1. Corte Suprema. Nulidad absoluta de contrato. Concepto y características de la nulidad absoluta. Condiciones para que un tercero tenga interés en alegar la nulidad absoluta de un acto o contrato. Interés debe ser real y tener su origen en lesión patrimonial que sufra el interesado. Único legitimado para requerir la nulidad en caso de cesión gratuita con origen en un acto expropiatorio es el cedente. Casación no puede prosperar si recurrente no reviste el carácter de agraviado. Actores carecen de legitimación activa para accionar de nulidad absoluta.

2. Corte de Apelaciones de Concepción. Simulación y nulidad absoluta de contratos de mutuo y dación en pago. Simulación, concepto y clasificación. Rol primordial de las presunciones como medio probatorio indirecto de la simulación.  Suficiencia probatoria para acreditar la intención del causante de sacar de su patrimonio propiedad y perjudicar a su hijo.  Suficiencia probatoria para desvirtuar veracidad de las declaraciones emitidas en el contrato de dación en pago. Contrato simulado de dación en pago carece de voluntad real y seria, encubriendo una compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Procedencia de nulidad absoluta de los contratos por simulación.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Indemnización de perjuicios. Declaración de oficio de nulidad absoluta por una frase de la cláusula y la interpretación de la misma. Causa ilícita como causal de nulidad absoluta. Interpretación de cláusula contractual. Deudor es el obligado a la contratación de seguros y el mandato entregado al banco es condicional y facultativo, exonerándolo de responsabilidad si no se contratan los seguros.


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1. Corte Suprema.

Nulidad absoluta de contrato. Concepto y características de la nulidad absoluta. Condiciones para que un tercero tenga interés en alegar la nulidad absoluta de un acto o contrato. Interés debe ser real y tener su origen en lesión patrimonial que sufra el interesado. Único legitimado para requerir la nulidad en caso de cesión gratuita con origen en un acto expropiatorio es el cedente. Casación no puede prosperar si recurrente no reviste el carácter de agraviado. Actores carecen de legitimación activa para accionar de nulidad absoluta.

Fecha Sentencia: 03/07/2020

Cita Online: CL/JUR/45810/2020

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Hechos:

Demandante deduce recursos de casación en la forma y el fondo en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia, que desestimó la demanda de nulidad absoluta de contrato. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que a continuación se observa propicio repasar algunos conceptos básicos relativos a la materia concerniente al asunto debatido. Al efecto es necesario recordar que la nulidad es una sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de un acto según su especie y la calidad o estado de las partes, es un verdadero castigo civil establecido por el legislador que consiste en el desconocimiento de los efectos jurídicos del acto. Nuestro Código Civil trata la nulidad en su Título XX del Libro IV, específicamente el artículo 1681 que dispone que «es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mimos acto o contrato» y, complementando lo anterior, el artículo 1682 amplía, en cierto modo, el campo de aplicación de la nulidad al establecer que es también causa de nulidad el hecho de tener un acto o contrato objeto o causa ilícita.

Sobre este tema el profesor Arturo Alessandri Besa señala que «la nulidad absoluta, como su nombre lo indica, es una sanción destinada a condenar todo lo que ha sido ejecutado con menosprecio del interés general. Es una sanción cuyo fin es castigar todo aquello que sea ilícito, todo lo que vaya contra la moral, contra las buenas costumbres, y sobre todo del orden público, de la misma ley: no le importa al legislador que el acto o contrato no perjudique a ninguno de los contratantes, que no los lesione en su patrimonio, porque basta que ese acto o contrato afecte de algún modo el orden público para que sea atacable por la vía de la nulidad».

El mismo autor sostiene que «es un interés social que la ley tiene en mira al establecer la nulidad absoluta como sanción para los actos y contratos que afecten al orden público, más que en un interés simplemente particular y patrimonial de las personas que ejecutan el acto o celebran el contrato, como es el caso de la nulidad relativa, que se concede a las personas con el objeto de que protejan su patrimonio que ha sido lesionado por un acto jurídico irregular (Arturo Alessandri Besa, La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno, Tomo I, Tercera Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile).

