por éstas. Sobre las instituciones bancarias recae la obligación de vigilancia y el análisis de la correlación de eventos y seguridad de las operaciones, por lo que, una vista general de las operaciones del cliente en la cuenta corriente respectiva otorgan verosimilitud a la intervención de terceros en los sistemas de seguridad que otorgaron las recurridas.

Noveno: Que asentado lo anterior, no queda más que calificar, en el presente caso y conforme dan cuenta los antecedentes, el actuar de la recurrida Banco Estado como ilegal y arbitrario, puesto que al no asumir el perjuicio económico trasladando los efectos del fraude bancario al actor, afecta directamente el patrimonio de éste, calificación que se debe hacer extensiva asimismo respecto de la recurrida Banco de Crédito e Inversiones, toda vez que esta ha incurrido en igual vulneración al faltar a su deber de cuidado en la apertura de una cuenta sin la presencia ni consentimiento del actor, vulnerando así el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Negativa de banco a restituir dineros sustraídos fraudulentamente desde cuenta bancaria. Improcedencia de sostener que dineros sustraídos mediante fraude informático corresponda a caudales específicos del cuentacorrentista. Depósitos de dinero en las entidades financieras se realizan como un simple género. Obligación de los bancos de tomar todas las medidas técnicas para evitar operaciones fraudulentas. Deber de velar por la custodia y seguridad de los fondos que los clientes le han confiado en su calidad de depositario y garante de los mismos. Vulneración del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 26/05/2020

Cita Online: CL/JUR/34862/2020

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Hechos:

Cuentacorrentista interpone recurso de protección en contra de banco, señala como arbitraria e ilegal la negativa a responsabilizarse por los efectos de un fraude informático sufrido a través de una tarjeta de crédito. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que la Excma. Corte Suprema, en los autos rol 219618, siguiendo al profesor Carlos Ducci Claro, sostuvo: «Sexto: Que así entonces, ante un fraude informático en el uso de las claves de una cuenta corriente y productos asociados a ellas no resulta posible sostener que los dineros sustraídos, sin el consentimiento del cliente, como ocurre en autos, corresponda a caudales específicos de éste toda vez que los depósitos de dinero en las entidades financieras se realizan como un simple género y en caso alguno como especies o cuerpos ciertos, a lo que debe sumarse el carácter de bienes fungibles que en su esencia representan las especies monetarias empleadas para la satisfacción de lo debido, conforme dispone el artículo 575 del Código Civil, esto es, dotadas de igual poder liberatorio, y por cuya razón pueden reemplazarse unas a otras mutua o recíprocamente en la ejecución de las obligaciones sin perjuicio ni reclamo del acreedor.

OCTAVO: Que, en consecuencia, estando acreditado que fue el mismo banco quien informa a la recurrente de que se están realizando operaciones presumiblemente fraudulentas en relación a su tarjeta de crédito y que las operaciones no se trataron de adquisición de bienes materiales, lo que permite presumir como lo reconoce la recurrida de lo sospechoso de la operación. Tal acción constituye un hecho imposible de prever y controlar para el usuario y por el contrario, de la normativa citada en el motivo sexto de este fallo, consistentes en instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero a las instituciones que se dedican a la prestación de servicios bancarios y realización de operaciones interbancarias que se efectúan mediante transmisiones de mensajes o instrucciones a un computador conectado por redes de comunicación propias o de terceros, por las cuales les impone la obligación de tomar todas las medidas técnicas para evitar operaciones fraudulentas, y en general para velar por la custodia y seguridad de los fondos que los clientes le han confiado en su calidad de depositario y garante de los mismos.

NOVENO: Que la conducta imputable al Banco recurrido, es ilegal, desde que incumplió con la normativa que al efecto le impone la Comisión para el Mercado Financiero a las instituciones bancarias encargadas de custodiar los dineros que le han confiado sus clientes, en su calidad de depositario irregular, lo que motivó que terceros vulneraran sus medidas de seguridad, como asimismo, arbitraria al negarse a enterarle los fondos que le fueron desviados al actor, sin causa justificada, todo lo cual le ha provocado a éste un menoscabo importante en su patrimonio, vulnerándole la garantía constitucional consagrada en el N° 24 del artículo 19, de nuestra Carta Magna.


3. Corte de Apelaciones de Rancagua.

Recurso de protección. Negativa de banco a restituir dinero sustraído fraudulentamente desde cuenta bancaria. Existencia de indicios que permiten presumir fundadamente la existencia de un fraude bancario. Deber del banco de monitorear y detectar posibles fraudes, obstaculizando dichas operaciones. Improcedencia que banco traspase responsabilidad en el fraude bancario al cliente. Vulneración del derecho de propiedad.

Fecha Sentencia: 14/05/2020

Cita Online: CL/JUR/30807/2020

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Hechos:

Particular interpone recurso de protección en contra de banco, señala como arbitraria e ilegal la negativa de dicha institución a restituir dinero sustraído fraudulentamente desde cuenta bancaria. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que, de los antecedentes contenidos en el informe N° 15/020 de 16 de abril del presente, realizado por la gerencia de seguridad del Banco, surgen indicios de relevancia que permiten a esta Corte presumir fundadamente la existencia de un fraude bancario, toda vez que en dicho informe se constata que las operaciones cuestionadas se realizaron desde un IP diverso al del cliente, el que además ya había sido detectado en otras operaciones fraudulentas relacionadas con otros clientes, a lo que se suma la circunstancia de tratarse de operaciones no habituales del recurrente y que se efectuaron en un mismo día y por un monto considerable, todo lo cual debió alertar oportunamente al Banco respecto del carácter sospechoso de las mismas con la finalidad de bloquear tales operaciones e impedir la consumación del fraude, cuestión que el Banco no hizo, pretendiendo excusarse en que todo ello habría sido responsabilidad del propio cliente por el mal uso de sus identificaciones digitales, defensa que resulta inaceptable en razón de que las obligaciones que pesan sobre el Banco ya descritas en el motivo anterior.

SEXTO: Que, en efecto, al recurrido le asiste el deber de monitorear y detectar posibles fraudes, obstaculizando dichas operaciones, pudiendo congelar las transacciones, informando mediante llamados telefónicos al afectado o cualquier otro medio que permita a la institución bancaria conocer si las transacciones extrañas al comportamiento habitual del usuario efectivamente fueron realizadas por este, todo lo cual no consta haber sido realizado por el Banco, incumpliendo así las obligaciones que le impone el órgano fiscalizador pertinente.

SEPTIMO: Que, por lo demás, el recurrente actuó diligentemente una vez que tomó conocimiento del fraude, dando cuenta del mismo al Banco a través de su ejecutiva de cuenta, denunciando los hechos al Ministerio Público y presentando un reclamo ante el SERNAC ante la ausencia de una respuesta y solución por parte del Banco.

OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, cabe concluir que la conducta del Banco por la cual desconoce su responsabilidad en el fraude bancario, intentando traspasarla al cliente con las consecuencias patrimoniales que ello implica para éste último, constituye una actuación ilegal en cuanto infringe la normativa sectorial antes referida y arbitraria, al insistir en la regularidad de las operaciones a pesar de las presunciones fundadas que existen en contra, todo lo cual justifica acoger el presente recurso de protección al constatarse además, una clara afectación al derecho de propiedad del recurrente.