1. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Recurso de protección. Negativa de AFP de hacer entrega de fondos previsionales de trabajador. Existencia de un sistema de pensiones derivado de la capitalización individual. Falta de sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones si las cotizaciones efectuadas que equivalen al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no permiten una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario. Improcedencia de permitir el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones en detrimento de la cotizante. Resulta improcedente continuar en un régimen que permita que el patrimonio que reservó para la vejez, no le asegure una solvencia elemental para sobrevivir y pagar los aspectos básicos de su existencia. Ineficiente y grave injusticia el mantener la pensión frente a la posibilidad de salir de la morosidad inminente. Resulta justo y equitativo permitir descontar la suma líquida necesaria para que el afiliado pueda salir de su grave situación económica. Derecho de propiedad sobre los fondos. Trabajadores que no han cotizado o lo han hecho en menor medida obtienen beneficios estatales que al final de cuentas logran ingresos superiores frente a la trabajadora en cuestión.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Negativa de AFP a entregar fondo previsionales de recurrente aquejado de enfermedad grave. Limitación al derecho de propiedad sobre los fondos previsionales para asegurar el derecho a la seguridad social. AFP no puede entregar el total de los fondos. Actuar de la recurrida no es ilegal ni arbitraria. Requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición del afiliado pensionado. Existencia de alternativas para mitigar las necesidades urgentes de la recurrente.

3. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Negativa de AFP a solicitud de retiro de parte de fondos de ahorro previsionales para solventar gastos médicos. Reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social. Instauración de sistema de capitalización individual mediante cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Monto de las cuentas individuales tiene como único fin financiar la respectiva pensión del titular. Derecho de propiedad de los fondos que ingresan a cada cuenta de capitalización individual está supeditado a la finalidad específica de generar pensiones. Regulación de las facultades de usar, gozar y disponer de los montos ahorrados en las cuentas individuales.


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1. Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Recurso de protección. Negativa de AFP de hacer entrega de fondos previsionales de trabajador. Existencia de un sistema de pensiones derivado de la capitalización individual. Falta de sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones si las cotizaciones efectuadas que equivalen al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no permiten una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario. Improcedencia de permitir el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones en detrimento de la cotizante. Resulta improcedente continuar en un régimen que permita que el patrimonio que reservó para la vejez, no le asegure una solvencia elemental para sobrevivir y pagar los aspectos básicos de su existencia. Ineficiente y grave injusticia el mantener la pensión frente a la posibilidad de salir de la morosidad inminente. Resulta justo y equitativo permitir descontar la suma líquida necesaria para que el afiliado pueda salir de su grave situación económica. Derecho de propiedad sobre los fondos. Trabajadores que no han cotizado o lo han hecho en menor medida obtienen beneficios estatales que al final de cuentas logran ingresos superiores frente a la trabajadora en cuestión.

Fecha Sentencia: 17/06/2020

Cita Online: CL/JUR/41977/2020

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Hechos:

Profesora interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones, señala como arbitrario e ilegal la negativa a hacer entrega de los fondos enterados en su cuenta de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales. La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

CUARTO: Que el Decreto Ley 3.500 estableció un nuevo Sistema de Pensiones, derivado de la capitalización individual, es decir, que los organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones, reciben del empleador, quien descuenta de las remuneraciones de los trabajadores, una suma determinada de dinero que constituye la cotización obligatoria con el objeto de generar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia derivados de la capitalización individual, que se regula por las normas de este cuerpo legal y cuyo destino desde la primera cotización hasta el cumplimiento de la prestación se rige esencialmente por las leyes del mercado, incluso respecto de las pensiones mixtas que incluyen las pensiones vitalicias.

DÉCIMO CUARTO: Que en suma, no se trata de una cuestión teórica ni menos superficial, sobre las facultades de las Cortes de Apelaciones para indagar la debida discrecionalidad que deben tener todos los actos que afecten al ejercicio legítimo de derechos indubitados elevados a derechos o garantías fundamentales en la Constitución Política de la República, desde que la discrecionalidad, si bien es una potestad que afecta las funciones de la competencia que no están expresamente regladas, requiere necesariamente de la prudencia o templanza en términos de cautela, moderación, sensatez, propia de un buen juicio, que no dependa solamente de la voluntad o el capricho de una persona, desconociendo los principios dictados por la razón, la lógica y las leyes.