DÉCIMO: Que, como se ha venido analizando, la legitimidad de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia. Así, si de los antecedentes de la causa no resulta legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque haya sido mal deducida sino porque la acción no corresponde al actor o en contra del demandado.

En relación a las condiciones que se exigen para que una persona tenga interés en alegar la nulidad absoluta de un acto o contrato, el artículo 1683 del Código Civil dispone que «la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años».

Sobre este punto, el profesor Víctor Vial del Río sostiene que «tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que el interés requerido es un interés pecuniario, esto es, susceptible de ser apreciado en dinero y en que dicho interés debe existir al momento de solicitarse la declaración de nulidad». «El interés consiste en obtener la invalidez del acto que perjudica en su patrimonio a quien alega la nulidad» (Víctor Vial del Río, Actos Jurídicos y Personas, Volumen Primero: Teoría General del Acto Jurídico, Ediciones Universidad Católica de Chile, Segunda Edición).

En el mismo sentido el profesor Arturo Alessandri Besa afirma que «tanto los autores como la jurisprudencia están de acuerdo en que el artículo 1683 del Código Civil se refiere a las personas que tienen un interés pecuniario o patrimonial en la declaración de nulidad, o sea, la nulidad puede ser alegada por cualquiera persona a quien aproveche su declaración». El autor entiende que «el interés pecuniario consiste en el beneficio que la declaración de nulidad ha de producir para el interesado en alegarla, beneficio que se traduce en quedar liberado de las obligaciones que le imponía el contrato que se anula o en un incremento a su patrimonio» (Arturo Alessandri Besa, La Nulidad y La Rescisión en el Derecho Civil Chileno, Tomo I, Capítulo III, Editorial Jurídica de Chile, Tercera Edición Actualizada).

UNDÉCIMO: Que sobre el punto en análisis conviene recordar que la prerrogativa que estatuye la norma recién citada queda supeditada a la existencia de un interés en la correspondiente declaración de nulidad, el que constituye un requisito de procedencia de la acción, en la medida que atañe precisamente a su titularidad.

Al respecto, esta Corte ha dicho que para que un tercero ajeno al contrato tenga el «interés» a que se refiere el artículo 1683 para alegar la nulidad, debe cumplir las siguientes condiciones:

  1. El interés alegado por el tercero no puede ser meramente moral, sino que debe ser de carácter pecuniario o patrimonial.
  2. El interés ha de residir, precisamente, en obtener la nulidad absoluta del acto o contrato, o sea, obtener que el negocio jurídico no produzca sus efectos.
  3. Debe tratarse de un interés real y no meramente hipotético; una mera expectativa no constituye un interés real.
  4. Ese interés debe ser legítimo, esto es, que se funde en un derecho actual, coetáneo y no sobreviniente a la celebración del acto que se pretende anular y mantener actualidad a la fecha en que se pide la declaración de nulidad.
  5. El interés debe nacer precisamente de la lesión que sufre su patrimonio al ejecutarse el acto o celebrarse el contrato en contravención a la ley y que es la causa de que su patrimonio se vea perjudicado; en otras palabras, que dicho interés tenga en esa contravención, determinante a su vez del perjuicio pecuniario, su causa jurídica y necesaria.
  6. Y que el interés del tercero, a diferencia del de la parte, no sólo debe ser alegado sino debe ser probado. Si ese interés no se acredita debidamente, la acción de nulidad debe ser rechazada (Rol 1083 2012).

En conclusión, el «interés» a que se refiere el artículo 1683 de código sustantivo para alegar la nulidad, además de ser de carácter patrimonial, de residir precisamente en la obtención de la nulidad absoluta del acto o contrato, de ser real y no meramente hipotético y tener su origen en la lesión patrimonial que sufre el interesado por la ejecución del acto o la celebración del contrato, debe ser «legítimo», lo que supone fundarse en un derecho actual, coetáneo y no sobreviniente a la celebración del acto que se pretende anular y mantener actualidad a la fecha en que se pide la declaración de nulidad.

