1. Corte de Apelaciones de Santiago. Despido indirecto y cobro de prestaciones laborales. Subcontratación. Calificación de empresa mandante a un órgano de la Administración del Estado debe realizarse desde la perspectiva del trabajador. Responsabilidad solidaria de la empresa principal. Ministerio de Desarrollo Social carece de legitimación pasiva. No subsana el vicio originario de la acción que el Consejo de Defensa del Estado haya asumido su defensa judicial. Voto disidente: No se configura régimen de subcontratación en vínculo entre el Ministerio del Desarrollo Social y la demandada.

2. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Despido indirecto y nulidad de despido. Subcontratación. Ámbito temporal de la responsabilidad solidaria de la empresa principal. Responsabilidad de la empresa mandante que incumple si deber de resguardo de los derechos de los trabajadores durante el periodo que estos prestaron servicios en régimen de subcontratación. Demandada solidaria es responsable del pago de las remuneraciones hasta la fecha en que habría terminado el fuero sindical de los actores.

3. Corte Suprema. Despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales. Suficiencia probatoria para acreditar la configuración del régimen de subcontratación. Mandante debe responder solidariamente.  Deber del Estado de entregar asesoría letrada. Existencia de convenios entre demandada principal y Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos para representar a determinadas personas. Responsabilidad solidaria de la empresa principal y el contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten al contratistas y a los subcontratistas.


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1. Corte de Apelaciones de Santiago.

Despido indirecto y cobro de prestaciones laborales. Subcontratación. Calificación de empresa mandante a un órgano de la Administración del Estado debe realizarse desde la perspectiva del trabajador. Responsabilidad solidaria de la empresa principal. Ministerio de Desarrollo Social carece de legitimación pasiva. No subsana el vicio originario de la acción que el Consejo de Defensa del Estado haya asumido su defensa judicial. Voto disidente: No se configura régimen de subcontratación en vínculo entre el Ministerio del Desarrollo Social y la demandada.

Fecha Sentencia: 19/06/2020

Cita Online: CL/JUR/41920/2020

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Hechos:

Demandada solidaria deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, que acogió la demanda por despido indirecto y cobro de prestaciones. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge, el recurso de nulidad interpuesto, con voto en contra.

Considerandos relevantes.

Séptimo Que la posibilidad de calificar de empresa mandante a un órgano de la Administración del Estado y de hacerla responsable en régimen de subcontratación, cuando se acrediten los elementos previstos en el artículo 183 A del Código del Trabajo, no obstante su régimen jurídico y la normativa particular que las rige, supone que el examen del asunto debe abordarse desde la perspectiva del trabajador, es decir, de la regulación de la actividad mirada como una organización de medios en busca de la mayor protección del dependiente y aplicando los principios que informan la materia, resultando relevante la situación en que se encuentra el trabajador y no los fines o el régimen de las empresas que se benefician directa o indirectamente de las labores.

Se trata de una persona natural o jurídica, pública o privada, que externaliza la ejecución o prestación de un servicio a un tercero que se compromete a llevarlo a cabo, con sus trabajadores y bajo su dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, por ende, no es relevante que la persona forme parte de la administración del Estado, que es lo que acontece.

Octavo: Que de lo relacionado precedentemente se aprecia con claridad que a partir de la base fáctica establecida en la sentencia, se constató la existencia de un régimen de subcontratación, dada la confluencia de los requisitos del artículo 183 A del Código del Trabajo, por lo que correspondía así declararlo, junto a las consecuencias jurídicas que ello conlleva, estableciendo la responsabilidad solidaria de un organismo que forma parte de la administración del Estado, como empresa principal, en el contexto de un régimen de subcontratación.

Duodécimo: Que, de conformidad a las normas citadas en el libelo de nulidad, contenidas en el DFL N° 1 de Hacienda, de 1993, que contiene el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, la relación procesal válida y eficaz, en el caso de autos, supone que la acción deducida debió enderezarse en contra del Fisco de Chile, a través del Presidente del Consejo de Defensa del Estado o a través de su respectivo Abogado Procurador Fiscal. En efecto, según dispone el artículo 1 inciso segundo de la Ley N° 18.575, la Administración del Estado estará constituida, entre otros, por los Ministerios, que integran la administración centralizada, condiciones en las que deben actuar bajo la personalidad jurídica y con los bienes y recursos del Fisco, como precisa su artículo 26, por lo que efectivamente no ha podido ser demandado ni emplazado válidamente al dirigirse la acción en contra del Ministerio de Desarrollo Social, notificando a la persona del Ministro de la cartera.

