1. Corte Suprema. Tráfico de drogas. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Ausencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Persona fumando dentro de un automóvil no configura los presupuestos legales para realizar control de identidad. Actuación de la policía fuera de su marco legal y de sus competencias. Vulneración del derecho a un procedimiento justo y racional. Prueba ilegal.

2. Corte Suprema. Microtráfico. Control de identidad. Ausencia de elemento objetivo del cual pueda desprenderse algún indicio de que la acusada intentaba o se disponía a cometer un delito. Impresiones de carácter eminentemente subjetivo no constituye indicio suficiente para realizar control de identidad. Solo hecho de percibir olor a marihuana no satisface la exigencia de un signo ostensible del tráfico de drogas. Actuación policial fuera del marco legal y de sus competencias. Vulneración del derecho a un procedimiento justo y racional. Prueba ilícita

3. Corte Suprema. Porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Denuncia anónima. Existencia de indicio para la realización del control de identidad. Prueba de carácter lícito. Concurso de personas en el hecho punible. Partícipes deben obrar con un dolo común unificador.


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1. Corte Suprema.

Tráfico de drogas. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Ausencia de indicio necesario para la realización del control de identidad. Persona fumando dentro de un automóvil no configura los presupuestos legales para realizar control de identidad. Actuación de la policía fuera de su marco legal y de sus competencias. Vulneración del derecho a un procedimiento justo y racional. Prueba ilegal.

Fecha Sentencia: 13/07/2020

Cita Online: CL/JUR/52792/2020

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito de tráfico de drogas. Defensa de condenado recurre de nulidad. La Corte Suprema acoge el recurso deducido, invalida el fallo impugnado y el juicio que le antecedió.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que las disposiciones recién expuestas establecen que la regla general de la actuación de la policía es que debe realizarse bajo las órdenes o instrucciones del Ministerio Público y como excepción, su desempeño autónomo en la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determinados casos delimitados claramente por el legislador, que incluso ha precisado un límite temporal para su vertiente más gravosa (las detenciones) con el objeto de eliminar o reducir al máximo la discrecionalidad en el actuar policial del que se derive restricción de derechos.

Al efecto, este tribunal ha señalado reiteradamente que dicha regulación trata, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano encargado por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado y sometido a control jurisdiccional en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

De su tenor, entonces, aparece evidente que en cuanto se trata de normativa de excepción, estricta y precisa por la naturaleza de los derechos afectados en su consagración, su interpretación debe sujetarse a parámetros semejantes de restricción, tal y como lo sostiene de modo expreso el artículo 5 del Código Procesal Penal.

Noveno: Que conforme lo antes expresado, resulta que en la especie sólo de la circunstancia de haber divisado los funcionarios policiales que el copiloto de un vehículo que transitaba por la calle, fumaba un cigarrillo que les pareció era de marihuana, mientras ellos circulaban en otro móvil, no pudo emanar el indicio de la comisión de una presunta falta, más si se considera que por esa observación no podían constatar que el contenido de dicho cigarrillo era cannabis sativa, y por consiguiente, lo que vieron los funcionarios policiales fue a una persona fumando, comportamiento que precisamente desde una perspectiva ex ante carece de la relevancia asignada, toda vez que tratándose de una conducta absolutamente neutra, no se advierten elementos precisos referidos a la comisión de algún delito, por lo que ésta sola circunstancia descrita en la sentencia dista de satisfacer los presupuestos que exige el artículo 85 del Código Procesal Penal para realizar el control de identidad.

De esta manera, yerra el tribunal al considerar que en la especie se satisface la exigencia de existir «algún indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad» que demanda la norma en análisis para proceder a la diligencia intrusiva que se cuestiona, toda vez que según se ha razonado precedentemente, en el caso de autos no existió circunstancia alguna que permitiera vincular al encartado con las hipótesis alternativas antes expuestas.

Décimo: Que por otra parte, de los hechos asentados tampoco se advierte ninguna de las restantes hipótesis que contempla el artículo 85 del Código Procesal Penal, toda vez que no existe elemento distinto de la apreciación desde el vehículo en que transitaban los funcionarios policiales del automóvil en que circulaba el acusado como copiloto, observando que fumaba un cigarrillo, que habilitara para ello, lo que impide considerar la concurrencia de alguna de esas figuras en el caso de autos.