DÉCIMO CUARTO: Que tratándose de una cesión gratuita que tuvo su origen en un acto expropiatorio por parte del Fisco, el único interesado en el cumplimiento de cualquier obligación impuesta al Club Hípico, no es otro que el propio cedente. En otras palabras, la legitimación para accionar frente a un supuesto incumplimiento recae en el Fisco y no en el Club Hípico o sus socios, quienes se beneficiaron con la cesión al construir el nuevo hipódromo y gozar de él hasta que se dispuso el cese de las actividades de la hípica en dicho lugar.

No es posible advertir el interés que invocan los actores para impetrar la nulidad de los contratos de compraventa celebrados entre el Club Hípico de Antofagasta y la Inmobiliaria Rio Napo, más aún si se considera que el cedente o donante manifestó en forma expresa no tenerlo. Resultando ser entonces el Club Hípico el beneficiado con la entrega de los terrenos, el cumplimiento de la condición o modo impuesto construcción del nuevo hipódromo en el plazo de tres años lo obligó frente al Fisco, pero no ante los socios o terceros, de manera que el único legitimado para requerir la nulidad ante un supuesto incumplimiento no es más que este último.

Es menester resaltar que los hechos en que se funda la demanda se condicen más bien con una acción de naturaleza diversa, esto es, una posible responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. El directorio, como órgano de la sociedad, no puede obrar en contra de la persona jurídica de la cual forma parte, cuya voluntad se manifiesta en la asamblea de accionistas, quien debe responder ante sus socios. La forma de perseguir el incumplimiento de este mandato no es la acción de nulidad, sino más bien la de responsabilidad civil de los directores.

En consecuencia, los actores carecen de un interés cierto y real que les permita solicitar la nulidad absoluta de los contratos de compraventa que impugnan, de manera que en la especie la acción, en los términos que fue entablada, carece de uno de sus elementos esenciales y debe ser desechada.

DÉCIMO QUINTO: Que, de lo que se ha venido analizando, resulta necesario recordar que la pretensión de nulidad a través del recurso de casación requiere siempre una actividad jurisdiccional previa que culmine en la dictación de una sentencia que haga procedente el recurso y que aparezca pronunciada con alguno de los vicios descritos en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil o con infracción de leyes que tengan el carácter de decisorias para la controversia jurídica planteada.

Asimismo, con arreglo a lo prevenido en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, otro de los presupuestos del recurso de casación es que éste debe interponerse por la parte agraviada con la decisión que se intenta eliminar.

DÉCIMO SEXTO: Que, de lo razonado en los motivos que anteceden, se advierte que aún en el evento que los jueces del fondo hubieren incurrido en la infracción de los preceptos que se denuncian y que se encuentran consignados en el motivo quinto del presente fallo, la decisión de rechazar la demanda interpuesta en estos autos no podría ser modificada en esta sede de casación, ya que los actores carecen de legitimación activa para accionar de nulidad absoluta, de lo que se concluye que el recurrente no reviste el carácter de agraviado en los términos que prescribe el artículo 771 de la compilación procesal del ramo, pues para ello no basta que el fallo contenga decisiones adversas, sino que es preciso que éstas lo sean para quien postula la casación, generando en él un interés actual comprometido. Es evidente que éste se encuentra ausente tratándose de la parte demandante respecto de quien viene rechazada la demanda, litigante que no ostenta el interés que requiere el artículo 1683 del Código Civil.

Dicho con otras palabras, aun en el evento de haberse producido los errores de derecho que denuncia el recurrente, del mismo modo no resulta legitimado para deducir el presente recurso, ya que la decisión de no dar lugar a la demanda no puede ser modificada.


 2. Corte de Apelaciones de Concepción.

Simulación y nulidad absoluta de contratos de mutuo y dación en pago. Simulación, concepto y clasificación.  Rol primordial de las presunciones como medio probatorio indirecto de la simulación.  Suficiencia probatoria para acreditar la intención del causante de sacar de su patrimonio propiedad y perjudicar a su hijo.  Suficiencia probatoria para desvirtuar veracidad de las declaraciones emitidas en el contrato de dación en pago. Contrato simulado de dación en pago carece de voluntad real y seria, encubriendo una compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Procedencia de nulidad absoluta de los contratos por simulación.