Ahora bien, frente a los hechos que las partes no controvierten, inequívocos y claramente establecidos, en cuanto existe un afiliado con pensión de vejez que durante su vida laboral tuvo un ingreso superior a $1.000.000. y que a propósito del Sistema de Pensiones del D.L. 3.500, su pensión se redujo a una suma aproximada del 20% de sus ingresos, no obstante haberse afiliado durante un lapso de dieciocho años, respecto de cotizaciones que fueron administradas sin intervenir la voluntad del trabajador afiliado por un ente creado justamente para invertir los fondos en el mercado, sin que tuviera injerencia alguna sobre dichas inversiones como tampoco, directa o indirectamente, en las utilidades que obtienen estas Administradoras, ha debido admitir o contentarse que su capitalización individual no le permite un ingreso modesto siquiera para pagar el dividendo de su propiedad, adquirida a través de créditos hipotecarios que las sociedades modernas regulan por la dificultad de comprar un inmueble conforme a la capacidad económica de un trabajador medio, de manera que las políticas económicas y habitacionales de los Estados autorizan a instituciones bancarias o financieras, quienes utilizando el lucro, permiten a los trabajadores a acceder a una vivienda propia.

En este caso concreto, no puede concluirse que exista sensatez o medidas adecuadas en el Sistema de Pensiones respecto de una trabajadora que a la luz de las cotizaciones efectuadas que equivalen nada menos que al 10% de su remuneración, durante dieciocho años, no le permitan una jubilación suficiente para sufragar su crédito hipotecario, manteniendo sí, el lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones como también el de Bancos e Instituciones Financiaras para adquirir una vivienda, lo que significa que su detrimento ha sido en beneficio de estas instituciones sin la debida correspondencia, no obstante el imperativo del Constituyente en su artículo 19 N° 18 que establece la garantía fundamental del Derecho a la Seguridad Social, que impone perentoriamente que la acción del Estado debe estar «dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de las instituciones públicas o privadas», e incluso a propósito de garantizar la libertad personal y seguridad individual, en su artículo 7 letra h), prohíbe de manera absoluta y sin excepciones, establecer como sanción la pérdida de derechos previsionales, por lo que a la luz de lo razonado precedentemente, sin que haya podido intervenir como ciudadano en el destino de la capitalización individual, la decisión de ambas instituciones representa una arbitrariedad frente a la exigencia de la Carta Fundamental, sobre el derecho de propiedad que tiene la trabajadora sobre sus fondos de capitalización individual.

DÉCIMO QUINTO: Que si la capitalización individual del recurrente, que corresponde a un porcentaje de la remuneración obtenida durante su período activo laboralmente, cuyo trabajo representa el aporte que ha hecho a las necesidades de la sociedad, de donde se ha visto beneficiada la comunidad toda y especialmente, los empleadores como consecuencia del trabajo realizado, resulta contraproducente que sea únicamente el trabajador que no recibe aporte estatal, ni menos del empleador, acumulando una suma de dinero para financiar su propia vejez, en circunstancias que del trabajo realizado se benefició tanto la comunidad como el propio empleador, lo que por lo demás, sobre este fenómeno específico, constituye un hecho público y notorio, en la medida que las proposiciones para mejorar este sistema incluyen ideas que reconocen la necesidad del aporte directo o indirecto del Estado, como también de los empleadores y, por lo mismo, resulta poco prudente y arbitrario que un trabajador actual, a propósito de la serie de modificaciones cuarenta y siete leyes directas efectuadas al Decreto Ley 3.500 haya terminado en un sistema, que en este caso particular, genera una injusticia que obliga al tribunal a adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y decretar lo correspondiente para proteger al afectado.

En concreto, si la pensión mínima de vejez o invalidez, con o sin derecho a garantía estatal, que se reajusta anualmente en el mes de diciembre, equivale a $142.452,33 para lo cual se requiere al menos 20 años de cotizaciones previsionales en cualquier sistema, y la pensión básica solidaria es de $137.751, para quienes tienen la edad de jubilación hasta los 74 años, siempre que se trate de personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos de la ley 21.190, no resulta coherente, ni proporcionado, que la recurrente con una capitalización individual no menor, continúe en un régimen que permita estas diferencias fuera de toda lógica, y que el patrimonio que reservó para su vejez, no le asegure una solvencia elemental para sobrevivir y pagar los aspectos básicos de su existencia.