Duodécimo: Que, en consecuencia, por no haber constatado indicio de la comisión de un delito ni haberse verificado situación de flagrancia que permitiera el actuar autónomo de la policía, ocurre que aquel se desempeñó fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, de modo que toda la evidencia recogida en el procedimiento incoado respecto del acusado resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley. Esta misma calidad tiene, producto de la contaminación, toda la prueba posterior que de ella deriva, esto es, la materializada en el juicio.

En este sentido, aunque los jueces de la instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del Ministerio Público en la faena de investigación.


2. Corte Suprema.

Microtráfico. Control de identidad. Ausencia de elemento objetivo del cual pueda desprenderse algún indicio de que la acusada intentaba o se disponía a cometer un delito. Impresiones de carácter eminentemente subjetivo no constituye indicio suficiente para realizar control de identidad. Solo hecho de percibir olor a marihuana no satisface la exigencia de un signo ostensible del tráfico de drogas. Actuación policial fuera del marco legal y de sus competencias. Vulneración del derecho a un procedimiento justo y racional. Prueba ilícita

Fecha Sentencia: 07/05/2020

Cita Online: CL/JUR/52839/2020

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades. Defensa de condenada recurre de nulidad. La Corte Suprema acoge, con voto de disidencia, el recurso deducido, invalida el fallo impugnado y la sentencia que le antecedió.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que, en este contexto, según asienta el fallo en estudio, los indicios que habrían considerado los policías para controlar a la imputada y supuestamente inquirirla respecto de la posesión de algún alcaloide, consistió en la existencia de una fogata en el sector del estero Marga Marga, la observación de un gesto propio de personas que consumen marihuana y la percepción de un olor a dicho alucinógeno por parte de los funcionarios policiales. Desde luego, estas meras afirmaciones, dado su carácter eminentemente subjetivo, no da cuenta de ningún elemento objetivo del cual pueda desprenderse algún indicio de que la acusada intentaba o se disponía a cometer un delito, sino sólo de la impresión o interpretación que hace un policía de su percepción olfativa y visual que, huelga señalar, podría responder a múltiples justificaciones o razones diversas a la comisión de un ilícito. De esta manera, el indicio requerido por el artículo 85 del Código Procesal Penal debe poseer la fuerza y coherencia necesaria para sustituir a la pluralidad de indicios exigidos con anterioridad por la ley.

Por lo anterior es que, a juicio de estos sentenciadores, el elemento indiciario empleado por los funcionarios policiales en el caso de marras se condice con afirmaciones del todo subjetivas, no verificables y, por lo mismo, al margen de los rigurosos extremos de la norma ya citada, por cuanto una actuación autónoma e intrusiva como el control de identidad debe necesariamente, dado que afecta garantías constitucionales como el derecho a la intimidad, basarse en un indicio de carácter objetivo y por ello susceptible de ser objeto de revisión judicial. Como ya lo ha resuelto esta Corte, el solo hecho de percibir olor a marihuana no satisface la exigencia de un signo ostensible del tráfico de drogas (SCS N°s 21.413 2014, de 22 de septiembre de 2014; 26.194 2018, de 29 de noviembre de 2018; y, 2.2222019, de 28 de febrero de 2019).

Séptimo: Que, así las cosas, por haberse sometido a la acusada a un control de identidad y posterior registro, sin el concurso de un indicio objetivo de que estuviere cometiendo o intentare cometer un delito, ni de ninguno de los otros supuestos previstos en el artículo 85 del Código Procesal Penal que autorizan esa diligencia, ocurre que aquélla se desempeñó fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho de la imputada a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, la evidencia recogida en el procedimiento ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley. En este sentido, aunque los jueces de la instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del Ministerio Público en la faena de investigación.


3. Corte Suprema.

Porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Actuaciones de la policía sin orden previa. Denuncia anónima. Existencia de indicio para la realización del control de identidad. Prueba de carácter lícito. Concurso de personas en el hecho punible. Partícipes deben obrar con un dolo común unificador.

Fecha Sentencia: 04/03/2020

Cita Online: CL/JUR/18665/2020

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Hechos:

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia condenatoria por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Defensas de condenados recurre de nulidad. La Corte Suprema rechaza los recursos deducidos.

Considerandos relevantes.