Fecha Sentencia: 31/03/2020

Cita Online: CL/JUR/22294/2020

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Hechos:

Demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia que rechazó la demanda de simulación y nulidad absoluta de contratos de mutuo y dación en pago; la parte demandada adhiere a la apelación. La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado y hace lugar a la acción de simulación y decreta la nulidad de los contratos impugnados.

Considerandos relevantes.

TERCERO: Que, la acción deducida en la presente causa es la que se conoce como «simulación», esto es, según la doctrina, «la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes o entre el declarante y la persona a la cual va dirigida la declaración, para producir con fines de engaño, la apariencia de un acto jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo» (Curso de Derecho Civil. Parte General y los Sujetos del Derecho. 1a Parte» Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, 4a Edición, 1971). Asimismo, se distingue entre la simulación absoluta y simulación relativa. Concurre la primera cuando la voluntad de celebrar un acto jurídico no existe y solo en apariencia se realiza uno, el cual externamente tiene las apariencias de validez. La segunda, ocurre cuando la voluntad de las partes es celebrar un determinado acto jurídico, pero en apariencia se efectúa otro distinto, para el cual no ha habido una real voluntad. En esta situación existen dos actos jurídicos: uno externo, público que las partes no quisieron realizar y uno interno, oculto, que es el que realmente se ha querido realizar.

Todo lo anterior, hecho con el objeto de perjudicar a terceros.

CUARTO: Que, teniendo en especial consideración las características propias de la simulación, con un alto componente psicológico de difícil prueba, como lo es determinar la real voluntad de las partes al momento de celebrar un acto jurídico, llevan a que las presunciones asuman un rol primordial como medio probatorio indirecto. Así, esta misma Corte, en una sentencia de 29 de agosto de 1997, respecto del cual se recurrió de casación en el fondo y que fue rechazado por la Excma. Corte Suprema, ha sostenido: «La simulación como divergencia psicológica que es de la intención de los declarantes se sustrae de una prueba directa, y más bien se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido el contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aquél y de las circunstancias que lo acompañan, siendo por ende la prueba de la misma indirecta, de indicios, de conjeturas. Que es lo que hiere a fondo la simulación, porque la combate en su propio terrero»

De esta forma para un adecuado análisis del caso en estudio, corresponderá en primer lugar determinar que hechos se han dado por establecidos con la prueba rendida para luego dilucidar si de ellos surgen indicios suficientes para concluir la existencia de la simulación que se alega.

NOVENO: Que, ante este escenario, surge la pregunta de qué motivó a celebrar con su cónyuge un contrato de dación en pago tan desventajoso, cuando se encontraba en condiciones económicas de haber pagado su deuda que con ella tenía de una manera distinta a la que lo hizo y posteriormente uno de sociedad en las mismas condiciones. Y la respuesta no puede ser otra que la de sacar de su patrimonio el Fundo El Rosal, que al decir de los testigos de la demandante, era su bien más preciado, con el objeto de que su hijo, no pudiera hacerse de su propiedad. En efecto, y como ya se ha dicho, el primer contrato se celebró con posterioridad a la notificación de la demanda de paternidad que el demandante interpuso en su contra, paternidad que siempre fue negada, incluso al otorgar su testamento, y que tuvo que ser declarada judicialmente en contra de su voluntad, por lo que resulta evidente la intención de perjudicar al actor, a través del acto impugnado.

UNDÉCIMO: Que, conforme al artículo 1700 del Código Civil, el instrumento público, como lo es el contrato de dación en pago en estudio, hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados, ya que en esta parte, no hace plena fe sino contra los declarantes y según lo razonado a través de esta sentencia ha quedado desvirtuada la veracidad de dichas declaraciones y en consecuencia esta Corte ha estimado que la verdadera voluntad de las partes en su otorgamiento estuvo dirigida a la celebración encubierta de un contrato de compraventa entre cónyuges que manifiestamente perjudicó al demandante ya que disminuyó el activo hereditario y consecuencialmente la parte que en derecho le correspondía como heredero.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo concluido, y careciendo el contrato simulado de dación en pago de voluntad real y seria, encubriendo una compraventa entre cónyuges no separados judicialmente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico y estando afectado de simulación, posibilita anularlo absolutamente.