Así puede concluirse que en este caso, si el sistema no pudo prever estas situaciones, pero sí otras como aquellos beneficiarios de la pensión básica solidaria, incluso con capitalización individual mínima, como una forma de poner freno a esta circunstancia y evitando que tanto la Administradora de Fondos como las instituciones financieras mantengan su lucro respecto de estos trabajadores que están sujetos al régimen previsional del D.L. 3.500, en estos casos, probada la ineficiencia y demostrada la grave injusticia de mantener la pensión frente a la posibilidad de salir de la morosidad inminente, se debería descontar la suma líquida necesaria con el objeto de devolverle al afiliado para que pueda salir de su grave situación económica, lo que resulta justo y equitativo, inherente a su derecho de propiedad sobre los fondos y no va en contra del Sistema de Previsión, en términos que la seguridad social se mantiene a la luz de lo exigido por el Constituyente, de tener las pensiones mínimas, pero evita deteriorar la vida del pensionado a través de su sistema en el que prevalece el lucro por sobre el derecho fundamental de seguridad social, desde que en este tipo de situaciones, la economía básica o elemental es resguardar adecuadamente el patrimonio de los trabajadores, sin que signifique una actividad lucrativa para empresas o sociedades anónimas que debieran mantenerse al margen de estas indigencias, para lo cual cómo en los otros beneficios solidarios, interviene exclusivamente el Estado, a través de las pensiones básicas solidarias de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Recuérdese que en salud, el 7% del aporte para las prestaciones respecto de aquellos trabajadores que están fuera del sistema privado (Isapres), representa un patrimonio justamente administrado por el Estado, y por estas mismas razones, surge la arbitrariedad frente a trabajadores que se encuentran en situaciones como aquella de la recurrente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que por consiguiente, de las distintas regulaciones efectuadas al Sistema de Pensiones, aparece que los trabajadores que no han cotizado o lo han hecho en menor medida, como también aquellos que lograron una capitalización individual mucho menor a la recurrente, obtienen beneficios estatales que al final de cuentas, logran ingresos superiores frente a la trabajadora en las condiciones que ya se ha expuesto y que por lo mismo, la decisión de no devolver los fondos para lograr pagar el crédito hipotecario y adquirir la vivienda, se torna arbitraria en las circunstancias concretas de este conflicto, de manera que la única medida racional desde que aún se desconoce con exactitud el monto de la capitalización individual a partir de la cual genera los beneficios estatales de pensiones solidarias, no es más que disponer la devolución de los fondos, sin perjuicio de que el organismo administrativo en el futuro, le otorgue una pensión mínima que surja de la solidaridad y que no impida superar la crisis económica y doméstica que sufre actualmente.


 2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Negativa de AFP a entregar fondo previsionales de recurrente aquejado de enfermedad grave. Limitación al derecho de propiedad sobre los fondos previsionales para asegurar el derecho a la seguridad social. AFP no puede entregar el total de los fondos. Actuar de la recurrida no es ilegal ni arbitraria. Requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición del afiliado pensionado. Existencia de alternativas para mitigar las necesidades urgentes de la recurrente.

Fecha Sentencia: 13/04/2020

Cita Online: CL/JUR/22992/2020

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Hechos:

Se recurre de protección contra AFP, por negativa a la entrega de los montos que componen la cuenta de capitalización individual de la recurrente. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional intentada.

Considerandos relevantes.

Sexto: Que cabe reiterar que la pretensión de la recurrente es obtener el total de los fondos que mantiene en la AFP recurrida, fondos que derivan de la seguridad social protegida por el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y su procedimiento se encuentra establecido en el Decreto Ley N° 3.500.

Que las normas citadas han establecido una limitación al derecho de propiedad con el fin de asegurar a los afiliados una vida digna, luego de su desempeño laboral. Esta limitación, como se ha señalado, establecida por ley, deriva precisamente del derecho a la seguridad social.

Séptimo: Que en virtud de lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.500, las llamadas a administrar los fondos de pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece el decreto en mención, son precisamente las AFP, las que deben respetar la legislación vigente, incluidas las limitaciones al dominio antes indicadas, esto es, no pueden entregar el total de los fondos, en los términos solicitados por la recurrente, razón por la cual no se aprecia cómo habría una ilegalidad en el actuar de ésta, sobre todo si se tiene presente que la recurrente se encuentra pensionada por invalidez, es decir, conforme al sistema previsional vigente.

