El recién pasado sábado 8 de agosto, fue publicada la Ley N° 21.249, que dispone de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red.

Objetivo

El nuevo texto legal, originado en diversas mociones parlamentarias que fueron refundidas, tiene como propósito la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.

Lo anterior con la finalidad de aliviar los gastos no solo de los hogares más vulnerables, sino también de cooperativas y pequeñas empresas que se ven apremiadas con las facturaciones de servicios básicos en medio de la pandemia.

Prohibición de corte

La norma que establece que durante los 90 días siguientes a su publicación, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes clientes:

– Usuarios residenciales o domiciliarios.
– Hospitales y centros de salud.
– Cárceles y recintos penitenciarios.
– Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
– Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
– Bomberos.
– Organizaciones sin fines de lucro.
– Microempresas.

Se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas sanitarias con menos de 12.000 clientes que constituyan una sola unidad económica y no sean filial de otra empresa sanitaria, y a las cooperativas y comités de agua potable rural, sin perjuicio de los convenios, descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes.

Pago de las deudas

Mediante esta ley se dispone que Las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red, que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de esta normativa, se prorratearán en el número de cuotas mensuales iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, las que no podrán exceder de doce, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, y no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

Asimismo, se incorpora otro beneficio, en el sentido de que el usuario final si así lo estima, podrá incluir en el prorrateo, las deudas generadas antes de las contraídas según lo señalado precedentemente, hasta el monto de diez unidades de fomento para las empresas distribuidoras y cooperativas de electricidad y hasta el monto de cinco unidades de fomento para las empresas de servicios sanitarios y de distribución de gas de red, en las mismas condiciones.

Beneficiarios

La normativa establece que podrán acogerse a lo dispuesto en esta ley, los clientes finales que cumplan con, al menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Encontrarse dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares.
b) Tener la calidad de adulto mayor.
c) Estar percibiendo las prestaciones de la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo.
d) Estar acogido a alguna de las causales de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada.
e) Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores, y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.

Reposición

La nueva normativa indica que si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por mora en el pago de cualquiera de los servicios indicados en la misma ley, la respectiva empresa proveedora o cooperativa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario, una vez publicado el nuevo texto legal.