Por ello, si a quien se demandó no está revestido de la capacidad de ejercicio requerida para ser considerado parte del litigio, alegada esta circunstancia formalmente en el proceso, no ha podido desestimarse y entender que existió un emplazamiento válido al Fisco al contestar, porque no es legitimado pasivo en tanto no se le demande, lo que los actores no hicieron, obviando, al igual que el fallo, que un ente público centralizado no tiene la aptitud jurídica para ser demandado. La circunstancia que el Consejo de Defensa del Estado haya asumido la defensa judicial solo obedece al mandato de su Ley Orgánica, pero no subsana el vicio originario de la acción, pues como apunta el recurso, se confunde por el fallo el efecto de la notificación de la demanda con la falta de legitimación pasiva, cuestión esta que no es posible subsanar, a diferencia de aquélla.

Décimo Tercero: Que la deficiencia anotada debió ser zanjada por el tribunal en la sentencia, dada la carencia de personalidad jurídica propia de Ministerio de Desarrollo Social, lo que no aconteció, configurándose el vicio que funda la causal esgrimida, contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley, con influencia sustancial en lo decisorio, por lo que se procederá en consecuencia a la invalidación del fallo en la parte afectada, dictándose la correspondiente de reemplazo.

(Voto disidente) Procede acoger la causal de nulidad del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo por considerar que el vínculo entre el Ministerio del Desarrollo Social y la demandada no constituye un contrato de prestación de servicios que haya dado lugar a un régimen de subcontratación, como afirma la impugnante. En efecto, ciñéndose a los hechos consignados en el fundamento Décimo Noveno de la sentencia, la sola existencia de un convenio para la ejecución de planes sociales no puede dar cabida a tal régimen si el Fisco debe sujetarse en sus contrataciones a las prescripciones de la Ley N° 19.886, de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que contempla la existencia de procesos de licitación, un acuerdo marco o una contratación directa para la prestación de un servicio, lo que en la especie no se ha dado por concurrente, sino solo que la empleadora, desarrollaba labores dentro de las funciones que le eran propias, por cierto coincidentes con algunas del Ministerio, pero no para éste, sino financiadas con dineros provenientes de un acuerdo de transferencia de recursos considerados en la Ley de Presupuesto. En tal entendimiento, y dado que en derecho público el Fisco solo puede hacer lo que la ley le permite, la falta de los procedimientos legales para la contratación de servicios, solo conduce a que un tercero, beneficiario de la transferencia, la invierta a sus fines específicos, debiendo rendir cuenta del uso de tales recursos y reintegrar los excedentes, situación que es ajena a la subcontratación. De otro lado, es manifiesto que lo que se ha verificado es la implementación de un programa social del Ministerio, diverso de la obra, empresa o faena a que hace referencia el artículo 183 A del Código del Trabajo. En consecuencia, para la disidente, admitida la causal en referencia, no procedía extender el fallo de nulidad a los restantes motivos de nulidad, alegados en subsidio


2. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Despido indirecto y nulidad de despido. Subcontratación. Ámbito temporal de la responsabilidad solidaria de la empresa principal. Responsabilidad de la empresa mandante que incumple si deber de resguardo de los derechos de los trabajadores durante el periodo que estos prestaron servicios en régimen de subcontratación. Demandada solidaria es responsable del pago de las remuneraciones hasta la fecha en que habría terminado el fuero sindical de los actores.

Fecha Sentencia: 17/06/2020

Cita Online: CL/JUR/41897/2020

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Hechos:

Demandada solidaria interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, que rechaza la demanda de nulidad de despido. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el recurso de nulidad deducido.

Considerandos relevantes.

Décimo quinto: En relación al ámbito temporal de la responsabilidad solidaria que conforme a lo señalado precedentemente debe asumir la demandada San Antonio Terminal Internacional S.A., en su calidad de empresa principal, el tribunal del grado la hace descansar en el incumplimiento de su deber de resguardo de los derechos de los trabajadores que se desempeñaban en su obra o faena, producido en el tiempo o periodo durante el cual los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para ella, como lo dispone el inciso 1° del artículo 183 B del Código de Trabajo, por cuanto su responsabilidad dice relación únicamente solo a los incumplimientos suyos.

Es así que respecto al pago de remuneraciones hasta el término del fuero sindical de que gozaban los demandantes, la sentenciadora tiene presente que, el origen del despido indirecto lo constituye una causa atribuible al empleador Axion Chile Seguridad Limitada, quien incumplió gravemente las obligaciones que le imponían los contratos que lo vinculaban con los demandantes; y que, a la demandada San Antonio Terminal Internacional S.A. correspondía cautelar, lo que incumplió; resultando responsable de la obligación laboral de la demandada Axion Chile Seguridad Limitada consistente en el pago de las remuneraciones hasta la fecha en que habría terminado el fuero sindical de los actores, por tener su causa en un hecho acaecido en el período durante el cual los trabajadores demandantes prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal y en que ella debía cautelar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de aquellos.

