1. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Recurso de protección. Decreto alcaldicio que restringe horario de funcionamiento del comercio. Declaración de estado de catástrofe por emergencia sanitaria a raíz de la Pandemia COVID-19. Municipalidad recurrida ha actuado a fin de cumplir con las instrucciones impartidas por la autoridad de salud. Tribunales ordinarios deben resolver cuestiones que se encuentran sometidas a su conocimiento.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de amparo económico. Suspensión temporal de funcionamiento de mercado persa. Medidas sanitarias COVID-19. Facultad de las Municipalidades para administrar los bienes nacionales de uso público. Existencia de permiso provisorio para desarrollar actividad económica. Cumplimiento del plazo por el cual que se otorgó el permiso.

3. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Recurso de protección. COVID-19. Solicitud de cuarentena en la región de Magallanes y Antártica Chilena y de cuarentena nacional. Estado de catástrofe se decreta por encontrarse el país afectado por una situación de excepción o no normal. Medidas sanitarias para enfrentar la pandemia deben dictarse y ejecutarse con plena aplicación de las normas dispuestas en el Código Sanitario. Facultad privativa del Ministro de Salud para decretar aislamiento o cuarentena obligatoria para cualquier marco territorial.


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1. Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Recurso de protección. Decreto alcaldicio que restringe horario de funcionamiento del comercio. Declaración de estado de catástrofe por emergencia sanitaria a raíz de la Pandemia COVID-19. Municipalidad recurrida ha actuado a fin de cumplir con las instrucciones impartidas por la autoridad de salud. Tribunales ordinarios deben resolver cuestiones que se encuentran sometidas a su conocimiento.

Fecha Sentencia: 29/05/2020

Cita Online: CL/JUR/34912/2020

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Hechos:

Se recurre de protección en favor de la sociedad en contra de municipalidad, por dictación del Decreto Alcaldicio que le impide el funcionamiento de los dos establecimientos comerciales de propiedad de la actora fuera del horario allí establecido. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

Séptimo: Que, de conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 41 de la Constitución Política de la República, el estado de catástrofe será declarado por el Presidente de la República, quedando las zonas respectivas bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional, quien asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale. Añade el inciso tercero de su artículo 43, que «Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada»

Octavo: Que de conformidad con el artículo 6° de la ley N° 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, «Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designé». Su artículo 7°, en tanto, establece las atribuciones del Jefe de la Defensa Nacional, entre ellas, la de impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, incluidas las municipalidades, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.

Noveno: Que, a raíz del incumplimiento de la directrices cuestionadas por la recurrente, se le cursaron diversas infracciones que derivaron en sendos procesos judiciales, en los cuales, dictadas las respectivas sentencias definitivas, estas fueron apeladas (como se deja constancia en la letra f) del Considerando Sexto del presente fallo) por la infractora recurrente en esta vía constitucional con argumentos similares a los vertidos en este arbitrio, de manera que se encuentra sometida a los tribunales ordinarios de justicia la cuestión que deban conocer y resolver. Así, es esta Corte la que se pronunciará sobre los recursos ordinarios pendientes, correspondiendo, entonces, en esta sede extraordinaria, no dirimir aquella.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de amparo económico. Suspensión temporal de funcionamiento de mercado persa. Medidas sanitarias COVID-19. Facultad de las Municipalidades para administrar los bienes nacionales de uso público. Existencia de permiso provisorio para desarrollar actividad económica. Cumplimiento del plazo por el cual que se otorgó el permiso.

Fecha Sentencia: 28/04/2020

Cita Online: CL/JUR/25555/2020

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Hechos:

Particular interpone recurso de amparo económico en contra de Municipalidad, funda su acción en el decreto alcadicio, mediante el cual se suspende temporalmente el funcionamiento de dos ferias persas, teniendo en consideración que cuenta con un permiso para desarrollar su actividad de comerciante en una de ellas. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida.

Considerandos relevantes.