Octavo: Que de acuerdo a lo relacionado precedentemente, la recurrida no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria al negarse a devolver los fondos previsionales a la recurrente, sino que lo ha hecho en cumplimiento al mandato legal que se le ha impuesto, por lo que necesario será desestimar el arbitrio deducido en la forma planteada.

Noveno: Que sin perjuicio de lo anterior y como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en un asunto similar «…el retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena al Decreto Ley N° 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo normativo (artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros, distinta de la Administradora, es, en sí, una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva». Luego agrega que la actuación de la recurrida AFP Habitat S.A. aparece ajustada al derecho y la razón, sin embargo concluye que «la respuesta otorgada al cotizante resulta incompleta, al limitarse solo a expresar la negativa a la solicitud de retiro total o inmediato del dinero del cotizante, sin detallar otras alternativas que, como se ha dicho la misma ley regula y pueden abonar al interés del actor en orden a disponer del dinero ahorrado…» (Sentencia dictada el 2 de abril de 2020, en los autos Rol N° 29.239 19).


3. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección. Negativa de AFP a solicitud de retiro de parte de fondos de ahorro previsionales para solventar gastos médicos. Reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social. Instauración de sistema de capitalización individual mediante cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Monto de las cuentas individuales tiene como único fin financiar la respectiva pensión del titular. Derecho de propiedad de los fondos que ingresan a cada cuenta de capitalización individual está supeditado a la finalidad específica de generar pensiones. Regulación de las facultades de usar, gozar y disponer de los montos ahorrados en las cuentas individuales.

Fecha Sentencia: 25/02/2020

Cita Online: CL/JUR/12773/2020

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Hechos:

Enfermera y su hijo, ingeniero civil electricista, interponen recurso de protección en contra de Administradoras de Fondos de Pensiones, por estimar arbitrario e ilegal que una de dichas instituciones haya resuelto denegar la solicitud de la actora de retirar parte de los fondos de ahorro previsionales de su cuenta de capitalización individual, a fin de solventar los gastos por la enfermedad que padece su hijo y, la otra AFP recurrida, por no haber dado respuesta a igual solicitud con idéntico propósito. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Tercero: Que la Constitución Política de la República ha reconocido el derecho a la seguridad social, mientras que el legislador ha regulado cómo éste se ejerce, instaurando un sistema basado en la capitalización individual mediante cotizaciones obligatorias de los trabajadores activos. En este sentido, cabe poner en relieve que no se trata sólo de ahorro obligatorio, sino que es un ahorro forzoso para fines previsionales. Mediante la capitalización individual los afiliados van acumulando recursos como resultado de las cotizaciones ordenadas por ley y de la rentabilidad obtenida por las inversiones, fondos que pertenecen exclusivamente a los afiliados.

Cuarto: Que, en concordancia con tales premisas, el artículo 34 del Decreto Ley N° 3.500, prescribe que los fondos de pensiones «estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley», precepto que debe vincularse con el artículo 51 del mismo cuerpo legal que dispone que el saldo de capitalización individual del afiliado financiará las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia.

Séptimo: Que, así las cosas, ha sido el legislador quien ha instituido que el monto ahorrado en las cuentas individuales de los afiliados tiene como único fin financiar la respectiva pensión del titular una vez que cumpla los requisitos legales fijados para ello.

Octavo: Que no es objeto de controversia que cada afiliado es dueño de todos los fondos que ingresen a su cuenta de capitalización individual, pero este derecho de propiedad, tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional, presenta determinadas características especiales en razón de que es una propiedad que ha nacido supeditada a una finalidad específica, cual es la de generar pensiones. Por tanto, el afiliado puede sólo ocupar dichos fondos para ese objeto y no puede darle un destino distinto.

Noveno: Que, en otras palabras, las facultades de usar, gozar y disponer que emanan del derecho de dominio han sido minuciosamente reguladas por la ley, avalado por el propio numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política que reconoce limitaciones al derecho de dominio, derivadas de su función social y que deben ser establecidas en virtud de una ley.

Décimo: Que, por consiguiente, no ha existido acto ilegal o arbitrario alguno de las recurridas, las que han aplicado la legislación vigente, no pudiendo haber dado una respuesta distinta, porque de hacerlo, sí habrían infringido la ley.