Décimo sexto: Que en el contexto analizado en el motivo que antecede, la sentenciadora del grado concluye que la responsabilidad de la demandada solidaria, se extiende, también, al pago íntegro de la prestación consistente en el pago de media hora de colación, al haberse excluido, tanto respecto de la demandada principal como de la solidaria, el periodo comprendido entre el 10 y el 17 de junio de 2019, y haberse generado el derecho a pago de dicha prestación durante el periodo en que los actores trabajaron para ella.


3. Corte Suprema.

Despido injustificado, nulidad del mismo y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales.  Suficiencia probatoria para acreditar la configuración del régimen de subcontratación. Mandante debe responder solidariamente.  Deber del Estado de entregar asesoría letrada. Existencia de convenios entre demandada principal y Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos para representar a determinadas personas. Responsabilidad solidaria de la empresa principal y el contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten al contratistas y a los subcontratistas.

 Fecha Sentencia: 13/04/2020

Cita Online: CL/JUR/22980/2020

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Hechos:

Parte demandante interpone recurso de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la de base que rechazó la acción interpuesta en contra del Fisco de Chile-Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, en calidad de responsable solidario y/o subsidiario. La Corte Suprema acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Séptimo: Que, analizadas las circunstancias fácticas y jurídicas referidas en el considerando primero a la luz de la normativa y exigencias reseñadas en los considerandos anteriores y los respectivos convenios, se concluye que configuran el régimen de subcontratación contemplado en el artículo 183 A del Código del Trabajo, toda vez que concurren todos los requisitos para tener a la demandada como empresa que debe responder solidariamente, como lo ha sostenido esta Corte en los fallos adjuntos, especialmente en los signados con los roles N° 6.8972015 y 13.153 2015.

Al no haberse resuelto con arreglo a ello, en la sentencia impugnada se violentó la interpretación y aplicación correcta que se ha dado a la ley de fondo de que se trata, lo que debe ser enmendado a través de esta vía extraordinaria, para mantener la adecuada línea jurisprudencial en la materia, siendo pertinente acoger lo solicitado por las actoras. En razón de lo anterior, correspondía que se hiciera lugar al recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, no siendo necesario emitir pronunciamiento respecto de aquella consagrada en el artículo 478 letra c) del mismo cuerpo legal.

Segundo (Sentencia de reemplazo): Que si bien la demandada principal celebró convenios con el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos para representar a determinadas personas y se beneficiará un grupo de ellas respecto de las cuales el Estado tiene la obligación de entregar asesoría letrada, por lo que no es impedimento para atribuirle la calidad de dueño de la obra, empresa o faena, atendida la consideración y calidad de órgano del Estado que tiene.

Tercero (Sentencia de reemplazo): Que las circunstancias referidas en el motivo anterior configuran el régimen de subcontratación contemplado en el artículo 183 A del Código del Trabajo, pues se constata la existencia de una relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra contratista que, en definitiva, es el empleador del trabajador subcontratado; que entre la empresa principal y la contratista existe un acuerdo, que puede ser de carácter civil, mercantil o administrativo, conforme al cual ésta desarrolla para aquélla la obra o servicio que motivó el contrato; que las labores sean ejecutadas en dependencias de la empresa principal, requisito respecto del cual la Dirección del Trabajo, a través del Dictamen N° 141/5, de 10 de enero de 2007, sostuvo que también concurre cuando los servicios subcontratados se desarrollan fuera de las instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra, con las particularidades que indica; que la obra o el servicio sea estable y continuo, lo que denota habitualidad y no interrupción en la ejecución o prestación; que las labores sean desarrolladas por cuenta y riesgo del contratista o subcontratista; y que el trabajador sea subordinado y dependiente de su empleador, contratista o subcontratista.

Cuarto (Sentencia de reemplazo): Que, sobre el sustrato que precede, correspondía la condena solidaria del Fisco al pago de las remuneraciones adeudadas durante la vigencia de la relación laboral, como aquellas que se devenguen después de la separación de los trabajadores demandantes, por aplicación de la sanción de nulidad del despido, puesto que respecto de ésta prestación, tal como lo estatuye el artículo 183 B del Código del Trabajo, hace solidariamente responsable a la empresa principal y al contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten al contratistas y a los subcontratistas, en su caso, en favor de sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda pagar al término de la relación laboral, acotadas evidentemente al límite temporal correspondiente.

La norma en cuestión comprende, sin lugar a duda, las obligaciones laborales y previsionales, concepto que, de conformidad a la Ley Nº 20.123, conlleva el pago de las remuneraciones de los trabajadores y el entero, en el organismo pertinente, de las cotizaciones previsionales retenidas de dicha remuneración, entre otras, además de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicios, con su incremento, las que surgen con motivo de la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de cualquier otra a la que pueda calificarse como obligación laboral y previsional de dar o como indemnización legal por término de relación laboral.