NOVENO: Que en cuanto al Decreto que, por esta vía se impugna, que dispuso la suspensión temporal de la actividad comercial en los referidos persas, está debidamente fundado, lo que se respalda con los antecedentes allegados tanto por la recurrente como por la recurrida, desestimándose la arbitrariedad que se alega, considerando que las Municipalidades tienen la facultad de administrar los bienes nacionales de uso público, pudiendo otorgar permisos y concesiones en el ejercicio de tal potestad, según los artículos 5° inciso 1° letra c), 36, 37 y 63 letra f) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en particular el inciso segundo del artículo 36 citado, establece que «los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización» y las letras f) y g) del artículo 63 de la Ley N° 18.695 otorgan al alcalde la facultad de «administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna» y la de «otorgar, renovar y poner término a permisos municipales». A lo anterior se agrega que el permiso fue originalmente otorgado hasta el 31 de marzo del año en curso, por lo que a esta fecha el reclamante carece de derecho alguno que pueda ser amparado por esta vía.

DÉCIMO: Que, cabe dejar asentado que la Carta Fundamental en el artículo 19 N° 21 reconoce del derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan; sin embargo, aquí lo que se ha constatado y acreditado que, la recurrente tiene un permiso provisorio para desarrollar su actividad económica y la autoridad municipal, ha ejercido la facultad de suspender temporalmente dicha actividad, fundada en la emergencia sanitaria que enfrenta el país.


 3. Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Recurso de protección. COVID-19. Solicitud de cuarentena en la región de Magallanes y Antártica Chilena y de cuarentena nacional. Estado de catástrofe se decreta por encontrarse el país afectado por una situación de excepción o no normal. Medidas sanitarias para enfrentar la pandemia deben dictarse y ejecutarse con plena aplicación de las normas dispuestas en el Código Sanitario. Facultad privativa del Ministro de Salud para decretar aislamiento o cuarentena obligatoria para cualquier marco territorial.

Fecha Sentencia: 23/04/2020

Cita Online: CL/JUR/24655/2020

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Hechos:

Residentes de la región de Magallanes y Antártica Chilena interponen recurso de protección en contra del Comandante en Jefe de la V División de Ejército y Jefe de Orden Público en la Región de Magallanes, y del Presidente de la República, solicitando que se le ordene, al primero de los recurridos, que decrete cuarentena en la región de Magallanes y Antártica Chilena, y, en el caso del segundo, que la Corte disponga que debe decretar en forma inmediata cuarentena nacional. La Corte de Apelaciones rechaza la acción constitucional deducida

Considerandos relevantes.

QUINTO: Que, por otra parte, el artículo 41 de la Constitución Política autoriza al Presidente de la República, para decretar el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública. A su turno, el inciso tercero, del artículo 43, de la carta política, establece que por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Como puede advertirse, el estado de catástrofe se decreta por encontrarse el país afectado por una situación de excepción o no normal, y para efectos que se pueda restringir el ejercicio de garantías constitucionales, como la libertad de locomoción. Con dicha declaración el Jefe de Estado autoriza que se pueda restringir ese derecho constitucional.

Ahora bien, las medidas concretas que se adopten en el contexto de dicho estado de excepción constitucional, deben decretarse y ejecutarse en conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, porque dicho estado no altera el cumplimiento de las normas orgánicas de funcionamiento del aparato del Estado.

En consecuencia, las medidas sanitarias que se puedan adoptar para enfrentar la pandemia deben dictarse y ejecutarse con plena aplicación de las normas legales dispuestas en el Código Sanitario, el cual coloca bajo la esfera de atribuciones que corresponden a la autoridad sanitaria las medidas de aislamiento o cuarentena.

OCTAVO: Que, en conformidad con las normas constitucionales, legales, reglamentarias, y administrativas expuestas, es posible advertir que la competencia para disponer el aislamiento o cuarentena obligatoria para cualquier marco territorial, sea local, regional, o nacional, ha sido entregada privativamente a la autoridad sanitaria que en este caso es el Ministro de Salud, quien la adoptará en conformidad a los antecedentes técnicos que evalúe como pertinentes, y con la habilitación previa del decreto del Presidente de la República que declara el estado de excepción constitucional para efectos de permitir la restricción de garantías constitucionales como la libertad de locomoción.

En consecuencia, de acuerdo con el principio de distribución de las competencias públicas establecido en el artículo 7° de la Constitución Política de la República, no está dentro de la competencia de los recurridos disponer las medidas de cuarentena que el recurrente estima omitidas, por lo que esta acción carece de sustento fáctico al atribuir a los recurridos eventuales obligaciones que no se encuentran en la esfera de sus facultades, razón por la cual este recurso deberá rechazarse.