El día sábado 20 de junio de 2020, fue publicada la Ley N° 21.240, que modifica el Código Penal y la ley Nº 20.393 para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

En términos generales, la nueva normativa aumenta las penas y multas a quienes infrinjan las medidas sanitarias que han sido impuestas en nuestro país durante el estado de catástrofe.

Sanciones y multas

Mediante esta ley, se modifica el artículo 318 del Código Penal elevando las sanciones a quienes pongan en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad decretada por la autoridad sanitaria en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (entre 61 días y 3 años y un día), y multas entre seis a 200 UTM (de $300 mil hasta $10 millones).

Agravante

El texto legal agrega como circunstancia agravante del delito, cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades en localidades respecto de las cuales la autoridad sanitaria hubiere declarado aislamiento o cuarentena .

La nueva disposición sanciona al que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, provoque a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, con presidio menor en su grado medio a máximo (de 541 días a 5 años de cárcel) y multas entre 25 a 250 UTM (de $ 1,2 millones a $12,5 millones).

Otros aspectos de la nueva ley

Por su parte, la norma sanciona al empleador que ordena al trabajador a concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. En este caso, el empleador será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.

Tratándose de condenados a penas privativas de libertad, el texto permite aplicar penas sustitutivas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Vigencia

La presente ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.