SÉPTIMO: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Sentencias Corte Suprema Roles N° 7178 17, de 13 de abril de 2017; N° 9167 17, de 27 de abril de 2017; N° 20286 18, de 01 de octubre de 2018; N° 28.126 18, de 13 de diciembre de 2018 y N° 13.881 19, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

OCTAVO: Que las disposiciones recién expuestas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que a su vez actúan conforme a un estatuto no menos regulado y sometido a control jurisdiccional en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos.

UNDÉCIMO: Que, en la especie, las defensas de los acusados han cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, toda vez que estiman que éstos, al practicar un control de identidad a los acusados sin que existiera indicio para ello por cuanto la denuncia anónima que les fue comunicada decía relación con un hecho distinto, siendo por lo demás imprecisa, en cuanto no se dieron mayores características acerca del móvil en el que se transportaban los denunciados, ni tampoco señas respecto de éstos, como por ejemplo, su número y sexo , procedieron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implicara que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores de la instancia.

Pues bien, de la sola lectura de los hechos que se dieron por establecidos soberanamente en la sentencia aparece de manifiesto que el actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que conforme se determinó en autos, éstos recibieron un comunicado radial proveniente de un carabinero que fue individualizado en autos en el que se les indicó que en un lugar determinado, un denunciante anónimo refirió que los ocupantes de un automóvil de color negro, habían efectuado a los menos dos disparos al frontis de un inmueble y que, luego de ello, se habrían dado a la fuga por el sector de la ex línea Férrea, lugar al que concurrieron no tardando más de cinco minutos según sus propios atestados, toda vez que estaban patrullando en las cercanías del sector ,encontrándose de frente con el antes aludido móvil de color oscuro, constituyendo tales antecedentes un indicio que resultaba más que suficiente grave, de entidad para proceder a controlar su identidad, en tanto momentos antes se había denunciado la existencia de un ilícito en el que intervino una camioneta de idéntico color de aquella que fue visualizada al momento de efectuarse los disparos al inmueble ubicado en pasaje Hermanos Mujica N° 33, Población Gina Ancarola, comuna de Vicuña, descartándose con ello que tal indicio haya sido vago o impreciso, encontrándose habilitados los agentes policiales para practicar el control de identidad, por así disponerlo expresamente el artículo 85 del Código Procesal Penal, desestimándose, en consecuencia, la ilegalidad denunciada por la recurrente.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, al proceder del modo que lo hicieron los funcionarios policiales no transgredieron en el caso concreto las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no han vulnerado las normas legales que orientan el proceder policial como tampoco las garantías y derechos que el artículo 19° de la Constitución Política reconoce y garantiza a los imputados, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en la referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público, de manera que no queda sino rechazar el motivo de nulidad principal.

DECIMOSÉPTIMO: Que, respecto del punto en discusión, conviene precisar que, tal y como lo ha sostenido esta Corte en el fallo dictado en los autos Rol N° 14.914 2019, de 24 de julio de 2019, de un análisis de los principios que rigen la relación entre autor y partícipes se debe tener presente primordialmente el de convergencia, conforme al cual la concurrencia criminal, exige que la voluntad de los distintos sujetos intervinientes en la ejecución de un delito se oriente a la realización conjunta del hecho punible.

En otras palabras, para que pueda hablarse de un concurso de personas en el hecho punible, es menester que los partícipes obren con un dolo común unificador. No basta, pues, la simple congruencia objetiva (exterior) de las conductas. Es preciso que exista una «coincidencia del contenido de las voluntades de los intervinientes».

DECIMOCTAVO: Que en el caso de autos, los acusados al transportar en un automóvil en el que iban sentados en el asiento trasero, el primero de los nombrados y, en la silla del copiloto la segunda de ellos , una pistola y una escopeta hechiza, mismo móvil en el que previamente concurrieron a un domicilio en el que uno de sus ocupantes efectuó al menos dos disparos en contra el frontis de la casa según se estableció como hecho de la causa , aceptaron las consecuencias de su actuar, existiendo un acuerdo de voluntades entre los coparticipes del hecho, que pudo ser expreso o tácito, desde que las armas eran visibles al efectuar un simple registro del vehículo en cuestión, existiendo en consecuencia la convergencia que los convierte en autores del delito por el cual finalmente fueron condenados.

A lo anterior, debe sumarse la circunstancia fáctica, también acreditada en autos, que la pericia química efectuada a los dos encartados que incoaron el motivo de nulidad en estudio, arrojó como resultado que todos ellos presentaban en sus manos residuos compatibles con la acción, manipulación o cercanía de un arma fuego, posterior al disparo.