Del mismo modo y atendido el efecto retroactivo propio de la declaración de nulidad, los aportes hechos por don Erico Frindt y doña Ana Fuica a la Sociedad Agrícola Frindt y Fuica Limitada correspondientes al usufructo y nuda propiedad del fundo El Rosal, serán declarados nulos.


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Indemnización de perjuicios. Declaración de oficio de nulidad absoluta por una frase de la cláusula y la interpretación de la misma. Causa ilícita como causal de nulidad absoluta. Interpretación de cláusula contractual. Deudor es el obligado a la contratación de seguros y el mandato entregado al banco es condicional y facultativo, exonerándolo de responsabilidad si no se contratan los seguros.

Fecha Sentencia: 20/01/2020

Cita Online: CL/JUR/6826/2020

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Hechos:

Demandado se alza en contra de la sentencia, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones revoca la sentencia apelada.

Considerandos relevantes.

Octavo: Respecto a la causa, tema no pacifico en la doctrina, la normativa señala: El artículo 1445 del Código Civil: «Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: (…) 4° que tenga una causa lícita».

Por su parte el artículo 1467 del mismo cuerpo legal indica que: «No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.

Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.»

Enseguida el artículo 1468 dispone que «No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.»

Por último, el artículo 1682, al determinar las causales de nulidad absoluta, se refiere expresamente solo a la causa ilícita.

Noveno: Señala Avelino León Hurtado que «es forzoso reconocer que cuando se plantea un problema de causa ilícita debe atenderse a la intención real de las partes, es decir, a los motivos individuales, a la causa ocasional que determinó al contratar» (La Causa. pág. 29)

Como enseña Alessandri «»Aquí se plantea un problema. Si (…) el Código Civil entiende por causa la que la doctrina llama causa final, que es constante, abstracta e igual para cada tipo de acto o contrato, tendremos que concluir que los móviles individuales y concretos no deben ser considerados aunque sean contrarios al orden público, la ley o las buenas costumbres; y si la causa final no presenta estos caracteres, el acto será válido. Y los actos o contratos que por causa (final) ilícita podrán ser anulados en el hecho casi no existirán; se limitarán a los actos innominados, como los que pone por ejemplo el Código, pues los nominados están estructurados por el legislador y es inconcebible que este pueda moldear actos con causa ilícita. De este modo el control de la moralidad de los actos jurídicos queda prácticamente reducido a la nada. Solo en los actos innominados, que las partes mismas (y no el legislador) estructuran en sus elementos básicos, es posible la existencia de la causa (final) ilícita (Alessandri Besa Arturo La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno.)

Lo anterior adquiere relevancia, puesto que el juez declara la nulidad absoluta, de oficio, de, como se ha dicho, una frase de la cláusula y de una interpretación de la misma, conforme lo autorizaría el artículo 1683 del Código Civil.

DÉCIMO PRIMERO: De lo afirmado por la sentenciadora «si la voluntad del Banco Santander, al momento de contratar, tenía presente en su fuero interno todas y cada una de estas contradicciones y ambiguedades para alegar su indemnidad en su oportunidad, como ahora lo hace en este juicio, cierto es que dicha convención adolece de causa ilícita», se está refiriendo a la causa denominada ocasional que menciona León, no satisfaciéndose, atendido el tenor de la cláusula la exigencia de que el vicio aparezca de manifiesto en el acto o contrato, en este caso en una frase de una cláusula del mismo.

DÉCIMO CUARTO: Que, como se ha dicho en los motivos precedentes, la cláusula en cuestión, que ha sido transcrita al inicio, es clara en cuanto a que el obligado a la contratación de ambos seguros es el deudor, que el mandato entregado al banco es condicional y facultativo, exonerando de responsabilidad al mismo si no se contratan los referidos seguros y que en todo caso cubrirían obligaciones que haya contraído el deudor a la fecha de la celebración del contrato.